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En 1992, España se enseñaba al mundo y el mundo miraba a España. Fue el año de los Juego Olímpicos en Barcelona y de la Expo en Sevilla, pero también el de la primera de las dos reformas que ha sufrido Constitución en sus casi 44 años de vida. La promulgó el rey Juan Carlos I el 27 de agosto y entró en vigor el 28, con la publicación en el BOE. La reforma afectaba al artículo 13.2, y supuso dar derecho a los extranjeros a ser candidatos en las elecciones municipales.
La reforma, durante el mandato gubernamental de Felipe González, consistió en añadir la expresión "y pasivo" a ese artículo, que quedó así: "Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales".
Los derechos del artículo 23, al que hace referencia el reformado son los de la participación de los ciudadanos en la vida política, que hasta ese momento estaban limitados a los españoles. Pero claro, España ya era europea y había que adecuarse a nuestros acuerdos de "reciprocidad", incluida la posibilidad de ser candidato en unas municipales del otro país miembro.
En 1992, España ya llevaba siete años en la Unión Europea, y para entonces, los países miembros estaban decididos a ir por el mismo camino, en busca de un fortalecimiento internacional.
En ese contexto, se firmaron varios acuerdos y tratados. De ellos, el más célebre fue el de Maastricht, que recogía que "todo ciudadano de la Unión europea que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida".
La reforma se hizo para poder adecuarse a ese punto 8.B del tratado de Maastricht, del que tanto se hablaba en los informativos de la época.
El recorrido de la reforma parece impensable a día de hoy. Todos los grupos parlamentarios presentaron la proposición de reforma: PSOE, PP, CiU, ICV, CDS, PNV y Grupo Mixto solicitaron el cambio y lo hicieron por el procedimiento de urgencia el 8 de julio.
El día 22 de julio, se votó por el procedimiento de llamamiento público. De los 332 diputados presentes, todos, los 332, votaron sí. En el Senado no hubo ninguna enmienda a la reforma.
Las reformas de la Constitución en nuestro país tienen que pasar por referéndum si así lo piden una décima parte de diputados o de senadores.
Así que una vez aprobada la reforma, se abrió el plazo, pero nadie solicitó ninguna votación y los ciudadanos europeos se convirtieron en potenciales candidatos a alcaldes o concejales de los municipios españoles.
El primer nombre que viene a la cabeza en este tipo de casos es el de Manuel Valls, ex primer ministro francés y que optó a la alcaldía de Barcelona de la mano de Ciudadanos. Pero él nació en Barcelona y tiene doble nacionalidad, así que no cuenta.
En 2009, el Ministerio de Política Territorial daba el dato de ese momento: dos alcaldes y 85 concejales de municipios españoles tenían una nacionalidad diferente.
Los dos alcaldes eran Claude George Edgar Doppia, de nacionalidad francesa y exalcalde del municipio salmantino de Rollán y Ann Gyles Gyles, de origen belga y alcaldesa de Alfés, en Lleida. Pero los dos dejaron de serlo en 2011.
En cuanto a los concejales extranjeros, un dato curioso: el 43% de ellos eran británicos. Algo con lo que el Brexit terminó. Al salir de la UE, el TJUE fue claro: los ciudadanos británicos perdieron el derecho a votar o ser elegidos en elecciones de otros países europeos.
La segunda reforma tuvo lugar en 2011, durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, y modificó el artículo 135 de la Constitución española para introducir el concepto de "estabilidad presupuestaria".
En plena crisis económica, en los tiempos en que todos hablábamos de la prima de riesgo y la deuda del Estado, la reforma estableció que lo primero que había que pagar era esa deuda pública, antes que cualquier otro gasto de los presupuestos.
La presentaron PP y PSOE, y no tuvo la unanimidad del Congreso, aunque sólo hubo cinco votos en contra.
En el Senado sí hubo enmiendas, aunque ninguna prosperó y finalmente fue aprobada sin referéndum, porque no hubo un 10% de diputados o senadores que solicitaran la votación.
La monarquía, el modelo y estructura del Estado... la idea de reformar la Constitución vuelve una y otra vez al debate político, pero lo cierto es que hasta ahora sólo se ha hecho en las dos ocasiones de las que hablamos.
Para cambiar la Carta Magna hace falta una mayoría muy cualificada en el Congreso y el Senado: tres quintas partes en cada sede parlamentaria, lo que en la Cámara Baja se traduce en 210 diputados, algo que raramente consiguen las votaciones del Hemiciclo más fragmentado de Democracia.
La Constitución plantea un plan b para su propia reforma. Si no hay acuerdo entre las cámaras, se puede crear una comisión de expertos de ambas y que pueden redactar un texto para que se vote en las dos sedes.
Si tampoco eso prospera, hay plan C: Si ese texto tiene mayoría absoluta en el Senado, puede aprobarse con una mayoría de dos tercios del Congreso.
Opciones hay, pero hacen falta acuerdos entre muchas fuerzas y aunque no es imposible, tampoco puede decirse que sea sencillo, al menos en los asuntos susceptibles de tocar.