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El aborto ha sido, desde el principio, tema de debate intenso en el seno del PP y ahora lo vuelve a ser. Si durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Celia Villalobos fue multada por romper la disciplina de voto su partido al alinearse con el PSOE en ese asunto, e incluso votó a favor de retirar la ley socialista; ahora son Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijoo los que exhiben posiciones distintas sobre el consentimiento paterno a la hora de abortar.
El debate se ha puesto sobre la mesa tras la aprobación del Gobierno de la última reforma que, entre otras cosas, elimina la necesidad de consentimiento de los padres de las menores de 16 y 17 años. Ese asunto que ha dado muchas vueltas desde la aprobación de la ley de plazos de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, que estableció ese derecho, aunque luego el PP lo anuló.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso exponía su postura este jueves por la mañana, 48 horas después de que el Gobierno aprobara la reforma.
Ayuso tiene claro que los padres deben estar informados, pero preguntada por qué debería ocurrir si los progenitores se oponían y la menor quería poner punto final al embarazo, respondió: "Tiene que abortar, desde luego".
Según su opinión, "una vez que una mujer tiene claro que no quiere seguir adelante con ello y lo tiene claro, no puedes obligar a nadie a una vida contraria a lo que ha deseado".
"Cómo decir a una mujer que viva como no quiere, como voy a decirle yo eso", remachaba en la entrevista, en la que aseguró que muchos miembros del PP piensan como ella.
Horas después, era el líder de los populares el que se sometía a preguntas sobre el mismo asunto. Feijóo se ponía un tanto de perfil, pese a que siempre ha defendido la necesidad de un consentimiento.
Pero en su entrevista -también en Onda Cero- prefirió otro enunciado: "Lo que no tienen derecho los padres es obligar a la menor a abortar si la menor quiere tener el hijo", aseveró, sin aclarar su opinión sobre el supuesto contrario, es decir: ¿Qué pasa si la menor quiere abortar y los padres no quieren que lo haga?.
Feijóo es consciente del debate que este asunto genera, también a nivel interno y ha reconocido que hay distintas posiciones. Pero está convencido de que en el partido, la gran mayoría -también Ayuso- considera necesario que los padres estén al tanto.
La ley del aborto vigente es la de plazos, la de José Luis Rodríguez Zapatero. En su origen, las jóvenes de 16 y 17 años tenían derecho a abortar sin consentimiento paterno, aunque la norma obligaba a informar a los padres, a no ser que hubiera riesgo de violencia sobre la chica.
En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy reformó la ley e introdujo la necesidad del "consentimiento expreso" de sus padres o representantes legales. La norma quedó así:
Si la menor y sus padres no están de acuerdo, el asunto lo resuelve un juez de familia. Ese fue el cambio que esta semana defendía Feijóo, al que se veía más cómodo con este estado de las cosas que con la reforma que acaba de aprobar el Gobierno.
La reforma promovida por el ministerio de Igualdad de Irene Montero se centra en el derecho de la joven a abortar sin consentimiento de sus padres y sin necesidad de informarles.
Tras la aprobación del Consejo de Ministros, la ministra zanjaba: "Decidir sobre nuestro cuerpo forma parte de un derecho fundamental, como es el derecho a la salud; pero además es la puerta de entrada para otros derechos y en definitiva para poder decidir sobre nuestros proyectos de vida".
Además, la ley elimina los tres días obligatorios de reflexión antes de interrumpir el embarazo e incluye una baja incapacitante después de hacerlo.
Feijóo evita estos días responder si recurrirá la actual reforma, teniendo en cuenta que el PP está a la espera de que el Tribunal Constitucional de respuesta al recurso que planteó hace 12 años, cuando se aprobó la norma.
En ese recurso, los populares ya pedían que se anulara la posibilidad de las menores de abortar sin permiso paterno, pero el TC también está dividido y la ley del aborto sigue en el limbo, aunque en pleno vigor, pendiente del arbitraje judicial.
El recurso pasó sin solución por la mano de una magistrada progresista y de uno conservador. Ninguno de ellos llegó a llevar el asunto a pleno porque veían que su propuesta de sentencia no iba a salir adelante de ninguna de las maneras. Así llegó a las manos de Enrique Arnaldo, el magistrado conservador que ahora tiene en sus manos.
Arnaldo llegó al TC en noviembre de 2021, a la vez que el magistrado Pedro González Trevijano asumía la presidencia y, con ella, el compromiso de sacar adelante la sentencia sobre la ley del aborto tan pronto como fuera posible.
De momento, no hay sentencia. Pocas dudas hay de que Enrique Arnaldo hará una sentencia contraria a la ley, porque antes de ser magistrado del TC, dejó por escrito su oposición radical a la norma de Zapatero, que calificó de "ocurrencia", y su claro rechazo a que las menores pudieran abortar sin consentimiento.
Al argumento socialista de que las menores de 16 años pueden abortar, igual que pueden tener hijos, o casarse, el actual magistrado del TC, respondía en un artículo que entonces también podrían "podrían constituir hipotecas, comprar o vender inmuebles, bonos Madoff, letras del Tesoro, trabajar en turno de noche, hacer horas extraordinarias, ser plenamente responsables en el orden penal, incorporarse a cualesquiera de los Ejércitos o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¡Ah! y por supuesto, votar en las elecciones, consultas populares y referéndum varios. ¿Por qué no?, además de votar en elecciones".
Los tiempos son clave en la futura sentencia. Porque en breve, el Tribunal Constitucional podría verse renovado y con una mayoría progresista, más inclinada a avalar la ley y a desechar el recurso. Pero estamos en tiempos de bloqueo y por ahora todo es incierto. Lo que está claro es el debate en el entorno conservador.