¿Podríamos saber el impacto en el empleo de la subida del salario mínimo? Sí. ¿Es posible conocer los efectos de determinados impuestos? También. ¿Se puede mejorar el nivel de ahorro de cara a la jubilación con otros incentivos? Por supuesto.

En la era de ‘el dato es el nuevo petróleo’ quien no analice el impacto de sus decisiones es porque no quiere. En España hay que cambiar unos cuantos chips (físicos y mentales) para convertirnos en un país que evalúa lo que hace, sobre todo en el terreno de lo público. Sara de la Rica (Bilbao, 1963), directora de ISEAK, es una de las economistas españolas que más sabe sobre estos procesos de análisis de las políticas.

Además de la barrera de los datos (que no es poco), tiene que terminar de calar en la administración la necesidad de evaluar, de buscar las llamadas ‘políticas basadas en la evidencia’. España va con mucho retraso en este campo si se compara con otros países avanzados. No es por falta de expertos. “Tenemos muchos investigadores que saben hacer este análisis”, asegura de la Rica. “ISEAK, conjuntamente con AFI, IVIE y KSNET, todos ellos con experiencia en evaluaciones de muchas políticas de diferente índole, hemos creado una alianza para colaborar. La tarea es ingente”.

Ya se intentó avanzar en 2007 con una Agencia de Evaluación. Era una de las medidas estrella del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Duró diez años y sirvió de poco. Ahora el Ejecutivo habla de la Oficina del Dato. Poco más se sabe. De la Rica es optimista: “Estamos en otro contexto donde cada vez se entiende mejor que las evaluaciones rigurosas son necesarias para aprender y mejorar”.

Pregunta: En los presupuestos que se acaban de presentar no hay ni una línea hablando de la necesidad de evaluación de las políticas públicas, ¿le sorprende?

Respuesta: No mucho, sinceramente. Todavía en este país no está generalizada la cultura de la evaluación, que deben hacerla agentes externos e independientes. Con esto no quiero decir que ningún estamento público lo haga, pues no sería cierto, pero es verdad que la práctica está lejos de estar generalizada.

P: Se supone que en el caso del ingreso mínimo vital (IMV) sí que se evaluará su eficacia. ¿Es un caso fácil o es más una cuestión de diseño de la propia política?

R: No es ni más fácil ni más difícil que muchas otras políticas, pero me consta que el ministro José Luis Escrivá sí cree en la necesidad de la evaluación de la eficacia de las medidas. Es más una cuestión de creer en esos procesos como mecanismos para aprender y mejorar que una dificultad de implementar esa evaluación.

P: Resulta sorprendente que para el diseño del IMV se haya unido por primera vez tres de las bases de datos más importantes del país: Agencia Tributaria, Seguridad Social y el INE

R: Pues porque nadie con suficiente cercanía al Gobierno lo había necesitado hasta ahora. Así de simple. El ministro Escrivá conoce las posibilidades de los cruces de información (cruces que por cierto están muy instaurados en otros países). Yo participé en un plan estratégico del INE en el año 2012. Todos los expertos coincidimos en que era prioritario unir esas bases de datos. Nuestra petición no llegó a ningún sitio. Llevamos mucho retraso con respecto a otros países de nuestro entorno.

P: Usted sostiene que el problema no es una falta de datos, sino que están muy dispersos...

R: Exacto. Los diferentes niveles de la Administración cuentan con cantidad ingente de datos muy útiles para el análisis y la evaluación. Pero como la información no se cruza, no es posible acceder a todos los datos disponibles sobre un individuo o una empresa. Y sin embargo, el cruce es fácil, siguiendo el NIF o el CIF. Por supuesto, para el acceso a esa información es necesaria la anonimización previa para preservar la confidencialidad. Pero eso es algo sencillo.

P: Si supiéramos si las políticas funcionan o no, ¿sería más fácil ponernos de acuerdo en qué hacer?

R: ¡Claro! Existe un primer requisito: que quien realiza la política quiera ser evaluado para aprender y mejorar en su toma de decisiones. Es muy importante que se perciba al evaluador/a como un agente que acompaña a las instituciones en sus análisis. Todavía hay quien se resiste, pero soy optimista por la tendencia que observo. Para aquellos que han pasado ya a ese estado, las evaluaciones rigurosas les dan la autoridad para modificar o reforzar sus políticas. Tienen la evidencia científica y eso les da seguridad en su toma de decisiones.

P: Es decir, la evaluación puede darle mayor legitimidad a una política...

R: Sin duda. Si yo fuera la responsable de diseñar e implementar políticas, siempre estarían acompañadas de una evaluación, tanto antes pero sobre todo, después. Hay que analizar la eficacia pero también la eficiencia. Esta última tiene que ver con el gasto incurrido, que también es otro punto esencial. Me sentiría mucho más legitimada a tomar decisiones con esa información. Entiendo que quien gobierna está muy expuesto a la crítica por parte de la oposición, y una evaluación negativa da munición a la crítica política, que es feroz muchas veces. Pero en una evaluación no todo es blanco o negro. Normalmente hay grises, es decir, aspectos que han funcionado bien, otros son mejorables… Es fundamental que quienes evalúan tengan esta actitud positiva y constructiva.

P: Un político, ¿tiene incentivos a evaluar sus propias políticas?

R: Depende cuáles sean los objetivos con los que se presenta al cargo. Si lo que pretende a toda costa es “salir bien en la foto”, entonces quizá no tenga incentivos. Y no porque una evaluación necesariamente te haga “salir mal”, pero en muchos casos sólo el riesgo les hace sentirse reticentes. En los últimos años desde ISEAK hemos realizado numerosas evaluaciones de políticas a diversas instituciones y nos hemos encontrado de todo: desde quien se muestra muy reticente hasta quienes ven en la evaluación la evidencia, buena o mala, que les ayuda en su toma de decisiones. Veo una tendencia creciente entre estos últimos.

P: ¿Sólo reforzando la AIReF (la autoridad independiente fiscal) se podría dar un salto cualitativo en las políticas basadas en evidencia?

R: La AIReF se ha ganado una gran credibilidad por sus evaluaciones rigurosas y por generalizar una metodología moderna que estaba bastante ausente en el panorama español, fundamentalmente en el institucional. Ha dado a conocer la evaluación contrafactual, muy necesaria para identificar realmente la eficacia de las medidas en los objetivos a alcanzar. Son metodologías muy asentadas en el mundo académico, pero no tanto en el mundo institucional. Creo que a partir de ahora, estos tipos de evaluaciones serán más utilizados, pues realmente permiten aprender a quien las realiza. Pero además de la AIReF hay más agentes que pueden realizar un trabajo riguroso.

P: ¿En qué consiste esa metodología de evaluación contrafactual?

R: Imaginemos que se quiere evaluar el impacto de un curso de formación en el empleo. Tenemos los datos de las personas que han asistido y cómo les ha ido luego. La evaluación contrafactural lo que haría es ‘construir’ otro grupo de personas similares que no hayan recibido esa formación y analizar las diferencias. Si las hay, entonces se debe al impacto de esa acción formativa. Hay muchas técnicas para simular esas situaciones.

P: Ahora mismo, ¿qué tipo de cuestiones considera prioritario que se deberían analizar?

R: Desde mi especialidad, creo que es imprescindible evaluar estas acciones formativas a personas en paro. El montante gastado es muy sustancial, se han otorgado muchísimos cursos y la eficacia de muchos está en entredicho. Si la formación que se ofrece a personas sin empleo no termina en un trabajo ha de revisarse esa formación y reorientarla. Para eso hace falta disponer de mucho mayor conocimiento de lo que demanda el mercado y reorientar la formación hacia los perfiles más necesitados.