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El Gobierno decidió reactivar la Ley de Memoria Democrática nada más acabar las elecciones andaluzas para recuperar algo de oxígeno pero la polémica le ha estallado en la fase final de su aprobación. Se trata de una de las leyes más emblemáticas para la izquierda que estaba metida en un cajón por la falta de acuerdo en el Congreso. Se aprobará en un pleno de la semana que viene y previsiblemente entrará en vigor a la vuelta del verano, pero está generando mucho más ruido del previsto por Moncloa porque Bildu ha entrado en la ecuación. Un pacto del PSOE con los independentistas vascos la semana pasada garantizó los apoyos necesarios.
La ley, aprobada por el Consejo de Ministros hace casi un año, tiene el rechazo frontal de la derecha, no le gusta a ERC, genera malestar en algunos dirigentes históricos socialistas y para rematar, el calendario ha jugado en contra del Gobierno. El debate coincide con un momento especialmente delicado, el 25 aniversario del asesinato a manos de ETA del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, y también del secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.
PP, Vox y Ciudadanos están en plena ofensiva y cargan contra el Gobierno por haber pactado una Ley de Memoria con Bildu, el partido al que consideran "herederos de los asesinos de ETA". Además de criticar que se trata de una de las leyes "ideológicas" de Pedro Sánchez, denuncian que el texto no hace ninguna referencia a ETA ni a sus víctimas y sobre todo, que el Gobierno ha cedido ante Bildu para hacer una revisión de la Transición.
A ese clima han contribuido las declaraciones de la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que cuando este lunes se aprobó la Ley en la Comisión Constitucional del Congreso, presumió de que su partido había conseguido abrir un camino para "poner en jaque el relato de una Transición ejemplar". Se refiere la dirigente abertzale a una de las enmiendas que los vascos han conseguido introducir como disposición adicional tras la negociación con el Gobierno.
Dice textualmente: "El Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación de las mismas".
A partir de ahí empiezan las interpretaciones. Para la derecha ese texto cuestiona la Transición, para Bildu se trata de una enmienda clave y especialmente relevante y el Gobierno le quita importancia argumentando que esos casos no desembocarán en procesos judiciales. Justifican su aceptación a que las etapas de transición de dictaduras a democracias son largas y pueden producirse algunas vulneraciones.
Esa enmienda afecta a 1982, el primer año del Gobierno de Felipe González. También a las primeras acciones atribuidas a los GAL. Los etarras Lasa y Zabala fueron secuestrados en Francia en octubre de 1983 y posteriormente torturados, asesinados y enterrados en cal viva. Sobre la posibilidad de que esa comisión técnica investigue el terrorismo de Estado, el Gobierno recuerda que la actividad de los GAL ya fue juzgada por un tribunal.
Uno de los posibles casos que podría estudiar es el de Yolanda González, la joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores asesinada a tiros por un comando ultraderechista el 1 de febrero de 1980.
El Ejecutivo hace hincapié en el artículo 29 del proyecto que contempla que el Estado "garantizará el derecho a la investigación de las violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión de la Guerra y la Dictadura, así como el periodo que va desde la muerte del dictador hasta la entrada en vigor de la Constitución Española".
Tanto el PSOE como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defienden que la Transición no se pone en duda y que su texto reivindica la Carta Magna como el pilar fundamental del sistema democrático español. Recomiendan a todos que se lean la ley porque, según Bolaños, solo desde la ignorancia o el intento de "manipulación" se puede decir lo que está denunciando la derecha y la ultraderecha.
"¿Cuándo la derecha va a soltar lastre de verdad con el franquismo de una vez por todas?", se pregunta el ministro tras la andanada de los populares. El expresidente José María Aznar habló de "disparate" porque es un proyecto "hecho y pactado con terroristas", Alberto Núñez Feijóo reprocha que el Gobierno ha declarado una "guerra ideológica" que busca la división de los españoles y la número dos del PP, Cuca Gamarra, afirma que "no supera la prueba del algodón" de la memoria democrática.
"Cuando lo vea les diré, pero sonarme, no me suena bien", señaló Felipe González, el expresidente del Gobierno socialista. Más tarde añadió que mucho se temía que las "memorias se conviertan en desmemorias". Uno de los barones del PSOE más críticos con los pactos de Sánchez con los independentistas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, afeó que el proyecto salga adelante tras pactarse con Bildu, "gente que todo lo que toca lo ensucia".
Entre los grandes defensores de la Ley de Memoria está el otro expresidente del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que aprobó la legislación que está vigente en la actualidad. Para Zapatero el texto que ha elaborado el Gobierno de coalición perfecciona la democracia española porque "reconoce a los olvidados".