La coexistencia de centros públicos, concertados y privados es algo de lo que se caracteriza el sistema educativo español. Cada uno de estos centros tiene modelos de financiación específicos, reflejando así, la diversidad y complejidad que presenta el panorama educativo de España.

Los centros públicos son aquellos que están financiados de manera íntegra por el Estado, a través de las administraciones educativas de las comunidades autónomas y del gobierno central. Esta financiación cubre desde los sueldos del personal docente y administrativo, pasando por el mantenimiento de las infraestructuras del centro y también, todos los recursos educativos y programas de apoyo al alumnado.

En 2021, el gasto público en educación en España, aumentó a aproximadamente 53.000 millones de euros, lo que representó un incremento respecto a los años anteriores. Además, este presupuesto se distribuye entre las diferentes etapas educativas: desde la temprana educación infantil hasta la universitaria, y también incluye la formación profesional y la educación especial.

Para distribuir equitativamente estos fondos, se tienen en cuenta una serie de criterios como el número de alumnos, las necesidades específicas que pueda presentar cada centro y las políticas educativas que cada comunidad autónoma. Por otro lado, el gobierno central también ha querido reforzar su compromiso con la educación a través de la asignación de fondos adicionales para programas específicos.

Los centros concertados son centros educativos que tienen titularidad privada, pero reciben financiación pública para ofrecer una educación gratuita en las etapas obligatorias a los alumnos que quieran acceder a ellos. Este modelo busca ampliar una oferta educativa garantizando la libertad de elección de las familias a la hora de escoger un centro para sus hijos.

Para financiar este tipo de centros, las administraciones educativas establecen conciertos con estos centros. En ellos se asignan fondos públicos que van a cubrir parcialmente los gastos de funcionamiento del centro, principalmente los salarios del personal docente. Pero se ha revelado que la financiación pública no siempre cubre el coste total de todos los servicios que ofrecen estos centros.

Debido a esto, en muchas ocasiones algunos de estos centros concertados solicitan aportaciones 'voluntarias' a las familias para poder cubrir estos gastos adicionales (comedor, actividades extraescolares...). Pero estas aportaciones extra nunca pueden ser obligatorias, ya que la administración cubre con financiación pública la plaza educativa al igual que una plaza en un centro público, si bien muchos centros presionan a las familias con estas aportaciones. Dependiendo de la comunidad autónoma y también el nivel socioeconómico del que dispongan estas familias, pueden variar estas aportaciones. Por ejemplo, en Cataluña, la cuota anual por alumno es de 1.696 euros, en Madrid es de 1.156 euros, mientras que en Andalucía es de 453 euros por alumno al año.

Esta financiación mixta siempre ha suscitado el debate sobre la equidad y la segregación socioeconómica en el sistema educativo. Muchos estudios han revelado que, aunque la educación concertada esté financiada con fondos públicos, ésta acoge a menos alumnado vulnerable del que le correspondería, lo que hace que aumente la desigualdad entre colegios concertados y privados.

Los centros privados son aquellos que se financian principalmente gracias a las cuotas que pagan las familias. Estos no reciben subvenciones ni ayudas por parte del Estado para ninguna de las etapas educativas obligatorias. Estos centros se caracterizan por ofrecer una alternativa al sistema educativo público y concertado, ya que cuentan con proyectos educativos propios, e incluso, en ocasiones, también con servicios adicionales que justifican las cuotas que se han establecido.

Al ser centros privados, las cuotas varían mucho entre un centro y otro. Hay factores que son los responsables de estas diferencias como la reputación que tenga el centro, los servicios que se ofrecen al alumnado y a las familias y también, la ubicación del centro. Estas tarifas oscilan entre los varios miles de euros hasta las decenas de miles de euros anuales por alumno.

Estos centros son los que representan una menor proporción del alumnado total, aunque, a pesar de esto han experimentado un crecimiento en los últimos años.

Como hemos mencionado anteriormente, se ha observado un aumento en la matriculación en centros privados y concertados. De hecho, en 2023, un 31,6% de los alumnos totales se matriculó en alguno de estos centros, lo que hace que exista una tendencia hacia la privatización parcial de la educación en nuestro país.

Por otro lado, la distribución de la financiación pública es diferente entre las comunidades autónomas, variando de manera significativa entre ellas. Esto hace que se generen disparidades en la calidad y accesibilidad de la educación. La crisis económica también ha contribuido con esto, ya que ha traído recortes en los presupuestos de algunas instituciones educativas.

Aunque, a pesar de esto, algunas instituciones como la Universidad de Murcia, ha incrementado su presupuesto para mejorar tanto infraestructuras como para ampliar su plantilla para ofrecer una mejor educación a su alumnado.