Unidas Podemos propondrá al PSOE modificar el Código Penal para meter en la cárcel a los directivos de compañías eléctricas y entidades financieras, si repercuten sobre los precios que abonan sus clientes el nuevo impuesto sobre los beneficios de estas corporaciones, que el presidente Pedro Sánchez anunció durante el Debate sobre el estado de la Nación.

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha lanzado la propuesta de crear este nuevo "delito fiscal" durante su participación en los cursos de verano que la Universidad Complutense de Madrid, que se celebran en San Lorenzo de El Escorial.

"Tenemos a grandes empresas energéticas amenazando a la ciudadanía y al Gobierno, y diciéndonos que si hay un impuesto a las empresas energéticas se va a repercutir a los consumidores", ha explicado la ministra Ione Belarra.

Ante este desafío, ha añadido, "el Gobierno no puede flaquear, necesitamos mano dura contra quienes abusen y ataquen el interés general". Por este motivo, Unidas Podemos va a proponer a sus socios del PSOE la creación de un nuevo "delito fiscal por repercusión de impuestos", que incluiría un agravante en el caso de que los infractores sean empresas de sectores estratégicos como el de la energía.

"Esta idea manda el mensaje correcto: no se va a tolerar ningún tipo de ataque al interés general", ha explicado la ministra de Derechos Sociales. El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, ha dado a conocer la idea de un modo mucho más explícito: "Proponemos un nuevo delito en el Código Penal por repercusión artificial a los precios", ha anunciado en su cuenta de Twitter.

"Si, ante un aumento de los impuestos a las grandes energéticas y a la banca, sus directivos deciden repercutir la subida a los precios irán a prisión. Por atentar contra el interés general", ha aclarado.

Aunque por otros medios, también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno "prohibirá" a los bancos y eléctricas repercutir el nuevo impuesto sobre el precio final que pagan sus clientes. Montero anunció la semana pasada que el Gobierno "va a dotar a la CNMC para que vigile y, en su caso, aplique sanciones si alguna empresa se separa de la legalidad, por lo que la norma ya lo va a tener implícito"