Alejandro Tiana, ex secretario de Estado de Eduación: "El recurso de Ayuso es vacío y propagandístico"

Alejandro Tiana (Madrid, 1951) acaba de cerrar una etapa como secretario de Estado de Educación. Un cargo que ha ostentado en dos épocas distintas, una primera, de 2004 a 2008, y una segunda, desde 2018 hasta ahora, con Isabel Celaá como ministra y luego con Pilar Alegría, responsable de su cese. Entre medias, fue rector en la UNED.

Considerado uno de los padres de la LOE, ley socialista aprobada en 2006 cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente, Tiana se ha encargado del desarrollo reglamentario de la nueva ley educativa, la LOMLOE.

Ahora vuelve a la Universidad como profesor emérito, aunque seguirá implicado en cuestiones educativas porque, como él mismo reconoce, no sabe hacer otra cosa.  

Pregunta. La última polémica que ha saltado ha sido el anuncio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de que recurrirá el currículo de Bachillerato por su “elevada carga ideológica” y por “destrozar la educación de todos los españoles”. ¿Qué le parece?

Respuesta. La sensación que tengo es que el recurso que han puesto es vacío y propagandístico; en parte, por llamar la atención, y, en parte, por desviarla de otras cosas. Los motivos que aduce son poco consistentes. Este martes he leído unas declaraciones de Fernando Rey, que fue consejero de Educación en Castilla y León con el PP, y él, que es catedrático de Derecho Constitucional, decía que no había caso. Creo que todo es para hacer gala de ese enfrentamiento con el Gobierno y para no hablar de que dos de las normas educativas que ha hecho para enfrentarse al Gobierno se las ha parado la justicia. Desde el punto de vista político, ellos sabrán qué sentido tiene.

P. Sectores de la derecha insisten en el miedo a que se quiera adoctrinar en la escuela.

R. Evidentemente, lo que les interesa es controlar el mensaje que pueda transmitirse en materia de educación y todo lo que no sea lo que ellos consideran, les desequilibra. Hacen siempre hincapié en su mensaje de la libertad, pero lo que ponen de manifiesto es el miedo a la libertad. Al final de cuentas es controlar al profesorado o a las editoriales en lugar de tener un sistema de libertad de cátedra. Lo que buscan es una guerra ideológica. Desde el ministerio hemos trabajado con todas las comunidades y ninguna del resto de las gobernadas por el PP se ha sumado a su causa. Lo que quiere decir es que no está tan claro que sea la posición del partido frente al Gobierno; es la posición de Madrid.

P. Lo que sí parece es que hay un problema de entendimiento de los decretos de enseñanzas mínimas.

R. Eso, desde luego. Estos decretos de enseñanzas mínimas no es el mínimo que el estudiante debe hacer sino el mínimo que deben tener en cuenta las comunidades a la hora de construir el currículo. El currículo que aplica cada centro es el que hace su comunidad y para eso hay unos mínimos comunes, que da consistencia al sistema educativo español. Pero, lógicamente, las enseñanzas mínimas es un instrumento que debe ser trabajado desde el punto de vista técnico y curricular por las comunidades. Las enseñanzas mínimas es una base que luego las comunidades pueden organizar de un modo o de otro. Desde febrero de 2021 se ha trabajado el currículo conjuntamente con ellas, por eso es normal que los currículos sean bastante similares. Cuando nosotros fuimos publicando los decretos de currículo, ya las comunidades tenían preparados los suyos, aunque algunas nos achacaran que nos estábamos retrasando. Eso significa que, aunque no estemos todos de acuerdo en todo, sí hay un grado de acuerdo muy grande en conjunto.

P. A gran parte de la opinión pública le cuesta entender, por ejemplo, por qué un alumno puede presentarse a Selectividad con un suspenso en Bachillerato.

R. Este es un asunto que mal que bien ha generado muchos problemas, porque si un profesor dice que no puede aprobar a un alumno por una cosa, este alumno suspende. Y esto ha generado en algunos centros conflictos. Porque, ¿es lógico suspender a un alumno que es brillante en otras materias porque a lo mejor ha tenido un conflicto con un profesor? Lo que decidimos fue hacer algo parecido a lo que se hace en la Universidad. Yo como rector he firmado títulos que han sido concedidos por comisiones de reclamación que lo que hacían era un proceso de compensación, con unas determinadas condiciones. Es decir, que estamos permitiendo que eso ocurra en la Universidad con gente que va a ejercer la medicina, la arquitectura o la docencia y, en cambio, en un alumno de Bachiller es un gran fraude. Yo eso no lo comparto.

P. La nueva ley da una vuelta de tuerca a la hora de enseñar, se habla ahora de aprendizaje competencial, pero algunos critican que solo sirva para bajar el nivel.

R. Hay una concepción muchas veces engañosa de lo que es el nivel y lo que no lo es. En España hacemos repetir a los estudiantes una barbaridad, se dice, encima, que estamos facilitando que pasen con materias suspensas… ¿qué porcentaje de suspensos debería haber en España para que el sistema fuera bueno? ¿Qué la mitad de los alumnos hubiera repetido alguna vez? No tiene sentido. La concepción de adquirir competencias y no solo contenido es algo que los países más avanzados llevan haciendo tiempo. Lo que hacemos es aplicar una recomendación de la Unión Europea que en el año 2006 y 2018 señalaba que debíamos orientarnos en esa dirección. Es un poco trivial decir, entonces, que esto es para bajar contenido. Al revés, es para adquirir un conocimiento más profundo que permita que el conocimiento pueda ser utilizado en los problemas que uno tiene que resolver en la vida. Se critica que lo que queremos es reducir contenidos o eliminar la memoria, pero en absoluto. Lo que hay que analizar es qué contenidos hacen falta de verdad y de qué manera los adquirimos. Si nos empeñamos en que haya una inflación de contenidos, nos podemos encontrar con que sean muy difícil trabajarlos. Los alumnos los aprenderán pero sin apenas reflexión, sólo memorísticamente. Lo que no significa que la memoria sobre en absoluto.

P. Hay críticas porque desaparezca, por ejemplo, el orden cronológico en Historia.

R. El decreto habla de la necesidad de establecer cronologías. Otra cosa es que en el decreto de enseñanzas mínimas se ordene por orden cronológico, pero obviamente requiere un abordaje cronológico, algo de lo que saben mucho los profesores de Historia.

P. La ley otorga autonomía a los centros para que adapten, además, sus currículos a su alumnado.

R. Sí, y eso es importante porque los sistemas educativos cada vez atienden a una mayor diversidad. Cada vez hay más alumnos durante más tiempo porque nuestras sociedades son cada vez más mestizas. Los centros no pueden actuar de una manera uniforme como si todos fueran iguales. Eso no tiene más posibilidad que dar mayor grado de autonomía a los centros educativos y a los docentes. El profesorado se tiene que poner de acuerdo en cómo hacerlo. Eso no significa que puedan decidir hacer cualquier cosa. Lo ideal es que el marco curricular les diga a dónde tienen que llevar a sus alumnos, ¿cómo lo hagan? Ahí está la práctica profesional de cada uno. Como dice Julio Carabaña, no se puede legislar la pedagogía. Los estudios de la OCDE señalan que en España la docencia es una profesión más individualizada que en otros países y con menor grado de autonomía. Y ese es precisamente uno de los puntos principales para poder dar un alto en educación.   

P. Dígame, ¿por qué es tan difícil llegar a un pacto educativo?

R. No lo sé, pero es muy difícil. Ha habido muchos intentos. Algunos, de carácter político; otros, de carácter social educativo; algunos, más centrados en el Gobierno; otros, en el Parlamento. No es sencillo. La educación es un ámbito fácil para generar discrepancias.  Y en momentos en los que la política está más crispada es más fácil que esas discrepancias pasen a ser enfrentamientos más grandes. Sin embargo, cuando trabajas con las comunidades o con las organizaciones te das cuenta de que a la hora de la verdad se alcanzan grados importantes de acuerdos en muchas cosas. El problema es que eso no se transmite a la opinión pública.

P. ¿Cuál cree que son ahora mismo los mayores retos educativos que tiene España?

R. Yo creo que un reto importante es la reducción del abandono escolar temprano y eso está ligado con la continuación de estudios. Creo que tenemos un problema y es que hay un 20% de jóvenes que terminan la educación obligatoria que prácticamente no siguen estudiando o lo hacen de manera irregular. Esa cifra está bajando, en el 2021 eran del 13,3%, pero todavía debe bajar más. Los alumnos que van bien en ESO y Bachillerato son similares a los de otros países, pero jóvenes que terminan la secundaria obligatoria y luego no siguen formándose del mismo modo, ahí llevamos años con un problema serio. Tenemos que encontrar fórmulas para estimular la continuación de la formación.  Eso nos lleva a otros temas, como estimular la profesión docente y el trabajo de los centros educativos.