Sánchez está dispuesto a dar todas las batallas contra Feijóo en lo que resta de legislatura, también la de los impuestos. El presidente del Gobierno mete presión y ha retado al líder del PP a retratarse ante la votación que hoy se producirá en el Congreso, el primer paso para establecer dos nuevos impuestos temporales y extraordinarios en España, uno a la banca y otro a las grandes empresas energéticas.

"¿Van a defender los intereses de la mayoría o los de una minoría, por muy poderosa que sea?", espetó este lunes Sánchez al líder de la oposición calentando el debate. En la estrategia del presidente para movilizar al electorado de izquierdas ante unas encuestas donde el PSOE está a la baja, el debate fiscal es un elemento clave para marcar diferencias con el PP de Feijóo.

La proposición de ley que el Congreso toma en consideración esta tarde, en el primer pleno del periodo de sesiones, está firmada por el PSOE y Podemos, los dos partidos del Gobierno de coalición que en estos tributos van de la mano aunque los morados quieren una reforma fiscal en profundidad y apretaran las tuercas a la parte socialista del Ejecutivo en la negociación presupuestaria. Aliados parlamentarios de Sánchez, como ERC o Bildu, han reclamado que esos impuestos no sean temporales y se conviertan en permanentes.

Fue la medida estrella anunciada por Sánchez en el debate del estado de la nación del mes de julio como parte de su plan económico para afrontar la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. Aquello cerró el curso parlamentario antes de las vacaciones de verano y el mismo asunto lo abre en septiembre.

Tanto Sánchez como todos los miembros del Gobierno repiten que el objetivo es que esas empresas arrimen el hombro en momentos de grandes dificultades para los ciudadanos y paguen por unos beneficios extra a los que ha contribuido la sociedad española. El mensaje de que el Ejecutivo progresista defiende a la clase media y trabajadora frente a un PP que los socialistas identifican con los poderosos y sus intereses se intensifica.

El presidente, que ha pedido a sus diputados, senadores y europarlamentarios la "máxima implicación", salir a la calle para hacer "pedagogía" y defender la labor del Gobierno con la "cabeza alta", alega que la votación dejará claro a quien defiende cada uno y los intereses que representan los dos grandes partidos nacionales.

Los populares tendrán que mojarse y aunque rechazan de entrada esas nuevas figuras impositivas, no han aclarado si votarán directamente en contra o se decantarán por la abstención. Su receta es rebajar la factura del recibo de la luz con bonificaciones al ahorro de las familias y las Pymes.

"De entrada sí a lo que represente la rebaja del recibo y de entrada no a que esos impuestos los acaben pagando los españoles. No compartimos esas medidas. Hay alternativas como las que está planteando la Unión Europea", ha asegurado el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo.

Feijóo propone que las empresas y familias que reduzcan su consumo de energía respecto al año anterior vean premiados sus esfuerzos con una rebaja en tres tramos en su factura eléctrica. Serían las comercializadoras las que asumirían el coste que después les abonaría el Gobierno.

Ciudadanos ya ha adelantado que votará en contra de la admisión a trámite de la proposición de ley. El portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, sostiene que "puede ser razonable" establecer nuevos gravámenes a las compañías, pero critica que el texto que han registrado PSOE y Unidas Podemos es "una auténtica chapuza, un disparate", un "bazofia". Bal denuncia que se impongan sanciones a los bancos y las eléctricas si derivan a sus clientes el impacto. Para el partido naranja es una demostración de que el PSOE se está escorando hacia Podemos.

El Gobierno espera recaudar 7.000 millones de euros en el tiempo en que estén en vigor los dos nuevos impuestos. El del sector energético estará operativo durante 2023 y 2024 y espera recaudar 2.000 millones al año de los beneficios extraordinarios de esas empresas en 2022 y 2023. El de las grandes entidades financieras también durará dos años, 2022 y 2023, y espera recaudar 1.500 millones cada año.

El impuesto temporal de la banca será del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros. El de las empresas, del 1,2% de las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año.

Para evitar que las empresas trasladen el coste de esos impuestos a los clientes y los ciudadanos salgan al final perjudicados, el Gobierno ha establecido una sanción del 150% del importe que se traslade al usuario. Será la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, la CNMV, la que vele para que no se repercuta el gravamen sobre los clientes.