El PP propone bajar el umbral de inquilino vulnerable de 1.800 euros a 1.080 euros

El PP ha propuesto este miércoles rebajar el umbral de vulnerabilidad de un inquilino, que la ley de vivienda sitúa en una renta de 1.800 euros (tres veces el Iprem), a 1.080 euros (1,5 veces), con el fin de eliminar el "efecto perverso" de que los propietarios exijan nóminas de casi 2.000 euros para alquilar su vivienda.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, que ha planteado esta medida dentro del plan de vivienda que su partido va poco a poco desgranando, la ha enmarcado en la necesidad de "abrir el acceso al alquiler a la mayoría de los jóvenes".

La Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023 modificó, a través de una disposición final, la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que en juicios de desahucio el juez pudiera situar el umbral de vulnerabilidad del arrendatario, con carácter general, en rentas de tres veces el Iprem.

Según el PP, esto ha producido el "efecto perverso" de que los propietarios no estén alquilando sus viviendas a personas con ingresos inferiores a 1.800 euros -lo que afecta sobre todo a los jóvenes-, por temor a no poder desalojarles si dejan de pagar la renta.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Paloma Martín ha vuelto a recordar que su plan integral de vivienda contiene, a través de una reforma de la Ley del Suelo, medidas para liberar suelo desde la administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos y para reducir los plazos de construcción residencial, eliminando burocracia y trámites administrativos.

Otra de las medidas ya anunciadas son la bonificación del 100 % del impuesto de sucesiones y donaciones de las cantidades traspasadas d padres a hijos para la adquisición de una vivienda y la deducción en el IRPF del 100 % de la renta de los propietarios que formalicen nuevos contratos de alquiler de viviendas que lleven en desuso al menos dos años y que sean arrendadas a jóvenes por un mínimo de tres años.

Dentro de su plan de vivienda , los populares incluyen su ley antiokupación para "desalojar okupas en 24 horas".

Tras apuntar que con el "cupo independentista" de Cataluña se podrían construir casi 100.000 viviendas nuevas, la dirigente 'popular' ha insistido en que su alternativa a la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez pasa por promover la construcción de vivienda libre y protegida, con más suelo y menos burocracia; dar más garantías a los propietarios para que pongan sus casas en alquiler y ayudar a quien quiera acceder a una vivienda con menos impuestos.

En vísperas de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se reúna con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial, Martín ha asegurado que las gobernadas por el PP le pedirán que "rectifique su "amenaza de que no contarán con fondos del Estado si no cumplen la ley de vivienda declarando zonas de mercado tensionado.

Martín ha argumentado que la ley de vivienda reconoce la potestad de las comunidades para declarar zonas de mercado tensionado y que, por tanto, si no lo hacen, no están incumpliendo la ley, sino que están cumpliendo su programa electoral, en el que no figuraba la intervención del mercado del alquiler.

A ese respecto, ha subrayado que las comunidades donde gobierna el PSOE -Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra- tampoco están declarando zonas tensionadas.

Respecto a la petición que han hecho hoy los presidentes de la patronal de empresarios CEOE, de la construcción CNC, así como el presidente saliente de la asociación de promotores APCEspaña para que se llegue una alianza de país en materia de vivienda, ha replicado que el PP levaba en su programa electoral llegar a un pacto de Estado, pero que es el PSOE el que se empeña en acordar la política de vivienda con EH Bildu, ERC, Sumar y Podemos.

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