El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un límite de gasto no financiero para 2023 de 198.211 millones de euros, un 1,1 % superior al de este año, que ya fue un máximo histórico (196.142 millones) por el efecto de los fondos europeos. También ha confirmado que habrá impuesto a la banca sin penas de cárcel.

Según ha informado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo, el Gobierno ha mantenido la previsión de déficit público del 3,9 % del PIB, "a pesar de las medidas extraordinarias" puestas en marcha para combatir los efectos de la guerra en Ucrania. Sin embargo, el Gobierno ha modificado el reparto de esta referencia para dar un mayor margen a las comunidades autónomas -pasan del 0,1 % al 0,3 % del PIB- a costa de la administración central -pasa del 3,4 % al 3,2 % del PIB-.

El denominado techo de gasto es el límite legal de crédito presupuestario para un ejercicio. Es el gasto máximo que pueden llevar a cabo el conjunto de las administraciones públicas. El techo de gasto se recoge en la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, aprobada por el Gobierno del PP. El artículo 30 de esta norma es el que lo regula y establece que debe aprobarse por el Gobierno antes del 1 de agosto de cada año. La ley mencionada también estipula que será el Ministerio de Hacienda el que informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado.

La referencia para la Seguridad Social se mantiene en un déficit del 0,5 % del PIB y la de las corporaciones locales se sitúa en un superávit del 0,1 % del PIB, una décima menos. La referencia de déficit anunciada por Montero es solo una previsión, cuyo incumplimiento no implicaría sanciones por parte de la Unión Europea, ya que las reglas fiscales comunitarias se encuentran suspendidas desde el estallido de la pandemia.

En ese sentido, Montero también ha avanzado que el Gobierno volverá a solicitar al Congreso de los Diputados que constate que se dan las circunstancias para mantener suspendidas las reglas fiscales nacionales, aunque ha instado a todas las administraciones a mostrar su "compromiso" con la responsabilidad fiscal.

El límite de gasto no financiero o techo de gasto constituye la base para la elaboración de los futuros Presupuestos de 2023 y con su aprobación "se pone en marcha toda una maquinaria" para aprobar "en tiempo y forma" unas cuentas "fundamentales, imprescindibles, para la recuperación del crecimiento económico".

El techo de gasto aprobado este martes consigna 25.156 millones de euros de fondos europeos, 23.840 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR) y 1.316 millones del React-EU.

Si se descuenta el efecto de los fondos europeos, el techo de gasto se situaría en 173.065 millones de euros, un 1,9 % más que en el año actual. La ministra de Hacienda ha explicado que el techo de gasto contempla una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1 % superior a la de 2022; y ha avanzado que los recursos para comunidades autónomas y corporaciones locales "se incrementarán significativamente".

Sin embargo, todavía no se ha concretado la subida salarial de los empleados públicos, que Montero espera acordar con las organizaciones sindicales, a las que ha instado a cerrar un pacto de rentas, de manera que "en línea con ese pacto de rentas podría estar la aproximación de subidas salariales para los próximos años".

El techo de gasto récord permitirá mantener el "esfuerzo inversor" del Estado, ha señalado Montero, así como garantizar "nuevamente hitos históricos en el ámbito de las becas", la ciencia, la sanidad o la educación.

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la reforma del reglamento de Extranjería por la que se facilita la incorporación de los extranjeros al mercado de trabajo.

"Por la propia naturaleza del fenómeno subyacente es imposible hacer una estimación que tampoco es el objetivo de la reforma. El objetivo es modernizar el modelo migratorio para que se propicie la migración regular y segura en toda circunstancia", ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Entre las medidas que se incluyen en la reforma, Escrivá ha destacado que "se racionalizan y actualizan las figuras del arraigo social y laboral y por reagrupación familiar" y "se crea una nueva figura de arraigo por formación" que va a permitir a migrantes que lleven dos años en España y quieran formarse en profesiones particularmente deficitarias, que puedan hacerlo.

Además, ha precisado que se corrige una "anomalía" que había en España pues se va a "facilitar el trabajo al terminar sus estudios a 50.000 extranjeros"; y ha añadido que también se modernizan los requisitos de acceso al trabajo autónomo, que eran "extraordinariamente complejos".

Igualmente, se "reformula" el catálogo de ocupaciones particularmente demandadas "para que se puedan generar contrataciones en origen en las situaciones que así lo justifiquen por la evolución del mercado laboral" y se "perfecciona el modelo de migración estacional (circular)", todo ello acompañado de "una mejora en la gestión reduciendo trámites y haciendo que las cargas administrativas sean más razonables", tal y como ha puntualizado Escrivá.