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El Índice DEC 2018 que elabora la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales refleja varias realidades a tener en cuenta. Una que dejan clara los autores del informe para no crear alarma social de forma innecesaria es que la pobreza no es sinónimo de exclusión social en España hoy, aunque sí suponga riesgos, más aún si no sale de ese pozo y se entra en la cronificación. La realidad es que nos faltan 1.300 millones. En 2010 se destinaba el 1,68% del PIB a servicios sociales y ahora el 1,57%. La Administración General del Estado no ha superado los recortes, mientras que las Comunidades tiran del carro. Otra realidad es que la desigualdad entre comunidades se está reduciendo desde 2013 hasta ahora (se ha pasado de 2,07 puntos a 1,34 de diferencia).
El primer dato que deja claro el informe es que sigue habiendo dos Españas, la norte y la sur. Castilla y León ocupa el primer puesto en la clasificación de comunidades autónomas que mejor prestan servicios sociales, con una nota de 7,45 puntos, por encima de País Vasco, con un 7,20, y Navarra, con 7,15.
Así, en el Índice DEC 2018 señala que Castilla y León obtiene, por primera vez, la mayor puntuación entre todas las comunidades autónomas españolas. La tabla de puntuaciones es la siguiente: Castilla y León con 7,45; País Vasco 7,20; Navarra 7,15; Asturias 6,35; La Rioja 5,95; Castilla La Mancha 5,85; Cataluña 5,30; Baleares 5,25; Cantabria 5,20; Aragón 5,15; Andalucía 4,80; Extremadura 4,75; Galicia 4,70; Canarias 3,75; Murcia 3,35; Comunidad Valenciana 3,30; Madrid 3,20.
El País Vasco destina más del doble de inversión por habitante y año en servicios sociales (703, 72 euros al año) que Murcia destina 297 euros. La Rioja destina 483,83 euros y Castilla León 433,22 euros. Cataluña destina 369, 56 euros, Asturias, 459,76 euros, Castilla La Mancha 428,63 euros, Baleares, 410 euros, Aragón 417,41 euros, Cantabria 420,5 € en 2018; Extremadura, 456, 53 euros, Galicia destina 332,78 euros, Andalucía, 344,14 euros, Canarias, 372,48 euros, Murcia, destina 297,12 euros, Valencia, 303,85 euros, y Madrid, 338,28.
Extremadura destina de su PIB regional a servicios sociales el 2,594%, que es 2,5 veces más que Madrid (1,007%). Las administraciones públicas de Asturias usan el 11,37% de su presupuesto a servicios sociales, mientras que en Valencia supone el 8,02%.
Navarra es la Comunidad que cuenta con un profesional de los servicios sociales por cada 890 habitantes mientras que Madrid tiene uno por cada 8.354. Castilla León es el rey de la dependencia. El 13,635% de su población recibe este servicio y solo un 1,6% está pendiente de hacerlo mientras que en Canarias lo necesita el 5,41% de la población y su lista de desatención es del 29,3%.
País Vasco por su parte es el rey de las rentas mínimas. Tres de cada cuatro personas en riesgo de pobreza recibe una (76,3%), y Navarra la sigue con un 66,1%, dos de cada tres. En este sentido Castilla la Mancha solo cubre al 2,1%. Andalucía, Baleares, Canarias, Extremadura y Murcia al 5%. Extremadura y Asturias gastan proporcionalmente mucho pero les rinde poco. No están desarrollados a nivel local. Castilla León y Cataluña son un ejemplo de administración local.
Un año más, el País Vasco sigue siendo la Comunidad mejor valorada en el cómputo global por el desarrollo de su Sistema Público de Servicios Sociales, si bien pierde la calificación de 'Excelente' y reduce su puntuación global en los últimos años, siendo en 2018 de 4,5 décimas inferior a 2017 y 8,5 décimas menos que en 2015, año en el que alcanzó su mayor puntuación.
El gasto por habitante y año pasó de 611,8 € en 2016 a 703,72 € en 2018 (la media estatal es de 381,25 €). Su gran reto es impulsar los acogimientos familiares de menores, ya que en este aspecto el País Vasco tiene la peor ratio de todas las Comunidades.
Navarra es, junto con País Vasco, la única Comunidad que obtiene la calificación de “Alto” en el desarrollo de su Sistema Público de Servicios Sociales. No obstante, su puntuación global se reduce en 0,25 puntos respecto al año anterior, como consecuencia de la pérdida de relevancia económica.
Su gasto por habitante y año pasa de 600,37 € en 2016, a 573,63 € en 2018. Navarra debe asumir un compromiso con la innovación, al ritmo que marcan las nuevas circunstancias y necesidades de la sociedad actual.
El gasto por habitante ha pasado de 388,65 € en 2016 a 433,22 € presupuestados en 2018. La recomendación es que la Junta de Castilla y León y Entidades Locales implicadas (Diputaciones y Ayuntamientos), que consideren a los servicios domiciliarios como una prioridad de carácter estratégico.
Su gasto por habitante ha pasado de 425,25 € en 2016 a 483,83 en 2018. Su reto es incrementar la cobertura y la cuantía de sus Rentas Mínimas de Inserción.
Cataluña, debe mejorar la ayuda a domicilio y cobertura a las mujeres víctimas de violencia
El gasto por habitantes de la Generalitat y de las entidades locales de Cataluña fue en 2016 de 335,05 € y en 2018 de 369,56 €. Debe reducir su elevado porcentaje de desatención en el Sistema de Atención a la Dependencia. Cataluña tiene un porcentaje muy elevado de personas con derecho reconocido a recibir prestaciones o servicios por su situación de dependencia, y que no los están recibiendo: el 32,6%, es decir, casi una de cada tres personas con derecho reconocido, muy por encima de la media del conjunto del Estado, que es del 19,2%. También debe incrementar la intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio, tan importante para favorecer la permanencia de las personas en su hogar. La intensidad horaria de este servicio en Cataluña es muy baja, con una media de 10,25 horas mensuales en 2016, muy por debajo de la media estatal, que es de 18,89 horas mensuales. El informe resalta que Cataluña es deficitaria en plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, con 3,42 plazas por cada 100 mujeres con orden de protección, cuando la media en el conjunto de España es de 9,91.
Su gasto por habitante pasa de 408,31 € en 2016 a 459,76 en 2018. Es una de las comunidades menos eficientes en la gestión de sus servicios sociales. Debe constituir una prioridad en Asturias el desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia, destinar recursos para mejorar la dotación de domiciliarios, residenciales y de estancias diurnas para personas mayores y con diversidad funcional, en los que está por debajo de la media estatal. Debe mejorar en ayuda a domicilio o teleasistencia.
El gasto por habitante fue de 392,58 € en 2016 y de 428,63 € en 2018. Necesita un cambio radical en su política de rentas mínimas de inserción. En esta materia Castilla-La Mancha se encuentra en la peor posición de todas las comunidades, lo que supone una grave discriminación para su población en situaciones de pobreza y riesgos de exclusión social. También se sitúan por debajo de la media estatal la media de horas de ayuda a domicilio (17,0 de media mensual frente a 18,89 horas de media estatal) y en plazas residenciales para personas sin hogar, con 16,5 por cada 100.000 habitantes, siendo la media estatal de 62.
Cuenta con un gasto por habitante de 410,1 €. Uno de sus puntos débiles está en sus rentas mínimas de inserción, con una cobertura de solo un 4,9% de su población bajo el umbral de la pobreza, frente al 8,0% de media estatal. Y su cuantía representa, como media por perceptor, solo el 4,88% de la renta media en Baleares, mientras que en España este porcentaje es del 13,21%. Tiene déficits en sus servicios para personas mayores, tanto en plazas residenciales de financiación pública (1,61% de cobertura en Baleares frente al 2,47% de media estatal), como de estancias diurnas (0,94% frente al 1,09%), ayuda a domicilio (1,74% frente al 4,2%) y teleasistencia (3,91% frente al 9,29%).
Mantiene un gasto por habitante y año por encima de la media estatal 417,41 € frente a 381,25 €. Debe aprobar una Ley de Renta Básica que se adecúe a las nuevas necesidades, incrementar la intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio. Debe mejorar las plazas residenciales de carácter público (2,20% frente al 2,47% de media en España), centros de día (0,63% frente a 1,09%) y en teleasistencia (5,52% frente al 9,29%). Tiene un déficit de profesionales de sus servicios sociales comunitarios en una comunidad tan dispersa geográficamente, con un profesional por cada 2.964 habitantes, frente a 2.348 de media estatal.
Contaba con un gasto por habitante de 431,8 € en 2011, y ahora está 420,5 € en 2018. Debe reforzar las estructuras básicas de los servicios sociales a nivel local, incrementando la ratio de profesionales por habitante e incorporar a las entidades locales de Cantabria a la gestión del Sistema de Atención a la Dependencia. Resulta paradójico que en algunos territorios aparentemente sencillos de coordinar por su reducido volumen (muchas veces comunidades uniprovinciales) se produzca una trágica descoordinación entre los niveles autonómico y local que se agrava especialmente cuando la misma se produce entre grandes ayuntamientos y el gobierno regional. Las cifras de la inversión en Servicios Sociales denotan que la eficiencia es muy mejorable en Cantabria.
Su gasto por habitante es de 456,53 € en 2018. Está un 31,5% por encima de la media estatal, pero es la comunidad menos eficiente en la gestión de sus servicios sociales. El principal reto que tiene Extremadura en materia de servicios sociales sigue siendo, un año más, analizar su sistema público para detectar las circunstancias que limitan su eficiencia. Cuenta con solo un profesional por cada 3.592 habitantes, una de las ratios más bajas de todas las comunidades, y muy inferior a la media que es de 2.348.
Gasto por habitante y año en 2016: 274,91 €, y en 2018 332,78 €. Debe mejorar la cobertura y dotación del Sistema de Rentas Mínimas de Inserción, que se encuentra muy por debajo de la media estatal, beneficiando solo al 6,8% de las personas por debajo del umbral de la pobreza en esa Comunidad (la media estatal es del 8,0%). Otro de sus retos es continuar incrementando la cobertura del Sistema de Atención a la Dependencia, hasta acercarse a la media estatal de cobertura de su población potencialmente dependiente, que en Galicia solo alcanza al 7,75% mientras que en España es de 10,07%. Debe incrementar los servicios para personas mayores, especialmente las plazas residenciales, con una cobertura de 1,08%, menos de la media estatal (2,47%), en ayuda a domicilio y en teleasistencia, donde con una cobertura de 2,75% es solo un tercio de la media estatal (,9,29%). En las conclusiones de este informe, los expertos determinan que el "principal desequilibrio" del sistema público de servicios en Galicia puede expresarse mediante la analogía de los "derechos de papel", es decir, un sistema "bien ordenado" y con varios instrumentos normativos, pero que tiene "una relevancia económica débil" y una cobertura "todavía reducida de prestaciones y servicios".
En la clasificación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales su puntuación global retrocede 4,5 décimas respecto a la anterior aplicación. Las Administraciones Públicas de Andalucía (Comunidad Autónoma y Entidades Locales) incrementan el gasto corriente por habitante y año (de 291,64 € en 2014 a 344,14 € en 2018), si bien continúan estando por debajo de la media a nivel estatal que es de 381,25 € en el último año.
Deben invertir, en su conjunto -Junta de Andalucía y Entidades Locales- 311 millones de euros más al año. Andalucía debe incrementar aún más la cobertura de sus Rentas Mínimas de Inserción, ya que siguen muy por debajo de la media estatal, beneficiando al 4,5% de las personas por debajo del umbral de la pobreza en esa Comunidad (la media estatal es del 8,0%).
De la misma manera el porcentaje que supone la cuantía media de estas rentas en relación con la renta media de la Comunidad es también inferior a la media estatal (10,45% frente al 13,21%). Tienen el reto de incrementar el número de plazas residenciales de financiación pública (propias de la Administración o concertadas) para personas mayores, ya que, siendo un servicio de tan necesario, su índice de cobertura sigue estando en Andalucía muy por debajo de la media de España (1,92% frente al 2,47%). Andalucía no alcanza la nota promedio en ninguno de los índices evaluados: 0,8 en derechos reconocidos (por 0,88 en la media de España), 1,7 en gastos empleados (1,84 en España) y 2,3 en cobertura efectiva (2,51 en España).
La inversión por habitante y año en 2018 es de 372,48 € en Canarias. Una de sus grandes debilidades son sus estructuras básicas de servicios sociales en el ámbito local, con un profesional por cada 3.155 habitantes en Canarias, cuando la media estatal es de un profesional por cada 2.348 habitantes. En Canarias solo reciben atenciones del Sistema de atención a la dependencia el 5,34% de su población potencialmente dependientes, casi la mitad de la media a nivel estatal que es del 10,07%. Así mismo, su tasa de desatención de dependencia es del 29,3%, una de las más elevadas de España, siendo la media estatal de 19,2%. Canarias es deficitaria en la mayor parte de servicios sociales para personas mayores, en especial en plazas residenciales de financiación pública, con una cobertura del 1,20%, siendo la media estatal de 2,47%, en ayuda a domicilio, con 3,67% frente a 4,20% y en teleasistencia, con 1,77% frente al 9,29% de media estatal.
Su gasto por habitante fue de de 262,39 € en 2016 y de 297,12 € en 2018. Para alcanzar la media de gasto en servicios sociales en el conjunto del Estado, las Administraciones Púbicas de la Comunidad de Murcia (Gobierno Regional y Entidades Locales), tendrían que incrementar sus presupuestos casi un 30% (28,3%), lo que supondría 124 millones de euros anuales más que, con su actual dibujo competencial y de cargas presupuestarias, se deberían traducir en 22 millones más desde las entidades locales y 102 millones más desde el Gobierno de Murcia. Le queda mucho.
En 2015 comienza el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales en la Comunidad de Valencia, ya que hasta esa fecha el deterioro, la nula relevancia y la ausencia de evolución o mejora, eran las constantes registradas año tras año. Su gasto por habitante ha pasado de 204,23 € en 2014, a 251,16 € en 2016, y 303,85 € en 2018.
Debe avanzar en la aplicación de la Ley de la Dependencia. A pesar de los innegables progresos en esta materia en los últimos años, especialmente en la reducción de su tasa de desatención Valencia todavía se encuentra por debajo de la media del conjunto de las Comunidades Autónomas (un 6,49% de su población potencialmente dependiente, frente al 10,07% de media estatal). Incrementar los servicios residenciales y diurnos de financiación pública para personas mayores y para personas con discapacidad e incrementar las plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, y las plazas de alojamiento para personas sin hogar son sus retos más acuciantes.
La evolución de su Sistema Público de Servicios Sociales muestra un estancamiento desde 2015 que, en algunos aspectos, es incluso un retroceso. Su gasto por habitante fue de 309,6 € en 2016, para pasar a 338,28 en 2018, es decir, casi un 10% inferior a la media estatal. Es significativo que, en 2018, como ocurrió el año anterior, ningún Ayuntamiento de más de 20.000 habitantes de la Comunidad de Madrid se encuentre entre los que destacan por su excelencia en inversión social. Constituye también un reto para la Comunidad de Madrid y para sus Ayuntamientos reforzar la red básica de servicios sociales de las entidades locales de su territorio, ya que tiene una tercera parte de profesionales por habitantes en comparación con el resto de España.
Esta debilidad de su red básica puede ser una limitación que afectan a la eficacia y eficiencia de los servicios sociales en esta Comunidad. Este refuerzo de la red básica no puede lograrse sin abordar como prioridad número uno el diálogo con los ayuntamientos madrileños y el alineamiento de todos ellos en torno a una estrategia compartida que mejore la vertebración del sistema. La Comunidad de Madrid no puede seguir siendo ejemplo de duplicidades y descoordinación entre niveles administrativos, lo que resulta especialmente doloroso considerando el alto nivel que mantienen sus equipos técnicos. El informe recomienda a la Comunidad de Madrid que devuelva a las entidades locales la delegación de competencias en materia de dependencia que incluyen la encomienda de gestión, de altas y registro informático de solicitudes, valoraciones nuevas y de revisión de grados y niveles. La retirada en 2018 de esta delegación de competencias ha limitado la implicación local en los servicios sociales que, como todas las evidencias ponen de manifiesto, es un elemento de eficacia y de eficiencia.
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