Los promotores de vivienda tienen un plan que necesita 72.000 millones hasta 2015

Durante su intervención en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, el presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Jose Manuel Galindo, explicó que estos créditos al promotor que las entidades financieras otorgarían hasta 2015 serían subrogados por el comprador tras los dos años que se tarda en construir la casa.

Galindo planteó la necesidad de un plan "razonable" para el sector inmobiliario, con el que además se generaría empleo anualmente, hasta alcanzar 642.000 nuevos puestos de trabajo en 2015, año en el que la actividad del sector aportaría casi un punto del Producto Interior Bruto.

Según el escenario planteado por el presidente de los promotores, en 2011 se iniciarán 100.000 viviendas, se terminarán 90.000 y se venderán 175.000, lo que supondrá una absorción de 85.000 viviendas del excedente.

Si se cumplen las previsiones del plan que presentó, de cara a 2015 se iniciarán 300.000, se terminarán 148.000 y se venderán 256.218, con lo que se absorberían 107.718 inmuebles del stock, que quedaría reducido a 129.508 casas.

Explicó que en 2010 el sector necesitó 8.000 millones para financiar la producción de viviendas, cifra que aumentará año a año hasta un máximo de 23.540 millones en 2015, cuantía "a todas luces razonable, comparada con los miles de millones manejados antes".

El impacto de la producción de viviendas en los balances de las entidades financieras fue de 3.657 millones de euros en 2010 y, según el plan, ascendería a 12.000 millones en 2015.

Para la consecución de dicho plan, Galindo consideró necesario que el Banco de España modifique a la baja la ponderación del riesgo de los activos inmobiliarios para las viviendas económicamente y socialmente sostenibles, que cuenten con preventas realizadas.

Asimismo, pidió una amnistía temporal a las empresas que puedan ser viables en el futuro, pese a que se encuentren en causa de disolución, ya que sus activos perderían valor, al tiempo que insistió en la necesidad de acortar los plazos de generación de suelo finalista, para que los procesos ganen en agilidad y seguridad jurídica.

También pidió flexibilizar y poner en valor las capacidades de los suelos finalistas actuales y la elaboración de un estudio para conocer la dimensión de los excedentes de vivienda, su tipología y características, lo que aportaría mayor transparencia y seguridad a los mercados inmobiliarios para posibles inversiones.

"Nuestro objetivo es producir viviendas que sean económicamente y socialmente sostenibles, con un equilibrio entre alquiler y venta, entre construcción y rehabilitación, y entre vivienda libre y protegida", aseguró.

No obstante, añadió que aunque la rehabilitación "es generadora de empleo, tal y como está definida ahora se centra en las reformas", algo que corre el peligro de generar "una economía sumergida", por lo que pidió la industrialización de esta actividad, sujeta al IVA.

Preguntado por varios diputados por el precio de las viviendas, Galindo aseguró que el sector "ha hecho todo el ajuste posible" y que ahora sólo "tienen margen posible las entidades financieras, mediante quitas".

No obstante, reconoció que esta posibilidad supondría "necesidades de recursos adicionales en los mercados de créditos, algo difícil de conseguir actualmente".