La justicia europea dictará este jueves sentencia sobre las 'minivacaciones fiscales' vascas
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictará este jueves sentencia final sobre las 'minivacaciones fiscales' vascas de 1996 después de una década de disputas entre la Comisión y las diputaciones forales.
Si la justicia europea concluye que estas ayudas son ilegales, las empresas beneficiarias deberán devolver alrededor de 500 millones de euros, según las estimaciones que maneja Bruselas.
Además, el Ejecutivo comunitario ya ha pedido una multa a España por no haber recuperado ya la totalidad de las ayudas pese a que ya existe una sentencia condenatoria del Tribunal de Primera Instancia. La sanción ascenderá al menos a 40 millones de euros y seguirá aumentando cada día que pase sin que se reembolsen las subvenciones.
Los regímenes en cuestión consistieron en una rebaja gradual en el impuesto de sociedades para las nuevas empresas durante sus primeros cuatro años de vida, así como del crédito fiscal del 45% en el impuesto de sociedades que se aplicó a las nuevas inversiones superiores a los 15 millones de euros.
Durante la vista oral celebrada en Luxemburgo el pasado 10 de mayo, las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa alegaron que la Comisión nunca comunicó a las autoridades vascas, antes de la adopción de los regímenes en cuestión, "ni una sola duda" en el sentido de que pudieran ser ilegales. Al contrario, mostró una "actitud favorable".
El Ejecutivo comunitario, con el apoyo del Gobierno de La Rioja, rechazó estos argumentos y sostuvo que estos beneficios fiscales constituían ayudas públicas incompatibles con el mercado común y que por tanto tienen que recuperarse.
El Tribunal de Justicia de la UE ya dictaminó el pasado 9 de junio que las 'vacaciones fiscales' vascas de 1993 son ilegales. Pero casi todas las ayudas públicas que se concedieron en el marco de este régimen ya han sido recuperadas, salvo las de una compañía en Gipuzkoa, según fuentes comunitarias.
Estas ayudas de 1993 consistieron en una exención del impuesto de sociedades durante diez años en favor de las empresas de reciente creación. En el momento de su aprobación, estos beneficios fiscales no se notificaron a Bruselas.
