El registro, que estará en prueba durante dos meses, tiene por objetivo garantizar que los servicios de las VTC cumplen con los requisitos que tienen fijados por ley: que no recogen pasajeros por la vía pública ni en estaciones, aeropuertos, estadios o estaciones, donde solo está previsto el servicio de taxis.

Aemás, se prevé un mayor control sobre este transporte y el cumplimiento del porcentaje de viajes que pueden realizar fuera de la comunidad autónoma de la que poseen su licencia.

A partir del 2 de mayo en caso de que las autoridades detecten eventuales infracciones por parte de las VTC se iniciarán procedimientos sancionadores en un intento por atajar el conflicto abierto con el gremio del taxi, que los acusa de intrusismo y competencia desleal.

El registro se pone en marcha en virtud del Real Decreto aprobado en diciembre de 2017, el que también prohibió a los titulares de licencias de VTC venderlas en los dos años posteriores a su obtención.

Con este Decreto, promovido por el entonces ministro de Fomento Íñigo de la Serna, se pretendió evitar una 'burbuja' de compraventa de licencias VTC ante las miles que concederán estos años los tribunales como consecuencia del vacío legal registrado en el sector entre los años 2013 y 2015. Sin embargo, no fue puesto en funcionamiento.

El Ministerio de Fomento, actualmente dirigido por José Luis Ábalos, pretende poner en marcha este registro en marcha el próximo 1 de marzo.