Barcelona conmemorará este miércoles el quinto aniversario de los atentados del 17 de agosto de 2017 con un acto institucional con una ofrenda floral y el "Cant dels Ocells", así como con homenajes y protestas de signo contrapuesto. Mientras tanto, las víctimas siguen denunciando un año más su abandono. Cinco años después, la Audiencia Nacional ha condenado a los tres terroristas suprevivientes de los atentados de Barcelona.

El acto institucional, convocado por el Ayuntamiento de Barcelona, estará presentado por la escritora y poeta Fàtima Saheb y contará con la participación de la coral sinfónica VOZES, mientras que los familiares de las víctimas y las autoridades harán una ofrenda foral junto al memorial instalado en el Pla de l'Ós de la Rambla, junto al mosaico de Joan Miró.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, encabezará la comitiva del ayuntamiento, en un acto en el que habrá representantes de todas las instituciones y de los grupos políticos.

Después de que la coral sinfónica VOZES interprete dos piezas musicales, el acto se cerrará con un minuto de silencio y con la ofrenda floral, tanto por parte de las víctimas y de los familiares como de las autoridades asistentes, mientras se interpreta en directo el "Cant dels Ocells", el oficioso himno a la paz de Pau Casals.

Además, como cada año, la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), la Plataforma 17A y Politeia se han desmarcado del acto institucional y han convocado un homenaje a las víctimas a las 11:30 horas en la Rambla de Canaletas.

También este año la plataforma ciudadana "17A exigimos responsabilidades", del entorno independentista, ha convocado una protesta a las 12:00 horas ante la sede de la Comisión Europea en Barcelona, en la que con diferentes lemas denuncian: "Estado español y CNI, responsables", "Generalitat, inoperante", "Basta ya de impunidad".

En Cambrils (Tarragona), el recuerdo a las víctimas se llevará a cabo el jueves ante el Memorial por la Paz, justo en el punto en que la madrugada del 18 de agosto de 2017 se perpetró el ataque que acabó con un muerto, siete heridos y cinco terroristas abatidos, pocas horas después del atentado de las Ramblas de Barcelona.

La Unidad de Atención y Valoración a Afectados por el Terrorismo (UAVAT) ha denunciado el abandono al que están sometidas las víctimas del 17A por la desatención de las administraciones y la revictimización a la que se ven abocadas muchas de ellas.

Younes Abouyaaqoub, un joven de 22 años y vecino de Ripoll (Girona), fue quien causó el terror en Barcelona cuando hacia las cinco de la tarde del 17 de agosto de 2017 embistió con una furgoneta a decenas de personas que paseaban por las Ramblas, en un recorrido de 650 metros entre plaza de Cataluña y el mosaico de Miró frente al Liceu, en el que mató a 13 personas y lesionó a más de un centenar, una de las cuales murió semanas después en el hospital.

El joven terrorista abandonó la furgoneta, huyó a pie por el mercado de la Boqueria y cruzó andando Barcelona hasta la zona universitaria, donde a las 18:15 horas abordó a un joven que iba a aparcar su coche, le mató a puñaladas, lo colocó en los asientos traseros y logró escapar de un control de los Mossos en la salida de la capital catalana por la Diagonal.

Posteriormente, hacia las tres de la madrugada, cinco terroristas arrollaron con un turismo a varias personas en Cambrils (Tarragona) -causando un muerto y media decena de heridos- y emprendieron una fuga a pie por el paseo marítimo, mostrando chalecos con explosivos que resultaron ser simulados, hasta que fueron abatidos, cuatro de ellos por un mismo mosso.

Tras cuatro días de fuga, los Mossos localizaron finalmente, gracias a la colaboración ciudadana, a Abuyaaqoub escondido en un viñedo de Subirats (Barcelona) y lo abatieron cuando gritaba "Alá es grande" y se abría la camisa para mostrar un cinturón que parecía llevar cargas explosivas, aunque resultó ser falso.

Los terroristas habían tenido que improvisar y actuar a la desesperada después de la explosión, la noche antes, de la casa de Alcanar (Tarragona) donde preparaban explosivos, en la que murió el imán Abdelbaki Es Satty, que había captado y radicalizado a los miembros de la célula.

La Audiencia Nacional ratificó el pasado mes de julio los aspectos más relevantes de la sentencia en la que el pasado año condenó a tres supervivientes de la célula y en la que admitió que las víctimas han sido "las grandes olvidadas" durante la instrucción de esta causa.

Tras una pequeña reducción de las condenas iniciales por una cuestión técnica, la Audiencia ha impuesto finalmente 43 años de cárcel a Mohamed Houli, quien resultó herido en la explosión en Alcanar; 36 años a Driss Oukabir, quien alquiló la furgoneta de Las Ramblas; y ocho años a Said Ben Iazza por colaboración ya que prestó su documentación y una furgoneta para comprar y transportar explosivos.

A Houli y Oukabir la Audiencia no les ha condenado como coautores de los 16 asesinatos cometidos por el resto de la célula terrorista, como pedían las acusaciones, al considerar que no tuvieron conocimiento ni participaron en las acciones terroristas.

Una vez la sala de Apelación de la Audiencia Nacional ratificó en julio pasado los aspectos fundamentales de la condena, dos asociaciones de víctimas, la AVT y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, han declinado recurrir ante el Supremo.

Según los abogados de estas asociaciones, la dificultad de rebatir los argumentos de la Audiencia Nacional y la amenaza de una condena en costas les han llevado a tirar la toalla en su lucha judicial para que Oukabir y Houli fuesen condenados también como coautores de esos asesinatos.

Otras víctimas, sin embargo, sí que optarán por acudir al Alto Tribunal, como es el caso de la acusación ejercida por la familia del niño de 3 años que murió en Las Ramblas.

Los padres del menor seguirán batallando ante la Justicia para que se declare la responsabilidad civil del Estado "por su inexcusable negligencia grave al no haber adoptado las cautelas necesarias para prevenir la venta de los explosivos con los que se pretendía causar una masacre".

Hasta 355 víctimas figuran en la relación de hechos probados de la sentencia, aunque solo 216 han solicitado algún tipo de ayuda o indemnización al Ministerio de Interior, de las que, por ahora, 130 obtendrán una compensación por los daños físicos o psíquicos causados con un importe global de 7,2 millones de euros.