Estos datos arrojan que para una hipoteca de 100.000 euros puede suponer entre 500 y los 2.000 euros que tendrán que abonar las entidades bancarias, mientras que para la escritura de una hipoteca de 150.000 euros, con un gasto que oscila entre los 750 y los 2.250 euros, según ha deteminado la Tercera Sala del TS del 16 de octubre tras la interpretación del texto refundido de la ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD).
Este impuesto por Actos Jurídicos Documentos varía según las comunidades autónomas: En Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Murcia del 1,50%; en Asturias y Baleares es del 1,20%; en Canarias y la Comunidad de Madrid es del 0,75%; y en Ceuta, Melilla, Navarra y País Vasco, donde es del 0,50%.
Según asociaciones de consumo hay más de ocho millones de hipotecas afectadas por la decisión del Tribunal Supremo, algunas ya han comenzado las reclamaciones por los gastos de formalización de los préstamos, a los que ahora se incluye el pago de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
En esta nueva sentencia, el TS establece que es el prestamista, es decir el banco, quien debe correr con el coste del impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria, y no el prestatario, como ha venido ocurriendo en España.
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La sentencia ha provocado una caída del valor bursátil de la banca. CaixaBank y Sabadell caen por encima del 7% y Bankinter, del 6%, mientras que Bankia pierde otro 4%.
Las pérdidas de la banca española este jueves las mayores entre la banca europea.