El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley del aborto, que pretende blindar este derecho en la sanidad pública y otros sexuales y reproductivos de la mujer, como incapacidades temporales por reglas dolorosas pagadas desde el primer día por la Seguridad Social. La ministra de Igualdad, Irene Montero, lo ha valorado como una muestra más de que el Gobierno de coalición es "feminista" y en tiempos de crisis "garantiza derechos para todas las mujeres", en contra de los ejecutivos del PP, que "los destruye".

"Cuando el PSOE y Podemos gobernamos ampliamos derechos a las mujeres cuando más lo necesitan. Todas las mujeres deben saber que van a crecer con más derechos y que este país feminista se está abriendo paso", ha reivindicado la ministra de Igualdad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado los detalles del proyecto de ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que ahora llega a las Cortes para ser aprobado en los últimos meses.

Montero ha reivindicado que todas las abuelas y abuelos sabrán que sus nietos y nietas van a crecer con más derechos y ha agradecido al movimiento feminista y a la primera ministra de Igualdad, Bibiana Aído, los pasos dados en defensa de los derechos de las mujeres, ha dejado claro que la nueva ley garantizará no solo la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, sino también ampliará los derechos sexuales de la ciudadanía, como el acceso a la educación sexual para niños y adolescentes.

"Este Gobierno quiere asegurar que todos los niños y adolescentes conozcan sus derechos, sus cuerpos y cómo pueden ser sus relaciones sexuales y afectivas", ha incidido la ministra.

El anteproyecto de ley, aprobado el pasado 17 de mayo, acaba con el consentimiento paterno para que las chicas de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo de forma voluntaria, un requisito que incorporó en 2015 el PP en su modificación de la norma vigente de 2010.

En una entrevista en Radiocable ayer lunes, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha destacado que España será el segundo país del mundo tras Escocia en combatir la pobreza menstrual, ya que la futura ley contempla el reparto gratuito de productos de higiene en colegios, prisiones y centros públicos vinculados a los servicios sociales.

"Hay muchísimas mujeres en España que no pueden elegir los productos de higiene menstrual que querrían. Es una medida muy importante también para que la menstruación esté presente en el debate público, deje de ser un tabú y un estigma y que podamos hablar con normalidad porque es parte de nuestra salud", ha enfatizado.

Con la nueva norma, la sanidad pública será "la red de referencia" para abortar, y se crea un registro de objetores de conciencia como en la ley de eutanasia. Quien se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada.

La ley hace hincapié en que los centros donde puedan abortar las mujeres estén lo más cercano posible a su domicilio en función del método que elijan (quirúrgico o farmacológico) y elimina los tres días de reflexión.

Contempla también la atención durante el posparto y que haya acompañamiento integral y especializado en los procesos de interrupción del embarazo.

La reforma incluye el derecho la incapacidad laboral temporal por reglas dolorosas, cuyo coste será asumido desde el primer día por la Seguridad Social, no se exigirá un mínimo cotizado y durará el tiempo que necesite la mujer, una de las medidas que más debate ha suscitado.