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La Unión Europea da la bienvenida a los chivatos
Los estados miembros tienen dos años para aplicar la norma
Las empresas de más de 50.000 mil trabajadores o los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes deberán proteger a los informadores
La Comisión Europea calcula que proteger a los informadores puede generar 9.600 M€ al año en la UE
Si hablamos de chivato o de soplón seguramente nos vengan a la cabeza algunos ejemplos de casos sonados, como los que ahora proliferan en la Administración Trump y originan hasta el proceso de 'impeachment' del presidente estadoundidense o el (un poco más lejano en el tiempo, eso sí) caso Hervé Falciani, el ingeniero informático del HSBC que se trajo la conocida lista a España y destapó numerosos delitos fiscales.
Seguramente su periplo de idas, venidas, peticiones de extradición y paraderos ocultos no sean muy alentadores para dar ejemplo a futuros colaboradores de la justicia y Bruselas quiere poner fin a que denunciar sea cosa poco más que heroica.
Protección a los chivatos
El Consejo de Justicia y de Asuntos de Interior de la Unión Europea ha dado luz verde a la protección de los chivatos o, dicho más elegantemente, los informadores de delitos. La UE trata de garantizar que quienes destapen irregularidades o corrupción en servicios financieros, blanqueo de dinero, consumo, transporte, sanidad o seguridad nuclear en su ejercicio profesional no tengan que pagar luego con consecuencias legales.
Hasta ahora solo 10 países europeos cuentan con una protección a los informadores. La UE, en su conjunto, solo cuenta con algunas medidas que protegen a los chivatos, sobre todo, en el ámbito financiero. La Comisión Europea ha saludado la medida porque los informadores son "valientes que sacan a la luz actividades ilegales"
Al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ha instruido casos como Lezo o Púnica, no le agrada la definición de "denunciante veraz" que adopta la norma porque le parece muy complicado de definir. Hubiera preferido "denunciante de buena fe" porque la gente "se puede equivocar" y se garantiza un "principio de no represalia".
Canales seguros
Bruselas exigirá "canales seguros" para transmitir la información tanto dentro de las empresas como en las instituciones públicas que deberán preparar a sus funcionarios para tratar este tipo de casos y garantizar que su empleo o su reputación no están en peligro. Estos canales deberán existir en:
- Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.
- Empresas de más de 50 trabajadores. En España hay cerca de 30.000 empresas de este tamaño. Se les pide, además, que desarrollen una cultura corporativa que promueva estas informaciones.
Y deben cumplir con una serie de garantías:
- De anonimato y confidencialidad.
- De dentro hacia fuera: se recomienda que los informadores usen, en primer lugar, los canales internos de su organización. No perderían protección si denuncian fuera de su organización en primer lugar. Iniciar este proceso en el lugar de trabajo supone un filtro para evitar que la bola de nieve del fraude crezca y evitar posibles daños reputacionales.
- Revelación pública: en ese caso la directiva no protege pero establece mecanismos de garantías procesales.
- Debe acusarse recibo de la denuncia. Como dice el juez Velasco, no vale el "hacerse el tontito o el yo que sabía" de las organizaciones.
- Todo tipo de perfiles: ejecutivos, funcionarios, trabajadores de servicios financieros... y cada estado puede mejorar la protección en cada tipo de perfil.
- Apoyo y protección: del denunciante en el tiempo que dure el proceso sin que le afecte de manera personal o profesional.
- Tres meses de plazo: Solo en caso de casos muy complicados se puede extender a seis meses el tiempo para que las denuncias reciban respuesta.
