El Gobierno de Ceuta gastó 50.000 euros de dinero público en elaborar informes de cada uno de los menores que durante la crisis migratoria de mayo de 2021 llegaron a la ciudad autónoma y terminaron bajo el amparo de la Administración. El objetivo era conocer su situación personal y si alguno de ellos estaba en riesgo o era vulnerable si era expulsado a Marruecos. El trabajo fue encargado a la ONG Save The Children, que costeó además de forma solidaria el 75% del coste total del proyecto, que superó los 200.000 euros y el resumen quedó reflejado en un documento con “observaciones” sobre 282 menores. 282 jóvenes sobre los 785 que en ese momento ocupaban los centros de asistencia de la ciudad y cuyo mantenimiento generaba una factura de 1,8 millones de euros al año.

Sin embargo, pese a que las observaciones de ese trabajo hablan de casi 300 menores “víctimas de abusos y amenazas en su país de origen”, “sin redes de apoyo” en Marruecos o del colectivo LGTBI, perseguido en el país vecino, donde las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales, solo 11 jóvenes tenían “iniciados expedientes de solicitud de protección internacional” que hacían imposible su expulsión por motivos humanitarios.

Los datos sobre esta cuestión son de la propia Abogacía del Estado, que defiende la actuación tanto de la Delegación del Gobierno de Ceuta como del Ejecutivo autonómico en la investigación judicial por un presunto delito de prevaricación que se abrió tras una querella presentada por la Fiscalía. La misma Fiscalía que era informada (en este caso en su sección de menores) cada vez que se realizaba una de estas devoluciones en caliente, que afectaron a 55 menores. Y entre ellos, había al menos cuatro que aparecen en el listado de menores en situación de riesgo.

Según las explicaciones de la propia Administración, solo 11 menores tenían expedientes de protección iniciados en el momento de activar las expulsiones el 12 de agosto de 2021, “y parece ser que hay identificados otros 20 casos más que se encuentran en vías de inicio de expediente administrativo”, refleja el escrito de la Abogacía del Estado, que ni siquiera da por firme el argumento. ¿Y a quién le correspondía imponer este tipo de medidas de protección? A la propia Administración, que tiene la tutela de los menores. En este caso, era el Gobierno de Ceuta, que se saltó incluso su propio proceso de protección cuando la responsable de Atención al Menor dejó por escrito que las expulsiones en caliente realizadas por el gobierno ceutí eran ilegales. Después, esta misma responsable pública pidió amparo a la Fiscalía ante la negativa del Gobierno regional a cesar en su empeño y terminó poniendo el caso en conocimiento de la Justicia. Ella fue la única responsable pública hasta la intervención de la Justicia que se opuso de forma directa al programa de expulsión de menores, al considerar que no se cumplían las garantías de los afectados. Y una de esas garantías era confirmar con un informe oficial e individualizado si cada uno de los expulsados se encontraba o no en situación de riesgo.

En una postura diametralmente opuesta, el escrito de la Abogacía del Estado explica que en ese momento, 561 menores “han retornado voluntariamente a Marruecos y han sido devueltos a su entorno familiar”. Son varios los funcionarios y altos cargos de la Administración que han mantenido en sus declaraciones que los menores regresaban a su país de origen de forma “voluntaria”. Sin embargo, los responsables de los centros de menores dejaron esos días por escrito todo lo contrario: que la expulsión de los menores estaba generando llantos, nerviosismo y problemas de comportamiento en los centros, donde algunos habían llegado a auto-lesionarse para no ser devueltos a Marruecos.