Un juzgado concede la incapacidad permanente total a una autónoma diagnosticada con Covid persistente
La sentencia reconoce la concesión de una incapacidad permanente total, pero no así la invalidez permanente absoluta que reclamaba la demandante
Los magistrados no consideran probado que la trabajadora no pudiese llevar a cabo un trabajo sedentario o teletrabajo
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El Juzgado de lo Social de Madrid ha concedido la incapacidad permanente total a una trabajadora por cuenta propia diagnosticada con Covid persistente al ratificar que las consecuencias de esta enfermedad afectan al desarrollo de la actividad profesional de la trabajadora autónoma.
Según se desprende de la sentencia, la trabajadora autónoma de la podología, asistida por el despacho de abogados Parrado Asesores, había sido diagnosticada con Covid persistente, lo que le provocaba no poder tomar posturas propias de su profesión, tener largas jornadas laborales y agravar sus lesiones en forma de dolores graves musculares y de cabeza.
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La Seguridad Social rechazó su incapacidad
La demandante acudió al juzgado madrileño tras obtener una resolución negativa a reconocer ningún tipo de incapacidad por parte de la Seguridad Social y reclamando el reconocimiento de una invalidez permanente absoluta, así como una base reguladora de 888,90 euros a partir de la cual calcular la prestación que le correspondería.
Tras coincidir el diagnóstico recogido por los equipos de evaluación de incapacidades (EVI) del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) con el informe pericial, el juzgado madrileño reconoce que las patologías suponen que la demandante deba estar asistida en su vida diaria por otras personas, lo que le conlleva a no poder realizar su trabajo habitual.
Por tanto, estima la demanda en cuanto a la concesión de una incapacidad permanente total, pero no así la invalidez permanente absoluta solicitada por la trabajadora, ya que, según se desprende de la sentencia, no se considera probado que la trabajadora no pueda llevar a cabo un trabajo sedentario o teletrabajo.
De igual manera, la sentencia condena a las administraciones demandadas las consecuencias legales que conlleva el reconocimiento de la incapacidad permanente total, siendo la base reguladora de 888,90 euros.
"Lo peculiar de este caso es que en el ámbito laboral de las incapacidades, siempre al ser trabajador autónomo es más complejo explicar la actividad diaria, las diferentes tareas que se realizan o las lesiones que se producen y que impiden con el tiempo desempeñar con eficacia las tareas", ha comentado sobre el fallo judicial la abogada del despacho Parrado Asesores encargada del caso, Cristina Alonso.
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