El comunicado del Gobierno sobre su compromiso con la derogación de la reforma laboral "en los términos del acuerdo de coalición y del Plan de Recuperación enviado por el Ejecutivo a la Comisión Europea", lo que viene a significar significa que Pedro Sánchez ha aceptado "derogar" la reforma laboral de 2012 como ha defendido hasta ahora la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Así, la hoja de ruta pasa por cerrar un acuerdo con los agentes sociales antes de que acabe el mes de noviembre, tramitar por decreto la nueva normativa en diciembre para que entre en vigor a partir de enero.

Los detalles de la negociación de la reforma laboral se desconocen, por respeto al diálogo social y sus interlocutores, pero ateniéndonos al plan enviado a Bruselas y el acuerdo de coalición, se pueden desglosar aquellas normas cuya modificación o eliminación están sobre la mesa. Simplificación de contratos, reducción de la temporalidad excesiva, generalización del contrato indefinido o una adecuada regulación de la subcontratación son algunos de los puntos clave que se pretenden derogar o modificar de la reforma laboral del PP a raíz de los documentos enviados a Bruselas, según desgrana 'La Razón'.

Antes de la reforma del PP de 2012 prevalecía el convenio sectorial sobre el de empresa, de modo que una compañía solo podía elaborar un acuerdo propio si mejoraba el convenio del sector. Esto cambió con la reforma de Mariano Rajoy, y proliferaron los convenios de empresa que empeoraron las condiciones sectoriales, algo que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, defendió recientemente.

Pese a sus declaraciones, sindicatos y Trabajo quieren volver al punto de partida antes de que entrara en vigor la reforma laboral del PP. “Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”, decía el acuerdo de coalición.

La recuperación de la ultraactividad en los convenios colectivos es otro de los puntos que está sobre la mesa de negociación. Hasta la reforma laboral del PP de 2012, los convenios cuya vigencia caducaba seguían en vigor hasta la firma de uno nuevo, lo que daba a los sindicatos más tiempo y más poder de negociar convenios al alza.

El acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos pretende recuperarlo: “Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo”.

El acuerdo de coalición de Gobierno contempla la modificación del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, que recoge que el empresario "podrá suspender el contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción", modificar unilateralmente sus condiciones en determinados casos (existencia de pérdidas, disminución de ingresos o ventas). “Limitaremos la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa”, expresa el texto.

Además, el Plan de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas contempla “un mecanismo permanente de flexibilidad interna de las empresas alternativo al despido, reforzando la inversión en formación y recualificación y la prioridad de la reducción de jornada y de suspensión de contrato”.

Otro punto clave de la negociación será la simplificación de los tipos de contratos para generalizar el contrato indefinido y así paliar la temporalidad. De esta manera, las modalidades contractuales se reducirán a estas tres: contrato indefinido, el contrato temporal justificado y limitado, y contrato de formación. En este sentido, el Plan enviado por España a Bruselas el pasado mes de abril contempla “favorecer la transición hacia contratos indefinidos, en particular mediante la simplificación del sistema de incentivos a la contratación”.

El Gobierno tiene la intención de limitar los casos en los que se puede recurrir a la subcontratación y evitar que los trabajadores externalizados cobren por debajo del convenio sectorial ni tengan peores condiciones laborales. Así lo expone el acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos: “Modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa”.

“Reforzaremos el principio de causalidad en la contratación temporal y las sanciones aplicables a su uso fraudulento de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo, promoviendo las reformas legislativas necesarias para ello”, explicita el acuerdo de Gobierno, en consonancia con el objetivo simplificación de contratos. E Ministerio de Trabajo anunció recientemente que quiere limitar al 15% la cifra de trabajadores temporales que conformen el esqueleto de las empresas.

Aunque esto no atañe directamente a la derogación de la reforma laboral del PP, la negociación actual también contempla el establecimiento del Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE), el nuevo esquema llamado a sustituir a los actuales ERTE extraordinarios, que tendrá una duración máxima de un año si se logra acuerdo con la representación de los trabajadores y de seis meses si no hay acuerdo.

Respecto a los beneficios en materia de cotizaciones de la empresa, estos estarán condicionados al mantenimiento del empleo de los trabajadores afectados hasta seis meses después de terminar la aplicación del MSE. Durante la aplicación del mecanismo estarán prohibidas las horas extra, las externalizaciones de la actividad y las nuevas contrataciones.