España es el octavo país de la Unión Europea que tiene la mayor proporción de ocupados con estudios superiores, pero el 36 % de los graduados están en puestos de baja cualificación, lo que evidencia la "desconexión" entre la educación superior y el mercado laboral actual, según el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) 2024.

El análisis, en el que participan expertos nacionales e internacionales señala siete prioridades estratégicas que debe tener la universidad española (pública y privada) para contribuir al desarrollo económico y social del país y en esta vigésima edición incide en la necesidad de mejorar la inversión, atraer y retener talento y dar más autonomía a las universidades.

Los expertos avisan de que el factor clave para fortalecer la universidad española es la "modernización de la gobernanza universitaria". "Esto implica adoptar reformas estructurales que permitan un modelo de financiación sostenible centrado en el uso estratégico de los recursos y en la rendición de cuentas en base a resultados", recalca el estudio en plena polémica por las críticas de los rectores de Madrid ante la infrafinanciación del gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso.

Los expertos del informe proponen vincular la financiación a la capacidad de las instituciones y de su oferta educativa en función de las necesidades del mercado. Una revisión que debería basarse en estudios específicos por titulaciones, niveles universitarios y regiones. Los datos más recientes (2021) revelan que España destina un 1,43 % del PIB a la educación superior, frente al 1,48 % de la OCDE y el 1,29 % de media de la UE.

En este sentido, los expertos inciden en que hay que mejorar además de la inversión otros aspectos como la internacionalización o el sistema de investigación y transferencia de conocimiento. En el curso 2022-2023, únicamente el 6 % de los estudiantes internacionales eran de grado con matrícula ordinaria y solo el 16 % de la oferta de titulaciones era en idiomas extranjeros. Otro dato preocupante es que solo el 3,2 % de investigadores vienen a España.

El estudio propone ajustar las diferencias entre la oferta universitaria y el mercado laboral ya que en ocasiones la estructura productiva no ofrece suficientes empleos de alta cualificación para el alto nivel de graduados que se titulan, lo que puede conducir a la sobrecualificación o a la fuga de talento. En el curso pasado la oferta de másteres oficiales creció el 4 % y el número de estos titulados aumenta a un ritmo del 8 %.

"El objetivo debe ser proporcionar a los estudiantes las habilidades y competencias necesarias para prosperar profesionalmente en un contexto cada vez más complejo, impredecible y globalizado", señala el informe que da cuenta del crecimiento de estudiantes en universidades privadas.

Ganar en gobernanza y en autonomía para contratar al personal docente y para atraer talento extranjero investigador o para garantizar un relevo generacional es fundamental, recalca el informe, ya que la media de edad del personal docente investigador (PDI) es de 49,5 años y un 18 % se jubilará en la próxima década. El estudio apunta la dificultad para retener el propio talento investigador español sobre todo en la universidad pública, donde indica que no hay estabilidad. Solo la mitad del PDI en universidades públicas tiene plaza permanente frente al 82,4 % que la tiene en las universidades privadas.

La Fundación CYD también hace hincapié en la necesidad de que la universidad pública sea más ágil y competitiva y no solo frente al exterior, sino también ante el sistema privado que va creciendo. El peso relativo de las universidades privadas está creciendo en grados, máster y doctorados. Y mientras en máster ya supera a las públicas, en grado representan el 20 % de los titulados y en doctorados el 6 %.

Las universidades públicas presenciales no han conseguido ajustar adecuadamente su oferta debido también a procesos burocráticos excesivos. Un ejemplo de este desajuste -señala el informe- es el aumento de las notas de corte, que genera mayores costes para los estudiantes que deben acudir a universidades privadas, lo que agrava las desigualdades en el acceso a la educación superior.

Para fomentar la inclusión y aumentar la participación de estudiantes de clase media-baja los expertos proponen aumentar las becas y revisar las políticas de admisión. Establecer cuotas de ingreso preferencial para estudiantes desfavorecidos y proporcionar recursos de estudio gratuitos o a bajo coste así como implantar planes de préstamo de equipos, son alternativas -señalan-.

La universidad española sigue enfrentando el reto de la transformación digital, incide la Fundación CYD que apunta como otra de sus tareas pendientes fomentar la presencia de las mujeres en grados de ingenierías, informática, matemáticas y estadística (STEM). En tecnologías de la información y la comunicación (TIC) la presencia de chicas ha disminuido y apenas representan el 16 % de los matriculados.

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