"Me la han metido doblada", asegura un franquiciado en los audios del caso Restalia cuando ya no puede más con su situación económica. Se escucha en una conversación telefónica a la que ha accedido NIUS y perteneciente a la denuncia puesta contra la compañía. Su interlocutor, un asesor de zona de Restalia, ya le había dicho que él no habría firmado el contrato que firmó, que estaba claro que los números del plan de negocio no daban, al menos en su caso, y él insistía angustiado que le habían "engañado".
Si ayer mostrábamos conversaciones en las que una directora de la empresa reconocía que había un stock de carne caducada que no se había retirado, hoy escuchamos la angustia de un hombre al que le llegaron a dejar sin el sistema informático que le permite funcionar en el primer mes que no pudo hacer frente a 400 euros de royalties.
Hay dos conversaciones. En la primera habla con uno de sus asesores, al que llama por ese corte de suministro que no entiende, porque aunque él no había pagado los 400 euros en royalties, la empresa tenía en su poder 8.000 euros de fianza y más dinero correspondiente a los rápeles (descuentos por venta) que les hacían los distribuidores de bebida: "Es que no puedo entrar a mi negocio", se le oye decir a ese franquiciado, mientras su interlocutor le explica que los royalties "son sagrados".
En la segunda charla, otro asesor le viene a admitir que le presentaron ese plan de negocio "irreal". No sólo eso, cuando el propietario del local, un TGB, lamenta que se va a ver obligado a irse para que "otro primo" caiga en la misma trampa, el empleado de Restalia le responde: "Es que ellos viven de vender locales".
Las grabaciones de algunos afectados conducen por lo que sus abogados, Cremades y Calvo Sotelo y Rafael Franco, han planteado en una denuncia de 90 páginas y en la que señalan delitos de organización, criminal, estafa, o coacciones. El juez tiene que decidir si lleva a cabo una investigación sobre la empresa dirigida por José María Capitán. De momento, la denuncia está en el juzgado, en tramitación, a la espera de un peritaje judicial,
Los dos peritajes que han hecho los bufetes de abogados apuntan a una pérdida media de 600.000 euros por franquiciado. Nius ha hablado con algunos de ellos, como Julián García, que con un préstamo de más de medio millón de euros pendiente, tuvo que acabar cerrando su local de Irún.
Julián nos explica que él llevaba más de 20 años en el sector de la hostelería, con un local propio. "Un comercial de cerveza me habló de TGB, porque había uno en San Sebastián y por lo que él sabía funcionaba bastante bien". Ese comercial conocía los consumos que hacía el establecimiento, porque le servía, pero Julián apunta que "desconoce la viabilidad". Era abril de 2019.
"Me metí en la web, y allí decía que siempre estaban con el franquiciado", así que le pareció interesante, y sus socios y él contactaron con el comercial. Los números del plan de negocio que diseñaron ellos "eran muy buenos", pero aún así hicieron un estudio paralelo en el que planteaban qué podían pasar si ganaban un 8% menos de lo que decía Restalia y encontraron que les seguía compensando.
Les buscaron el local, lo montaron y ellos pagaron un canon de entrada de 50.000 euros (IVA incluido), les entregaron las llaves, y empezaron. "El primer mes fue muy bien por la novedad, en los siguientes vemos que los números no cuadran, porque según ellos, con 40.000 o 50.000 euros de facturación, deberían dar beneficios", sin embargo aseguran que superando esas entradas de dinero, ellos perdían.
Lo que también perdieron -asegura- fue el rastro de los asesores y comerciales, al quinto mes tenían "pérdidas de 15.000 o 17.000 y no venía nadie". El problema, asevera, es que aunque vendas, el coste del negocio (carne, pan, embalaje, camareros) es mucho más alto. "Nos veíamos abocados a la ruina" cuenta Juilán que no tiene duda de que fue víctima de "una estafa con publicidad engañosa".
Julián es uno de los franquiciados que sufrió cortes de suministro el primer mes que dejó de abonar los 400 euros de royalties. Para entonces ya llevaba puestos cerca de 100.000 euros, asegura, la franquicia tenía su fianza, pero la finalidad de ese dinero no eran los royalties.
En sus conversaciones con los asesores, asegura que un día en que les preguntó si entonces tenía que dejar de pagar a sus trabajadores, le respondieron: "Tus trabajadores no te van a cortar el suministro, pero Restalia sí".
Como otros franquiciados, él también recibió un lote de carne que no era la que había pedido y que llegó sólo unos días después de la fecha de caducidad, que además se había extendido. Nunca la vendió, pero nunca la recogieron, porque asegura que los distribuidores les dijeron que no había opción, que eran órdenes de Restalia, que era su cliente.
Sobre ese punto, uno de los asesores le reconoció que no podía darle otra carne, pero que "tenía razón, que eso era engañar al cliente".
Menos de dos años después de abrir, Julián decidió cerrar su local. Restalia le llamó y le hablaron de la posibilidad de traspasarlo, para que perdiera menos dinero. Su préstamo superaba los 500.000 euros y le dijeron que podía pedir a un nuevo franquiciado entre 80.000 y 90.000 euros. Un franquiciado que "tendría que pagar su propio canon, claro", apuntilla Julián en su conversación con NIUS.
""Pero si le sale mal, tampoco pierde tanto", relata que le contestaron. Los denunciantes están convencidos de que ese es el negocio, como dice el empleado de Restalia en los audios que que acompañan a este artículo. Para ellos, el negocio está en "la captación" además de las "comisiones" que creen que la compañía percibe por obras y productos.
Como todos sus compañeros de denuncia, uno de los problemas graves está en las promociones, que les hacen dejar de ganar mucho dinero, por muy lleno que se vea el local, pero de esa forma, aseguran, la captación de nuevos franquiciados está asegurada.
"Nos obligan a regalar", dice desesperado un año después del cierre de su local. Lo que hizo fue abrir otro como el que ya tenía, de comida tradicional. Cuando lo hizo, le llegó un burofax en el que le reclamaron 150.000 euros y una paralización de 3.000 euros al día. Esa fue su último contacto con la empresa.
"No me han devuelto nada", dice Julián que asegura que nunca fue nadie a ayudarle y que se declara "arruinado" y "víctima" de una compañía que hoy por hoy no tiene notificación oficial de la denuncia y niega lo que le imputan: las amenazas, las extorsiones, o los delitos contra los consumidores.
Como él hay al menos otros 30 franquiciados, pero según Cremades y Calvo Sotelo y Rafael Franco, los firmantes de la denuncia pueden llegar a ser un centenar.