Nuevo mazazo judicial de 112 millones a España por el recorte de las renovables

En concreto, España suma tres sentencias en contra del Ciadi, ésta más las anteriores favorables a Eiser y Masdar, además de una ante la Cámara de Comercio de Estocolmo, que falló a favor de NovEnergia, por los recortes a las renovables.

En su fallo, el Ciadi reconoce al fondo una indeminización de 112 millones de euros, frente a los 218 millones de euros que reclamaba, al considerar que el cambio regulatorio fue tan abrupto que vulneraba el artículo 10 de la Carta de la Energía, tratado internacional que garantiza las inversiones internacionales en esta materia, indicaron las mismas fuentes.

En su fallo, el tribunal de arbitraje también estima la reclamación de Antin, que ha estado asesorada por el despacho Allen Overy, respecto al impuesto del 7% a la producción eléctrica. Asimismo, condena a España a pagar el 60% de las costas del proceso.

Antin, que ha reclamado mediante Antin Infraestructure Services Luxembourg y Antin Energia Termosolar BV, compró en 2011 a ACS dos plantas termosolares en Granada, Andasol 1 y 2, y las vendió el año pasado a otro fondo, Cubico, según adelanta 'El Confidencial'.

El pasado mes de mayo, el Estado español ya sufrió un revés por parte del Ciadi, al fallar a favor de Masdar, que pertenece a Mubadala, fondo soberano de Abu Dabi, reconociéndole una indemnización de 64 millones de euros, frente a los más de 250 millones que reclamaba.

Este fallo del Ciadi era el segundo en contra de España, después de que en mayo del año pasado el organismo dependiente del Banco Mundial fallara a favor de Eiser Infraestructure, condenando a pagar 128 millones de euros más intereses a la firma británica.

No obstante, el Gobierno de España presentó ante el Ciadi recurso contra este laudo favorable a Eiser Infraestructure, al considerar que podía existir un conflicto de intereses con el árbitro designado por la firma británica, Stanimir Alexandrov, ya que también formaba parte del tribunal en otra de las demandas presentadas contra España.

Además, el pasado mes de febrero, España registró otro laudo en contra de la Cámara de Comercio de Estocolmo que le obligaba a pagar 53 millones de euros a la firma NovEnergia. De todas maneras, el tribunal de apelación de Suecia decretó posteriormente la suspensión indefinida de la ejecución de este laudo.

Resoluciones en el aire

No obstante, la resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire, ya que el pasado mes de noviembre la Comisión Europea respaldó al Gobierno de España en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la UE era una situación contraria al Derecho de la Unión.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) falló el pasado mes de marzo que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la UE.

Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía.

Dos victorias en los tribunales

Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también decayó la demanda de 6 millones de euros de Solarpark Management, que había denunciado ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC).

España suma casi una treintena de demandas ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, contra los recortes aplicados a las energías renovables por las reformas del Gobierno en los años 2010 y 2013, así como otras más en otros organismos internacionales.

Reclamaciones por más de 7.500 millones

Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las energías renovables asciende a 7.566 millones de euros.

Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros, casi una cuarta parte de todas la cantidad demandadas a España.