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“Sólo sé que no sé nada”. La famosa frase de Sócrates bien podría servir para hablar de lo que los economistas saben sobre los efectos que de la reforma laboral del PP de 2012 que ahora el Gobierno quiere derogar (parcialmente si dejamos el debate semántico aparte). Básicamente no hay datos para evaluar y no ha pasado tanto tiempo desde 2012. “No contamos con información para saber cómo ha funcionado y no tenemos ni idea de sus efectos a medio y largo plazo”, concluye Marta Martínez-Matute, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y experta en economía laboral.
A la falta de certezas se suma el nivel de polarización del debate y el factor tiempo. “Esta incertidumbre que se está generando es perjudicial. La gente está esperando a ver qué cuál será la regulación y cuántos cambios habrá. La situación genera costes para las empresas y las perspectivas de los propios trabajadores. Cuanto más se tarde en llegar a un acuerdo, peor”.
El líder europeo de la temporalidad (léase España), ¿puede funcionar con menos del 25% de sus trabajadores en contratos temporales? La pregunta es pertinente para un país que depende algo más que otros socios europeos del turismo. “La propia estructura influye, pero no explica sola estos niveles de temporalidad que tenemos”, según Martínez-Matute. “Tenemos el ejemplo de Grecia que ha reducido mucho su tasa de temporalidad”.
La propuesta del Gobierno es reducir la tipología de contratos. “Para los empresarios es un meollo el elegir. ¿Qué hacen al final? Tirar del que conocen”, apunta la economista. Simplificar los contratos temporales a dos o tres plantea varias ventajas. “Por un lado hay menos barreras a la hora de contratar y por otro es más sencillo poder detectar un abuso de la temporalidad”.
¿Tiene sentido limitar este tipo de contratos a un porcentaje de la plantilla? "Si un empresario quiere contratar pero no puede porque supera ese límite, la alternativa cuál es: ¿indefinido o que no cree el empleo? No lo veo claro. Habrá que ver cómo se desarrolla esta idea porque hay regiones que tienen una estructura productiva más estacional y necesitan un margen más alto y en otras, al revés".
Muchos economistas señalan también la necesidad de invertir en el sistema judicial. "Es fundamental porque sabemos que muchos despidos improcedentes terminan en juicio. Si se reduce la congestión del sistema aportando más recursos también se reducen costes e incertidumbres del mercado laboral".
Otro de los puntos de la negociación es revertir los cambios de 2012 respecto a qué convenio colectivo manda: si el de la empresa o el del sector. Hablamos de las normas que fijan condiciones laborales: salario, complementos, horarios, permisos, vacaciones…
La pregunta obvia en este debate sería: ¿Cuántos asalariados se rigen por uno u otro convenio? ¿Cuántas empresas utilizaron este nuevo poder que les dio la reforma de 2012? “No lo sabemos. Los datos de convenios colectivos no son públicos. Llevo quince años pidiendo esa cifra y las que tiene el propio ministerio son además una aproximación”, contesta Martínez-Matute.
Los investigadores no han podido comparar qué ha pasado con las empresas que se acogieron al cambio y las que no lo hicieron. Si prevalece el de la compañía, el análisis en otros países concluye que hay más flexibilidad. “El efecto depende del contexto, pero lo que se ve es que son más flexibles en función de las circunstancias económicas: contratan más y despiden más”, explica esta economista.
La Comisión Europea no le ha dicho a España cómo tiene que ser su reforma laboral pero sí habla de la necesidad de la "flexiseguridad". Martínez-Matute habla de Dinamarca como el ejemplo típico de este modelo. "Es un país con mucha rotación de trabajadores, mucha contratación y un alto nivel de flexibilidad en las empresas. Pero por otro lado cuenta con mucho apoyo en la parte social: ayudas cuantiosas para que no notes mucho la caída de ingresos si estás en el paro y políticas activas de empleo para encontrar otro trabajo".
¿Flexiseguridad es siempre más precariedad? Esta economista responde con un rotundo "no". "Pero no puedes dar flexibilidad al mercado de trabajo sin dotarlo de esa red de seguridad. Tiene que hacerse el cambio en las dos direcciones".
Algunos indicadores apuntan a que en España tendríamos justo todo lo contrario a esto.
Uno de los problemas para evaluar los efectos de los cambios introducidos (además de la falta de datos) es el momento del ciclo de la economía. En 2012 estábamos en plena crisis y se estaban ajustando una serie de desequilibrios insostenibles. Para los expertos es más complicado comparar ese año con otro de crecimiento positivo. Pero la pandemia, aunque con impacto económico diferente, ha proporcionado la primera oportunidad: tiene más sentido comparar 2012 con 2020, dos años de crisis.
El primer estudio lo acaban de hacer Cristina Lafuente, Raul Santaeulalia-Llopis y Ludo Visschers. ¿Qué han encontrado? En esta crisis el mayor ajuste se lo han llevado también los trabajadores temporales pero el impacto en los indefinidos ha sido mayor esta vez. "Todo lo que haga reducir la brecha entre temporales e indefinidos me parece positivo, porque ese es el principal problema", opina Martínez-Matute. "Pero solo con este estudio no podemos concluir que la reforma de 2012 ha ayudado a reducir la brecha. Hacen falta más análisis".
Si a esta experta le dieran un minuto para hablar a los integrantes del diálogo social aprovecharía para incidir en esta idea: “Intentemos evaluar los cambios desde el principio. Basémonos en datos, evidencia y expertos para ser capaces de encontrar factores y consecuencias. No vale decir que los contratos suben o bajan, por ejemplo. Tenemos que ser capaces de saber por qué”.