Hace unos días conocimos la desgarradora historia de una anciana de un pueblo de Teruel asesinada por sus hijos para cobrar sus 1.000 euros de pensión. Fueron descubiertos gracias a los vecinos. Otra vecina de Pontevedra ha sido condenada a dos años de cárcel por cobrar la pensión de su abuelo muerto 20 años atrás. Desde la Seguridad Social sostienen que estos casos son “muy escasos”. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha cuantificado que el pago de pensiones de personas ya muertas ascendió en 2016 a 11 millones de euros, unas “cantidades muy pequeñas” para los expertos.

El Tribunal de Cuentas ha detectado en un informe de fiscalización del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) que este pagó en 2016 pensiones no contributivas (el 99,19% de las prestaciones que abona) a 1.096 personas muertas, superando el importe global de las nóminas abonadas indebidamente los 11 millones de euros.

Este estas nóminas podría estar las que María Avelina, una vecina de A Estrada (Pontevedra) cobró indebidamente entre 1996 y 2016. La mujer ha reconocido los hechos y ha alcanzado un pacto con la Fiscalía de dos años de cárcel, que no cumplirá porque no tiene antecedentes. La mujer se ha apropiado durante 20 años de la pensión de su abuelo fallecido, en total 130.000 euros obtenidos ilícitamente.

En este juicio que se acaba de celebrar en la Audiencia de Pontevedra, los magistrados deben determinar aún qué responsabilidad tiene la entidad bancaria. José María Mollinedo, Secretario General de Gestha, explica que los bancos están obligados a comunicar el fallecimiento de un cliente. Lo habitual es “que la entidad sepa de la muerte por los propios familiares, que no pueden disponer de la cuenta del fallecido hasta que no presentan la liquidación del impuesto de sucesiones aunque sea de cero euros porque muchas veces hablamos de herencias muy raquíticas”.

Desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social señalan que los bancos que gestionan el pago están obligados a pedir una fe de vida siempre que sospechan que hay un cobro indebido o una irregularidad.

El Tribunal de Cuentas concluye en su informe que existen "debilidades" en el procedimiento de detección de fallecidos por parte de los órganos gestores de las prestaciones, "debilidades" que, a su juicio, resultan "especialmente significativas" cuando el plazo transcurrido entre el fallecimiento y su detección es superior a cuatro años, dada la posible prescripción del derecho a recuperar las cantidades indebidamente pagadas. La entidad demandada en el caso de María Avelina argumenta precisamente que los primeros 10 años de pagos indebidos (de 1996 a 2006) ya han prescrito. El informe apunta a que de los 11 millones de pensiones pagadas indebidamente, solo se recuperaron 2,2 millones, es decir, el 20%.

En cambio, Mollinedo considera que la comunicación entre el Registro Civil, la Seguridad Social y la Agencia tributaria funciona bien. Lo normal, aclara, es que haya un mes de demora y en el caso de producirse, la seguridad social envía una notificación a la familia para que haga el reintegro de la cantidad a abonar en el plazo de 15 días. Llegados a este punto, la familia puede pagar o decir que no tiene medios para asumir el pago. “Puede ocurrir que los herederos estén en situación muy precaria y que tuvieran una tarjeta de crédito con la que hubieran dispuesto del saldo”, señala antes de recordar que, “durante los años de crisis hubo mucha gente que volvió al domicilio de los padres porque habían perdido su vivienda, no tenían trabajo y compartían la pensión”.

También existe, aclara el secretario general de Gestha, “la posibilidad de interponer una reclamación administrativa, en el caso, por ejemplo de que los herederos hayan renunciado a la herencia. Cualquier otra reclamación será desestimada”.

Mollinedo aclara que los 11 millones de euros de cifra el Tribunal de Cuentas para el cómputo 2016 es una “cantidad muy pequeña teniendo en cuenta el cómputo de la pensión mensual”. La Seguridad Social gastó en junio la cifra récord de 9.644,3 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 7% más que en el mismo mes de 2018, , según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Teniendo en cuenta que al año son 14 pagas, los 11 millones de euros de pagos indebidos de pensiones, al mes se quedarían en algo menos 800.000 euros.

El último caso mediático ha sido el de Ángela, una anciana ciega y con movilidad reducida de Ponzondón, Teruel, a la que sus hijos mataron para cobrar su pensión de 1.000 euros. Fueron los vecinos quienes denunciaron que algo raro pasaba porque Pedro e Isabel ni siquiera dejaban que el médico visitara a su madre. La habían emparedado en un armario. El hijo, tras su detención, confesó a la policía que el mismo asfixió a su madre.

Desde el Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social comentan al respecto que estos casos son "muy escasos” y que por lo tanto no hay cuantificación del coste. Lo normal, insiste, es que los ciudadanos notifiquen el fallecimiento de un familiar para no cometer un fraude. Además, recalcan que las administraciones cruzan los datos y que los bancos están obligados a informar.