La introducción de un modelo mixto que combinase un único tipo de contrato laboral con el establecimiento de un fondo individual para el recurso de los trabajadores en caso de despido o complemento de su jubilación, también llamado 'mochila austriaca', contribuiría de manera sustancial a la reducción de la dualidad existente en el mercado laboral español, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su análisis de la economía española.

"La conclusión de la simulación es que la propuesta mixta de contrato único y un 'fondo austriaco' tiene el potencial de reducir significativamente la segmentación del mercado laboral en España, sin aumentar el coste del despido para las empresas ni reducir la protección del empleo para los trabajadores", afirma la institución.

En este sentido, el FMI expone que la introducción solamente del contrato único podría ayudar a reducir la proporción de empleo temporal al mínimo, al tiempo que reduce los costes de despido para los empleadores, aunque, desde la perspectiva de los trabajadores reduciría sustancialmente las indemnizaciones por despido previstas a lo largo de su vida laboral en relación con el statu quo.

En contraste, un modelo mixto de contrato único más 'mochila austriaca' podría tener efectos similares sobre la dualidad del mercado laboral, pero permitiría a la mayoría de los trabajadores recibir indemnizaciones por despido más altas, mientras que los costes de despido para los empleadores bajo este modelo serían similares a los del sistema existente en 2011.

Aparte de estas reformas, el FMI subraya la necesidad de abordar otras políticas destinadas a reducir los costes legales y administrativos de los contratos indefinidos, especialmente las enfocadas a reducir las incertidumbres legales y administrativas del procedimiento de despido, incluyendo la simplificación de posibles causas para la nulidad y la diferenciación de las acciones correctivas entre motivos procesales y sustanciales.

Asimismo, el Fondo apunta que las políticas activas del mercado laboral deberían centrarse en mejorar la empleabilidad de los jóvenes y los desempleados de larga duración, mientras que la introducción de medidas para mejorar la formación y la educación, así como aumentar los incentivos para la movilidad laboral también podrían ayudar a que jóvenes y desempleados poco cualificados vuelvan al mercado laboral.

En particular, señala la institución, una mejor coordinación entre las empresas y las universidades y una mayor participación de las empresas en el desarrollo de planes de estudio para el sistema de educación profesional podrían impulsar el acceso al mercado laboral de los jóvenes graduados y satisfacer las necesidades de habilidades de los empleados. Además, la mejora del aprendizaje permanente podría garantizar la adopción oportuna del capital humano existente a la demanda de habilidades en rápida evolución.

Por otro lado, el FMI alerta de que la tendencia al alza en el uso de contratos de muy corta duración en España, especialmente entre los jóvenes y los trabajadores poco calificados, "justifica un análisis exhaustivo y medidas contra el abuso", mientras que señala que el plan de las autoridades españolas para actualizar el Estatuto de los Trabajadores "es un paso positivo hacia la protección del bienestar de los trabajadores, pero debería apuntar a mejorar el bienestar social de estos sin erosionar la competitividad de la economía".

Otro de los problemas analizados en más profundidad por el FMI es el acceso a la vivienda en alquiler en España, cuya demanda ha aumentado en los últimos años, especialmente entre los hogares jóvenes de algunas zonas urbanas, sin que la oferta haya mantenido el compás de este incremento, lo que contribuyó a un alza de los precios con anterioridad a la pandemia, agravando la desigualdad entre generaciones y la inmovilidad laboral.

La institución advierte de que la Gran Reclusión puede agravar estos problemas de acceso a la vivienda al comprimir los ingresos relativamente en mayor medida que la posible caída de los precios del alquiler, en particular una vez expiren las medidas de alivio temporal adoptadas por España, incluida la moratoria sobre desalojos y los pagos de alquiler.

Asimismo, señala que la crisis también puede afectar de manera desproporcionada a los grupos vulnerables, como los jóvenes, los hogares pobres y los migrantes, que a menudo alquilan.

En su análisis de la situación del mercado de alquiler en España, el Fondo denuncia que, en su conjunto, la normativa parece ser más ineficaz que en otros países europeos comparables y plantea que se deben evitar tanto la protección excesiva del arrendamiento como la alta inseguridad jurídica para el sector inmobiliario con el fin de evitar efectos adversos en la oferta de viviendas de alquiler que intensifiquen los problemas de asequibilidad.

De otro lado, el FMI propone que los diferentes niveles de Gobierno centren sus esfuerzos en abordar las limitaciones del lado de la oferta, incluyendo como prioridades facilitar y simplificar la regulación del uso del suelo; acelerar los procesos de recalificación, especialmente para el desarrollo de viviendas asequibles; incrementar el stock de vivienda social en alquiler, focalizándolo principalmente en personas de bajos ingresos; mejorar la eficiencia de los procesos regionales de otorgamiento de derechos de arrendamiento y asegurar una buena infraestructura pública entre ciudades de rápido crecimiento.