La consejera de Hacienda, Marta Fernández Currás, ha defendido que las demandas que la Comunidad gallega planteará en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles "no influyen en las cuentas del Estado", de forma que sostiene que "no afecta a su déficit ni al techo de gasto" y "no altera la necesidad de endeudamiento general del conjunto de las administraciones públicas".

Las demandas que planteará la Xunta en esa reunión se centran en que el Gobierno central amplíe el plazo de cinco años para devolver al Estado los 2.600 millones de euros que transfirió de más a Galicia en los ejercicios 2008 y 2009, la entrega de los 243 millones de euros correspondientes al Fondo de Cooperación y que se cree "una pieza separada para sanidad" para analizar la financiación de este servicio.

Ante el anuncio del Gobierno central de que propondrá a los consejeros económicos de las comunidades la creación de una regla de gasto similar a la aprobada para el Estado y las corporaciones locales, Fernández Currás ha reivindicado que Galicia es la única comunidad que ha aprobado por ley "una regla de disciplina fiscal como es el techo de gasto" y ha sido "pionera en asumir políticas de austeridad".

Al respecto, ha subrayado que Galicia "ya ha demostrado que es una comunidad seria" y que responde "con compromiso, responsabilidad y rigor" frente a la situación actual, puesto que es, junto con Madrid, "la única autonomía que cumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2009 y en 2010".

OTRAS DEMANDAS

Respecto a los 243 millones de euros del Fondo de Cooperación que reclama la Xunta, la titular de Hacienda argumenta la demanda en que esta partida, que está consignada en los presupuestos de la Xunta de este ejercicio, supone "el cumplimiento estricto del sistema de financiación" vigente. El Gobierno central asegura, por contra, que esta partida no debe ser liquidada hasta 2013.

Para Fernández Currás, es necesario contar con medidas específicas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, ya que la constitución del grupo de trabajo en marzo "no se tradujo en decisiones".

En un comunicado, el Ejecutivo gallego ha mostrado su "preocupación" por la sostenibilidad de las cuentas públicas "a corto y medio plazo", así como por la gestión de los servicios públicos fundamentales correspondientes a las comunidades autónomas.