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La decisión es del Gobierno y está tomada. El Salario Mínimo Interprofesional subirá en 2023, tal y como anunció Pedro Sánchez a principios de agosto y tal y como confirmaba la vicepresidenta Yolanda Díaz a finales del mismo mes. La duda es cuánto subirá y hasta dónde los dos partidos que forman el Ejecutivo chocarán por esa cuantía. Sánchez apostó por subirlo hasta el 60% de salario medio, unos 1.049 euros al mes, en 14 pagas. Era uno de los compromisos del Gobierno de coalición y una de las sendas marcadas por Europa. Pero Yolanda Díaz ha decidido ir más allá y se ha puesto del lado de los sindicatos, que quieren más y están en plena batalla con la patronal, ya contraria a la que hubo en febrero, y con los autónomos, tampoco favorables a la subida.
Porque aunque la decisión sea del Gobierno, los agentes sociales tienen que ser consultados, y sus posiciones pesan. Lo que digan trabajadores y empresarios importa porque en su mano está la paz social y también la temperatura de la calle, fundamental para los partidos en pleno año electoral.
Mientras el Congreso andaba enzarzado en la convalidación del decreto de medidas de ahorro energético, Yolanda Díaz se subía el pasado jueves al debate por el SMI. Sindicalista de origen, la ministra de Trabajo se enfrentaba directamente a la patronal para decir varias cosas:
Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el Salario Mínimo Interprofesional ha subido cuatro veces. De los 735 euros mensuales en que estaba en 2019 a los 1.000 de 2022.
La subida de 2023 planteada por el Gobierno y siguiendo las recomendaciones de Europa supondría dejarlo en el 60% del salario medio, que son 1.049 euros al mes. Ese fue el compromiso de Pedro Sánchez el 1 de agosto. Pero Yolanda Díaz está de acuerdo con los sindicatos en ir más allá, por la "situación que estamos viviendo", que calificó de excepcional, con una inflación del 10%.
Todo indica que la subida del SMI puede convertirse en la próxima fuente de tensiones entre PSOE y UP en el Consejo de Ministros. La barrera del 60% puede ser la línea de confrontación entre los dos socios de coalición, y así lo indican las declaraciones de los últimos días.
Tras el último Consejo de Ministros, preguntada por la subida del SMI, la portavoz Isabel Rodríguez se puso un tanto de perfil y evitó el compromiso. La ministra espera que los agentes sociales "sean capaces de ponerse de acuerdo" ante la situación por la que atraviesan las familias.
Tampoco Raquel Sánchez, ministra de Transportes, fue efusiva al hablar de la subida del SMI. "Hay que tener cuidado con las medidas que se adoptan", señaló.
Ambas, se remitían esta semana a las medidas de ahorro energético, para destacar los esfuerzos del Gobierno a la hora de ayudar a las familias, como el servicio de cercanías gratuito o las becas estudiantiles que se aprobaron en el mismo decreto de ahorro.
Los sindicatos han sido claros. En su opinión, los 1.049 euros que suponen el 60% del salario medio no son suficientes en la actual situación: "Se quedan cortos", aseveraba el líder de UGT, Pepe Álvarez. Su reivindicación es que el Salario Mínimo Interprofesional sea de 14 pagas de 1.100 euros.
La semana pasada empezaba con avisos por parte de los sindicatos, que ya han hablado de grandes movilizaciones y que miran a las protestas laborales en Reino Unido, que para ellos son un "preludio" que va a contagiar a toda Europa, incluida España.
La negociación con la CEOE está bloqueada y las movilizaciones no tienen fecha, pero sin duda la postura de Yolanda Díaz da aire a la postura sindical, que quiere hacer palanca contra la patronal y a la que desde Unidas Podemos no parecen tener miedo, pese a estar en el Gobierno que tiene que marcar la subida del SIM.
A la CEOE ya no le gustó la anterior subida hasta los 1.000 euros mensuales (en catorce pagas). Si en febrero los empresarios veían un panorama poco estable, ahora lo ven peor aún.
De momento, empresarios y sindicatos parecen dispuestos a reanudar la negociación, pero insisten en que una subida del Salario Mínimo puede hacer "daño", sobre todo a pequeñas empresas y autónomos.
Los empresarios insisten en el mensaje de que lo importante es "mantener el empleo", algo que ya de por sí puede ser problemático por la coyuntura internacional.
Tras la fijación de posición de Yolanda Díaz, el vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, replicaba airado y llamaba "arrogante" a la vicepresidenta, poniendo la primera piedra del camino que viene.
Está por ver cómo reacciones Alberto Núñez Feijóo a la vuelta de las vacaciones. De momento, el que ha hablado de la subida es el vicesecretario nacional de Economía del PP, Juan Bravo. La voz es autorizada dentro del partido y su postura parece favorable a un incremento del SMI, pero con matices.
Bravo señalaba en una rueda de prensa en Jaén que en el PP el aumento se ve con buenos ojos, aunque señalaba que el peso no debería recaer sólo en los empresarios y que la Administración también debería asumir una parte para ayudar "a las rentas más bajas" a "hacer frente a los efectos de la inflación".
Con septiembre llegarán los intentos de acuerdo y la toma de decisiones definitivas por parte del Gobierno. El 2 septiembre, este viernes, representantes del Ministerio de Trabajo se reunirán con el comité de expertos que trabaja en los detalles de la subida.
Yolanda Díaz insistía en su alocución del jueves en que "ya que ser consciente" de la situación actual que es de "máxima incertidumbre". La vicepresidenta recordaba que el Estatuto de los Trabajadores es el que establece que el incremento del Salario Mínimo Interprofesional se hace según los niveles de inflación, la productividad, y la situación del país.
Aunque el Gobierno no es árbitro, Yolanda Díaz ha tomado partido. La duda es dónde se situará Pedro Sánchez a la vuelta de las vacaciones y cuánta mella puede hacer esto en el Consejo de Ministros en plena precampaña electoral, en la que las formaciones se empiezan a colocar de cara a afrontar las urnas de nuevo. Primero municipales y a finales del año próximo, generales.