La delegación del Gobierno en Ceuta, el Ejecutivo de la ciudad autónoma y el Ministerio del Interior pusieron en marcha un “procedimiento excepcional por falta de medios” para expulsar de la ciudad a casi 150 menores no acompañados tras la crisis migratoria sufrida por la ciudad en mayo de 2021. Un proceso que según la Fiscalía no contó con las debidas garantías para los menores y que, tal y como informó este diario, incluía entre los seleccionados a menores calificados como “víctimas de abusos” o carentes de redes de apoyo en su país de origen. 

En el momento y de cara a la galería, nadie puso una sola pega. Ni la cartera de Fernando Grande-Marlaska, ni la Delegación del Gobierno ni la Administración ceutí, que fue la que solicitó la activación del pacto bilateral entre España y Marruecos que permitía, a su juicio, este tipo de expulsiones de menores en caliente. Sin embargo, sí que hubo un palo en la rueda. Una responsable pública que puso el grito en el cielo, aseguró que el proceso era ilegal, que lo dejó por escrito y pidió el amparo de la Fiscalía hasta el punto de que la querella presentada por el Ministerio Público comenzó a andar tras sus revelaciones, tal y como adelantó El Confidencial. 

Según su comparecencia ante la Fiscalía, fue el 9 de agosto cuando la Consejera de Presidencia del Gobierno de Ceuta, María Isabel Deu, le informó de que la ciudad autónoma iba desalojar varios centros y a expulsar a los menores que allí estaban con permiso del Ministerio del Interior. El primer paso para la jefa del Área de Menores ceutí fue elaborar un informe con los requisitos que, a su juicio, eran necesarios para proceder a las reagrupaciones. Entre ellos había dos fundamentales: comprobar la posible situación de vulnerabilidad de cada uno de los jóvenes y que los procedimientos de expulsión fueran individualizados y los menores tuvieran también oportunidad de ser escuchados o de recurrir su orden de salida. Cabe recordar que la entrada de menores se produjo durante el mes de mayo, pero el plan de expulsiones arrancó un viernes 13 de agosto, con el país en plenas vacaciones.

La mañana del 10 de agosto se produjo una reunión en la frontera entre responsables de la Administración española y del Gobierno de Marruecos. Antes y según su versión, la consejera le traslada que los menores “han entrado de manera excepcional” en Ceuta, después de que Marruecos eliminase la seguridad de la frontera del Tarajal planteando un pulso a España y que “es necesario seguir un procedimiento también excepcional por falta de medios”, refleja su testimonio, adelantado por ABC. Según los datos oficiales, en mayo de 2021 entraron de forma ilegal en Ceuta 1.095 menores no acompañados de los que más de 500 volvieron después a su país de forma voluntaria. 

En agosto de 2021, cuando arrancaron las expulsiones en caliente, la ciudad autónoma tenía bajo su custodia a 785 menores en sus centros. Antes de esa reunión, la responsable del Área de Menores recordó -según su declaración- que el acuerdo entre España y Marruecos está “para agilizar los procedimientos de repatriación, y no para saltárselos”. Y lo mantuvo después, delante del secretario general de la Delegación del Gobierno, del jefe de gabinete de la delegada, del número dos de la Policía Nacional en Ceuta y del jefe de la UCRIF, la unidad especializada en fronteras, además de la consejera de Bienestar Social, el director general de Menores y el consejero de Medio Ambiente, que acudió a la reunión a modo de traductor al dominar el árabe.

En esa reunión, la delegación marroquí expuso que su intención era llevar a los menores a un centro cercano y después buscar a sus familias, algo que “era imposible según la legislación española”. La opción de la responsable de menores fue habilitar un teléfono para que las familias de los menores llamasen y el equipo psico-social español pudiera confirmar que la reagrupación familiar estaba garantizada. Finalmente no hubo acuerdo entre las partes.

Una vez terminada la reunión, la responsable pública informó por escrito tanto a la Fiscalía de Menores como a la Directora General de la Infancia del contenido de la misma, y de su convicción de que el procedimiento era ilegal según la legislación española. Las pruebas de esos avisos obran desde el comiendo en el procedimiento penal abierto en Ceuta por un presunto delito de prevaricación. Y aun así, varios de los responsables políticos preguntados han mantenido que no tenían conocimiento de que desde el área de Menores de Ceuta se había informado de forma contraria a este procedimiento de expulsión. 

De hecho, desde que la responsable de Menores se opuso de forma frontal y dio traslado a la Fiscalía, dejó de contar para cualquier decisión y quedó fuera del proceso. “Que no le ha sido notificada desde la reunión en la frontera ningún tipo de informe ni le ha sido consultada ninguna decisión”. El dato es importante ya que era este equipo quien debía analizar de forma pormenorizada si los menores que la ciudad pensaba expulsar estaban en situación de riesgo o eran vulnerables. “Que ni a la compareciente ni la Entidad Pública de Protección le ha sido solicitada ninguna información de los expedientes administrativos de los menores que son expulsados, que no tiene constancia de cómo han podido determinar si son o no vulnerables”. 

Ante la fiscalía, la responsable de Menores de Ceuta explicó que no le consta que “ninguno de los menores haya sido oído”, en referencia a otro de los requisitos fundamentales para este tipo de traslados. En sus declaraciones ante la Fiscalía, varios de los responsables públicos implicados en las expulsiones han indicado incluso que los menores se marchaban a Marruecos de forma voluntaria. Algo que desmienten tanto los partes de los educadores de los centros de menores, que explican que algunos llegaron a autolesionarse, como por el hecho de que varios de ellos presentaron incluso una petición de Habeas Corpus para no ser trasladados.