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El Gobierno prevé un desplome del PIB del 9,2% este año y una tasa de paro que se elevará al 19%, mientras que para 2021 estima un repunte del 6,8% en 2021 y un descenso de la tasa de paro al 17,2%, como consecuencia de la crisis del coronavirus.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en rueda de prensa en Moncloa para presentar el nuevo cuadro macroeconómico y el Plan de Estabilidad 2020, donde ha destacado que la recuperación será en forma "de 'V' asimétrica", con un descenso muy pronunciado y una recuperación más gradual. Calviño ha indicado que se trata de unas estimaciones "prudentes", en un contexto "muy complejo", donde el Gobierno espera una caída "muy intensa" del PIB a corto plazo y con una pendiente "muy negativa y muy pronunciada", con el mayor impacto en el segundo trimestre y una recuperación posterior.
En cambio, dicha recuperación será "más gradual y con una pendiente más suave", con una "paulatina recuperación" en la segunda parte del año y un "fuerte crecimiento" en 2021, con una aumento de la actividad del 6,8%. En concreto, el PIB registrará una caída del 9,2% este año para repuntar un 6,8% en 2021, mientras que el empleo caerá un 9,7% en 2020 y se crecerá un 5,7% al año siguiente, con lo que la tasa de paro escalará al 19% en 2020 y descenderá al 17,2% en 2021.
El nuevo cuadro macroeconómico que España ha enviado a Bruselas contempla un descenso del consumo privado del 8,8% este año, pero un alza del 4,7% el año que viene, mientras que el consumo público aumentará un 2,5% en 2020 y un 1,8% en 2021.
La inversión este año se desplomará un 25,5%, pero se recuperará con un crecimiento del 11,6% el próximo año; al tiempo que tanto las exportaciones como las importaciones retrocederán en 2020, con una caída del 27,1% y del 31%, respectivamente. En cambio, en 2021 las exportaciones crecerán un 11,6% y las importaciones, un 9,3%.
Como consecuencia de todo ello, el PIB nominal caerá un 10,1% este año, pero avanzará un 8,7% el próximo año.
Calviño indicó que se trata de unas previsiones "avaladas" por la AIReF y han tenido en cuenta la "brusca contracción" del PIB mundial y el de la zona euro, de acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). "La economía española estaba creciendo por encima de la media de la zona euro (...), pero el shock inesperado de la pandemia ha supuesto un fin abrupto a este positivo crecimiento y el escenario ha cambiado por completo", reiteró Calviño.
El Gobierno prevé que el déficit público alcance el 10,34% del PIB este año, hasta los 115.671 millones de euros, el mayor déficit desde el año 2012, cuando alcanzó el 10,7%, como consecuencia del impacto de la crisis del Covid-19, con una caída de los ingresos del 5,3%, con 25.711 millones menos respecto al año pasado y un aumento del gasto público del 10,5%, con 57.765 millones de euros más, hasta el 51,5% del PIB.
Así se desprende del Programa de Estabilidad 2020-2021 remitido ayer por la noche por el Ejecutivo a Bruselas, junto al Plan Nacional de Reformas, y presentado este viernes por la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa telemática en el Palacio de La Moncloa.
Montero ha explicado que el impacto "enorme" del Covid-19 en la economía mundial y española tienen unos "efectos adversos" que impactan "de lleno" en la evolución de las cuentas públicas, ante "una realidad complicada sin precedentes", por lo que las previsiones son "prudentes" pero "no ocultan la difícil situación".
Asimismo, ha indicado que la irrupción del Covid-19 ha modificado "totalmente" el escenario previsto, con una estimación de una caída del PIB del 9,2% este año, y ha llevado al Gobierno a adoptar medidas para reforzar el sistema sanitario, proteger a las familias y dotar de liquidez a las empresas y autónomos, lo que ha elevado la previsión de déficit público y de deuda pública para el ejercicio actual.
En concreto, el Ejecutivo prevé que el déficit suba hasta los 115.671 millones de euros este año, el 10,34% del PIB, frente al 2,82% del año pasado, lo que supone el mayor déficit desde 2012, cuando se alcanzó el 10,7%.
Este aumento del déficit se debe a una previsión de la caída de los ingresos de 25.711 millones de euros, un 5,3% menos respecto al año pasado, hasta los 461.043 millones de euros, lo que equivale al 41,2% del PIB, 2,1 puntos más que el año pasado debido a la mayor contracción del PIB.
Además, ha indicado que las medidas para paliar el impacto del Covid-19 supondrán un incremento "importante", "temporal y necesario" del 10,5% del gasto público, con 54.765 millones de euros más que el año pasado, hasta los 576.714 millones de euros, lo que supone el 51,5% del PIB, lo que supone 9,6 puntos porcentuales más que el año pasado.
En este sentido, Montero ha cifrado el impacto de las medidas para paliar el Covid-19 en 138.923 millones de euros, derivado de los 104.400 millones de las medidas de liquidez, con un aumento de gasto de 28.403 millones y una minoración de ingresos de 6.120 millones. Las CC.AA., de su lado, recibirán 115.000 millones, un 7,3% más, con un gasto adicional añadido de unos 11.000 millones.
En cuanto a los ingresos, Montero ha resaltado que a pesar de la caída del 5% de los ingresos se ha entrado en 2019 con una protección "ala" de las rentas, especialmente de los asalariados públicos por las medidas implementadas por el Gobierno, como la flexibilidad en los ERTE o la prestación para los autónomos, con un "alto coste económico" pero manteniendo las rentas.
Este mantenimiento de las rentas y la previsión de una mejora de consumo en la segunda parte del año, con la apertura paulatina de la actividad, explican que la estimación de la caída de ingresos (-5,2%) sea inferior a la del PIB (-9,2%). La estimación de impuestos percibidos por las administraciones en términos de Contabilidad Nacional para este año asciende a 263.443 millones, un 5% menos respecto a 2019.
En detalle, el Ejecutivo prevé una caída de la recaudación del 2,4% en el IRPF, hasta 96.655 millones; del 8,7% en Sociedades, el mayor descenso entre las grandes figuras tributarias, hasta 23.592 millones; del 5,2% en el IVA, hasta 76.731 millones; del 6,4% en Impuestos Especiales, hasta 21.672 millones; del 37,9% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del 5,75% en los ingresos por cotizaciones sociales. En cambio, espera un alza del 1,4% sobre los Impuestos sobre la producción, frente al 1,9% del año pasado, por el incremento del 2% del IBI, hasta 17.732 millones.
Pese a estas previsiones, Montero ha destacado el "compromiso" del Gobierno con la sostenibilidad de las cuentas públicas queda de manifiesto con los datos de consolidación fiscal previos a la pandemia del Covid-19, ya que España cerró 2019 con un déficit del 2,8%, lo que implica cumplir por segundo año consecutivo con el Pacto de Estabilidad de la UE.
Asimismo, ha subrayado el "esfuerzo" de consolidación en el caso de la Administración Central y la Seguridad Social, que en conjunto lograron reducir su déficit un 3,2%, si bien el déficit público aumentó hasta el 2,82% del PIB por el mayor déficit de CCAA y el menor superávit de los ayuntamientos.
En paralelo al aumento del déficit, el Programa Presupuestario prevé un incremento de la ratio de deuda pública desde el 95,5% del PIB registrado en 2019 hasta el 115,5% este año, debido a la "velocidad y profundidad inédita" de las medidas de gasto para ayudar a proteger a las familias y reactivar la economía, según Montero.
La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos ha explicado que el Tesoro está abordando las necesidades de financiación mediante emisiones, algunas sindicadas con una "recepción extraordinaria" ante la cifra récord de una demanda de 96.000 millones, y con costes de financiación "relativamente reducidos" y "alineados" con los de la primera parte del año pasado, pudiendo financiarse "en condiciones muy beneficiosas en los mercados".
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este viernes que "no está previsto hacer ningún tipo de ajuste en materia del sector público", como una posible bajada del salario de los empleados públicos, y ha descartado que se vaya a aprobar "ni subidas masivas de impuestos ni bajadas masivas" como consecuencia del déficit y la deuda prevista por la crisis del Covid-19.
Así lo ha señalado Montero en la rueda de prensa telemática para presentar la actualización del Programa de Estabilidad remitido anoche por el Ejecutivo a Bruselas, junto al Plan Nacional de Reformas, que prevé que el déficit público se dispare al 9,2% del PIB este año y la deuda pública al 115,5% del PIB, con una reducción del 5,2% de la recaudación, con 25.711 millones menos, y un alza de 57.765 millones del gasto.
"No está previsto hacer ningún tipo de ajuste en materia del sector público", ha afirmado Montero, quien ha explicado que el Gobierno quiere estimular el consumo y la demanda interna cuando la movilidad pueda estar en su fase de "capacidad absoluta" y los comercios puedan abrir, junto a la actividad productiva.
En este sentido, ha hecho hincapié en que lo "fundamental" es activar la economía, manteniendo en la medida de lo posible las rentas salariales y "sin desarrollar ningún proceso añadido sobre lo previsto a principios de año", ha respondido al ser preguntada sobre si el Gobierno baraja algún ajuste en el salario de los empleados públicos o en el sector público.
Las tasas 'Google' y 'Tobin' podrían entrar en vigor en el último cuatrimestre del año, aunque "ya no depende del Gobierno", sino de las enmiendas y la tramitación de los grupos políticos en el Congreso.
En este sentido, ha precisado que es más previsible que vea la luz antes el impuesto a los servicios digitales, ya que el relativo a las transacciones financieras conlleva "algo más de complejidad", aunque ha asegurado que igualmente el Gobierno tiene el dispositivo preparado para que se pueda implementar "a la mayor brevedad posible". Por otra parte, ha señalado que no se ha estudiado un impuesto para las grandes fortunas, aunque el Gobierno considera que las rentas más altas deben contribuir más.