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El Gobierno ha arrancado este martes el nuevo curso político con una agenda legislativa "muy potente" en la que incluye la aprobación de la reforma laboral o de la ley de vivienda, pero que, sin embargo, omite compromisos como la reforma de los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal. Sí que va a intentar llevar a cabo una de sus banderas durante toda la legistalura: el SMI.
El Gobierno, de hecho, quiere culminar con acuerdo el proceso de diálogo social que iniciará este miércoles con la patronal y los sindicatos en torno a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para lo que resta de 2021. "Lo que desearíamos es que hubiera un acuerdo en ese marco de diálogo social y adoptar una decisión que fuera conforme a lo que está siendo la recuperación económica en nuestro país, pero que contara con el consenso de los agentes sociales", ha afirmado el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Mañana se reúne por primera vez la mesa de diálogo social que ha de abordar el salario mínimo y a partir de ahí se abre el periodo de consultas con los agentes sociales", ha explicado Bolaños.
El Ministerio de Trabajo ha convocado mañana a las 10:00 horas a los sindicatos UGT y CCOO, y a las patronales CEOE y Cepyme, después de que la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera que la recuperación no será total ni justa hasta que no se traslade a los salarios, entre otras cosas.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha realizado este martes en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros una evaluación de las normas aprobadas el pasado año 2020 y la agenda prevista para los cuatro meses que quedan de 2021.
En concreto, ha asegurado que el Ejecutivo ha sacado adelante ya el 87 por ciento de los compromisos adquiridos en el Plan Normativo para 2020, el 65 por ciento a fecha de 31 de diciembre. Entre estas normas no se encuentra sin embargo el compromiso incluido dentro de los objetivos del Ministerio de Justicia de reformar en el Código Penal "las figuras delictivas contra el orden público y la Constitución", lo que incluye el delito de sedición.
Esta reforma tampoco ha sido citada por el ministro Bolaños entre las que prevé impulsar el Gobierno en los próximos cuatro meses, entre las que sí ha citado la Ley de Formación Profesional, la Ley de Ciencia, la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, el desarrollo de la Ley Educativa, la reforma laboral, la Ley de Vivienda y la Ley de 5G.
Según ha defendido, no se prevé abordar de manera urgente la reforma de los delitos de sedición y rebelión porque "la prioridad" para el Gobierno es la recuperación económica y social. "Que recuperemos nuestra vida normal y que el crecimiento económico que vamos a tener se traduzca en bienestar para todos los españoles", ha sostenido. "A futuro, cuando aprobemos futuros planes, iremos viendo", ha dicho sobre las modificaciones del Código Penal, insistiendo en que su "prioridad absoluta" es el cumplimiento de los acuerdos con la Unión Europea y desarrollar una agenda de recuperación económico y social.
Bolaños ha asegurado que es "la primera vez en la historia" en la que un Ejecutivo hace un informe de evaluación de sus cumplimientos, pese a estar incluido en la Ley de Gobierno del año 1996. Y ha explicado que se trata de un "esfuerzo de transparencia" para permitir que todos los sectores, colectivos y también los ciudadanos conozcan lo que el Ejecutivo "tiene en mente" para los próximos meses y el cumplimiento de sus compromisos.
Entre las leyes aprobadas durante 2020, un año que ha recordado que estuvo marcado por la pandemia del coronavirus, ha destacado la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, el "importante" incremento del salario mínimo, la ley de cambio climático, la ley de cadena alimentaria o la ley de garantía integral de la libertad sexual.
Todas ellas, ha esgrimido, forman parte de una agenda económica y social "para la recuperación justa" y tienen el objetivo de que un previsible crecimiento económico "vaya acompañado de cohesión social". "Que el crecimiento llegue a todos a través de mecanismos de redistribución, ampliación de derechos y libertades y que sigamos mejorando y transformando nuestro país", ha argumentado.
En concreto, ha detallado que en 2020 se aprobaron un total de 316 normas, de las que 59 no estaban en el plan anual normativo. De estas últimas, 39 fueron reales decretos para hacer frente a la pandemia. El plan normativo de 2021 incluye la aprobación de 144 normas para los próximos cuatro meses, de las que 50 que tienen que ver con compromisos de España con la Comisión Europea por el plan de recuperación.
La ministra portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha trasladado el compromiso del Gobierno en seguir trabajando para conseguir bajar el precio de la luz y abaratar el recibo que pagan las familias, que lleva tres días consecutivos en máximos históricos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez ha señalado que hay abierta una comisión de estudio en el Congreso de los Diputados para debatir sobre las distintas propuestas de todos los partidos políticos.
El Ejecutivo se muestra así dispuesto "a sumar todas estas propuestas", pero siempre con el objetivo de cambiar el modelo energético del país a uno más sostenible, con menores repercusiones en el medio ambiente, al mismo tiempo que se protege a las familias. Rodríguez ha manifestado de esta forma la "preocupación" del Gobierno por esta situación, pero ha recordado que ya ha empezado a tomar medidas para paliar sus efectos sobre las familias y las pymes, como la reducción del IVA.
"El Gobierno tiene una posición sensible y está actuando a través de medidas estructurales y coyunturales que ya están dando resultados. Hay una vía abierta y contamos con el apoyo mayoritario de ciudadanía. En eso estamos trabajando, en una agenda de recuperación social", ha añadido.
Sobre las críticas de Unidas Podemos a las medidas adoptadas por el Ejecutivo, Rodríguez indicó que el Gobierno tiene "una posición" y afirmó que gobernar es "complicado" y que "quizás lo sencillo es la reivindicación". "Como Gobierno tenemos la posibilidad de transformar esas realidades que no nos gustan y en eso estamos trabajando", reiteró. La ministra ha querido zanjar este asunto haciendo alusión al "muy positivo" contexto económico en el que se encuentra el país y a la implicación de su Gobierno de cumplir con esa agenda social: "Esos indicadores económicos se tienen que traducir en bienestar social, esa es la prioridad del Gobierno".
El Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ha sido aprobado este martes, 31 de agosto, en Consejo de Ministros en primera lectura, lo que constituye el primer paso del trámite para su aprobación. La nueva Ley pone las bases para acabar con la precariedad del profesorado en la universidad, entre otras cuestiones, y forma parte de la reforma integral del sistema universitario que tiene pensado realizar el Gobierno para los próximos años, cuya implantación pretende que sea "gradual".