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La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado este viernes que 1,4 millones de trabajadores del total de 3,4 millones que estaban incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) ya han salido de estos procedimientos, por lo que el coste en prestaciones, que en abril fue de 5.120 millones de euros (incluyendo prestaciones por desempleo no Covid), se va a ir reduciendo.
En este sentido, y preguntada por si habría dinero para prorrogar los ERTEs hasta diciembre en caso de ser necesario, la ministra ha subrayado que "se podría pagar", precisamente porque la factura en prestaciones ya está bajando y también porque a España van a llegar fondos europeos para combatir la crisis. "Claro que podemos pagarlo", ha apuntado.
Díaz, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, ha recordado que el decreto para la extensión de los ERTEs hasta el 30 de septiembre incluye el mantenimiento de la Comisión Tripartita que, semana a semana, ha ido analizando cómo evoluciona el mercado laboral y los ERTEs. "Deseamos que a partir de septiembre las cosas vayan bien, pero este Gobierno dará protección a quien lo necesite", ha subrayado.
La ministra ha reconocido que el acuerdo para la prórroga de los ERTEs ha costado "bastante más" que otros, pero ha dejado claro que en ningún momento Trabajo se planteó levantarse de la mesa. "Es un acuerdo importante para España, que costó mucho, pero lo importante es que lo hemos conseguido y que las empresas y trabajadores pueden estar hoy más tranquilos", ha resaltado.
Por otro lado y preguntada por las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para España, la ministra ha indicado que este organismo hace una estimación "muy brusca" de caída, pero también de subida "muy rápida". Díaz espera que las previsiones sobre el paro no se cumplan y ha pedido tomar todas estas previsiones con cautela.
El Gobierno ha aprobado este viernes las nuevas condiciones que regirán los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) relacionados con la pandemia de la COVID-19 hasta el 30 de septiembre, con nuevos esquemas de exoneraciones en el pago de las cotizaciones sociales para las empresas y un supuesto especifico en caso de rebrotes.
Junto a esto, el Ejecutivo también ha dado luz verde, en un consejo de ministros extraordinario, a la extensión de las ayudas a los autónomos también hasta septiembre con una nueva para los de temporada. Se trata de medidas con las que el Gobierno busca seguir protegiendo a empresas, trabajadores y autónomos así como reactivar la economía y el empleo, según ha destacado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que también ha destacado que no variarán la declaración a Hacienda
Los nuevos esquemas de estas ayudas llegan a pocos días de que venzan las actuales condiciones, el próximo 30 de junio, y con el respaldo de las asociaciones de autónomos y de sindicatos y patronal tras intensas negociaciones.
En los ERTE -bajo los que han llegado a estar 3,38 millones de trabajadores y 500.000 empresas, y en los que aún sigue 1,9 millones- el Gobierno establece esquemas de exoneración diferentes según el mes, el tamaño de la empresa y si el trabajador está o no incorporado a la actividad que van desde el 70 % al 25 %. El objetivo del nuevo planteamiento es facilitar el tránsito de la fuerza mayor, una vez concluido el estado de alarma, a los ERTE denominados ETOP vía estos esquemas de transición. También se añade un nuevo esquema para volver al ERTE de fuerza mayor en caso de rebrotes.
En estos casos, que tienen que ser aprobados por las autoridades laborales, se establece una exoneración en las cotizaciones a la Seguridad Social del 80 % para los trabajadores inactivos y del 60 % para los activos en el caso de las empresas de menos de 50 empleados, que bajan al 60 % para los inactivos y al 40 % para los activos para las empresas de más de 50 empleados. En el esquema vigente hasta el 30 de junio las exoneraciones de los ERTE por fuerza mayor oscilaban entre el 100 % y el 30 %.
En todos se mantienen las coberturas ampliadas en las prestaciones por desempleo para los afectados, así como otras exigencias a las empresas que se acojan a ellos: salvaguarda del empleo hasta 6 meses después de reiniciar la actividad, imposibilidad de operar en paraísos fiscales o de repartir dividendos.
Las empresas acogidas a ERTE tampoco no podrán permitir que sus trabajadores realicen horas extra, ni podrán llevar a cabo nuevas contrataciones o subcontrataciones (salvo que se trate de una categoría profesional que no exista en su empresa). En cuanto a la prestación para autónomos -que perciben 1,4 millones, casi la mitad del colectivo- se extiende, ya en forma de cese ordinario, hasta septiembre y se crea una extraordinaria hasta octubre para los autónomos de temporada.
El Gobierno ha explicado que los autónomos que sigan con la prestación extraordinaria existente hasta ahora podrán solicitar la ordinaria acreditando una reducción de la facturación del 75 % en el trimestre de verano -de julio a septiembre- frente al mismo periodo del año anterior.
Para ello no necesitarán esperar a que termine el trimestre sino que pueden solicitar la prestación ordinaria cuando estimen que cumplen los requisitos y acreditarlos documentalmente una vez finalice el trimestre. También se beneficiarán de exenciones en las cuotas: no pagarán la de julio y tendrán una rebaja del 50 % en agosto y del 25 % en septiembre. La prestación será compatible con reanudar la actividad con una cuantía de al menos 950 euros (ayuda de 661 euros mínimo y esa exoneración temporal de la cuota a la Seguridad Social).
En cuanto a la prestación para los autónomos estacionales o de temporada, que se habían quedado fuera de la anterior al no estar dados de alta en la Seguridad Social cuando se decretó el estado de alarma, será también por esas cuantías mínimas y durante cuatro meses (hasta octubre). Podrán solicitarla los autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los últimos dos años se hubiera desarrollado durante los meses de marzo a octubre y hayan estado dados de alta durante al menos cinco meses al año durante ese periodo. Además, sus ingresos en 2020 no podrán superar las 1,75 veces el salario mínimo interprofesional (23.275 euros)