{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves que la Agencia Tributaria registró una recaudación récord de 15.700 millones de euros en lucha contra el fraude fiscal en 2019, lo que supone un 4,1% más respecto al ejercicio anterior. Un dato que los técnicos de su departamento, agrupados en Gestha, valoran como positivos pero que creen que no es como "para alardear".
Así lo ha adelantado durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda para detallar las líneas generales de su departamento, en la que ha avanzado que todo apunta a que el año pasado se volvió a registrar un nuevo récord de recaudación en lucha contra el fraude, al recuperarse más de 15.700 millones de euros, un 4,1% más.
Montero ha indicado que se va a seguir mejorando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya que "algunos contribuyentes no declaran por desconocimiento o porque no tienen los datos".
Por ello, ha explicado que se ampliará el borrador del IVA, con información de carácter censal; así como el envío de datos fiscales en el Impuesto de Sociedades, similar al del IRPF, que se prevé efectuar ya en la Campaña de la Renta de 2019 para desarrollarlo en julio de este año.
También se crearán administraciones de asistencia digital integral para facilitar la atención y dar un "salto cualitativo" en la asistencia a los contribuyentes, con oficinas cuyo horario será "mucho más amplio y sin necesidad de desplazamientos". La prueba piloto se pondrá en marcha en otoño en Valencia enfocada al IVA y a la asistencia social, para más adelante ampliarse a otros impuestos.
La ministra también ha indicado que se está trabajando para que vea la luz el proyecto de ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, cuyo anteproyecto fue aprobado ya la pasada legislatura pero decayó por la convocatoria de elecciones, y que recogía un amplio abanico de medidas.
Entre otras, incluirá la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros entre profesionales, el reforzamiento de la lista de morosos con los responsables solidarios y la aparición de los deudores a partir de 600.000 euros (ahora es un millón), la prohibición de amnistías fiscales y la adopción de medidas internacionales de lucha contra el fraude.
El sindicato Gestha valora el nuevo récord al superar el anterior hito de 15.663,59 millones alcanzado en 2015, ya que considera que parece que se ha superado el "impasse" en el avance de la lucha contra el fraude que se produjo en el trienio 2016-2018.
La organización sindical ha realizado una serie de propuestas al futuro proyecto de ley de lucha y prevención contra el fraude, que la ministra ha anunciado que prevé retomar esta legislatura, entre las que destaca la elaboración periódica por expertos independientes de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en España y del fraude fiscal y laboral, desagregado en en niveles en función de territorios, sectores económicos e impuestos.
Así, el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, aboga por crear una estrategia con objetivos anuales y plurianuales y comprender las modificaciones organizativas, los medios humanos y materiales y las fórmulas de coordinación y colaboración entre administraciones tributarias, necesarios para conseguirlo.
También propone rendir resultados una vez al año, a través de un modelo estándar que permita conocer, con "plena transparencia" los resultados de la gestión directa de las agencias y consorcios tributarios en la lucha contra el fraude.
Sobre el aumento de las responsabilidades de los técnicos (que son el 28,4% de la plantilla total de la AEAT) cree que puede materializarse mediante la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, como se planteó en 2006 por la mayor parte de los grupos parlamentarios en el Congreso, durante la tramitación de la ley de medidas para la prevención del fraude fiscal.
En este sentido, considera que la creación de un Cuerpo Superior Técnico supondría la habilitación de los 8.500 técnicos del Ministerio de Hacienda para realizar funciones superiores a las actualmente encomendadas, lo cual supondrá duplicar las actuaciones de control tributario y aduanero y el control de las subvenciones y ayudas públicas previstas, intensificar y mejorar el control del gasto público, incrementando así la eficacia en la prevención y reducción del fraude y el déficit público.