El plan energético desata un enfrentamiento entre el Gobierno y el PP agudizado por el inminente ciclo electoral

"Cartilla de racionamiento energético", "infierno", "problema de primer orden político", más inseguridad en las calles. Es el negro panorama que ha dibujado el PP tras la entrada en vigor del decreto de ahorro energético aprobado el pasado 1 de agosto. El plan elaborado por el Gobierno, acordado con Bruselas y con medidas más modestas que las que se están contemplando en otros países europeos se ha convertido en una gran batalla política agudizada por el inminente ciclo electoral.

Un tema tan sensible como la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania se ha convertido en un embrollo que ha ido creciendo día a día. Todos los partidos están de acuerdo en apoyar a Ucrania, en la solidaridad con otros países y en que hay que ahorrar energía. Sin embargo, dos semanas después de su aprobación, el enfrentamiento entre el Gobierno y el PP se ha avivado y amenaza con convertirse en la bronca que monopolice el arranque del curso político en septiembre.

A la vuelta de las vacaciones todos los partidos estarán en modo precampaña y así seguirán hasta el final de la legislatura en diciembre de 2023. El Gobierno y el PSOE, que ha desplegado a varios ministros esta semana para recalcar el mensaje, acusa a los populares de hacer una oposición "destructiva" y "negacionista", de practicar un "egoísmo insolidario" con los socios europeos y de ser un partido inútil en momentos de crisis.

La cercanía de las elecciones municipales y autonómicas primero y las generales después lo contamina todo. El PP huele a victoria y no quiere dar ni un respiro a Sánchez y el Gobierno pretende que sus medidas se noten y lleguen a los ciudadanos cuanto antes sin enfangarse ni complicarse en negociaciones interminables. Aduce urgencia para recurrir a los reales decretos, más de 125 ha aprobado, sin apenas pactarlos mientras la oposición los recurre en los tribunales.

En esta guerra sin cuartel ha tenido un papel clave la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que una vez más se ha puesto al frente de la confrontación con el Gobierno central de Pedro Sánchez. Ella ha liderado la rebelión de las comunidades gobernadas por el PP aunque se ha quedado sola de momento en su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional porque sostiene que el decreto ley invade competencias autonómicas.

El Ejecutivo se muestra convencido de que ese recurso no tendrá recorrido y considera que los abogados de la Comunidad van a tener que hacer muchas "contorsiones jurídicas" para intentar demostrar que el texto se salta la Carta Magna. Pero la irrupción de Ayuso, que nada más aprobar el decreto mandó un tuit diciendo que "¡Madrid no se apaga!", le ha servido a los socialistas para contraatacar y cuestionar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo que ha estado prácticamente desaparecido durante toda la polémica.

"En el PP manda Ayuso". Es la frase que machaconamente han repetido varios miembros del gabinete y dirigentes socialistas. Recuerdan que el líder del PP propuso hace veinte días la "regulación de las temperaturas de los aires acondicionados y de la iluminación de los pueblos y ciudades" y que fue la presidenta madrileña la que le desautorizó al rechazar en primer lugar el plan del Gobierno que recoge "literalmente" esas medidas. Ella es la que ha "arrastrado" a todo el PP en su estrategia de choque con el Gobierno y ha descolocado a Feijóo, sostiene Moncloa.

El presidente de los populares ha permanecido en un segundo plano, sin actos públicos esta semana. Silencio desde que el domingo pasado reclamase una Conferencia de Presidentes que Sánchez no va a convocar. El presidente del Gobierno tampoco se ha prodigado en los medios aunque el lunes, desde Lanzarote, pidió unidad, responsabilidad y solidaridad con el resto de países europeos y cargó contra el PP: "Sé que es predicar en el desierto porque sufrimos una oposición destructiva y negacionista en todos los ámbitos".

Esa idea la han transmitido los ministros que han estado activos esta semana intentando hacer pedagogía sobre el decreto. El portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi López, ha reconocido que ha faltado más explicación sobre el fondo. Un ejemplo es que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha tenido que salir en varias ocasiones para aclarar que el decreto era "flexible" en su aplicación teniendo en cuenta el tipo de trabajo y las condiciones concretas de los locales.

Los socialistas censuran que el PP se esté dedicando a hacer ruido sobre un asunto, el ahorro energético, en el que todo el mundo debería estar de acuerdo ante un otoño incierto si Putin corta el grifo del gas a Europa.

Las medidas más polémicas, -la limitación de la temperatura y el apagado de la iluminación de los escaparates-, entraron en vigor este mismo miércoles. Moncloa recuerda que el decreto modifica la norma vigente de instalaciones térmicas y salud laboral que ya fijaba límites de temperatura. El decreto de la discordia solo cambia un grado el tope de temperatura exigido hasta ahora.

El Gobierno, que no va a modificar el decreto a pesar de la presión del PP, hace bandera de que su plan está pactado con Europa y es necesario, razonable y equilibrado. Uno de los argumentos utilizados por el Ejecutivo es que las medidas son de sentido común y no afectan a nuestro modo de vida a diferencia de otros planes más severos y restrictivos.

Pone en valor además que la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado que algunos países de la Unión Europea como España hayan aprobado ya planes de ahorro energético. El Gobierno vende como un éxito que tras "intensas negociaciones", Pedro Sánchez consiguió pactar con Bruselas que el ahorro fuese del 7% en vez del 15% que tendrán que ejecutar los países más dependientes del gas.

El decreto tendrá que pasar la prueba de fuego del Congreso de los Diputados a finales de agosto o principios de septiembre. El Gobierno necesitará votos para convalidarlo y tendrá que recurrir a sus socios parlamentarios si el PP mantiene su estrategia de rechazo total. Tanto el PNV, -el propio lehendakari Íñigo Urkullu-, como ERC se han quejado de falta de diálogo y han reprochado la improvisación del Gobierno, pero no han avanzado el sentido de su voto.

Los socialistas tienen ahora unas semanas para templar los ánimos y negociar si no quieren vivir una votación agónica como las que sufrió en el último periodo de sesiones y que tuvo la reforma laboral como máximo exponente salvada in extremis por un error de un diputado del PP.

En cualquier caso el debate del decreto, más allá de una serpiente de verano, augura la forma en la que se va a desarrollar la dinámica política en lo que queda de legislatura: sin tregua.