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“Queremos cambiar el juego”. Como quien le da la vuelta al tablero y descoloca todas las fichas, Estados Unidos ha provocado un terremoto parecido en una de las partidas más problemáticas de la globalización: los bajos impuestos que pagan las multinacionales. Ya lo prometió Joe Biden en su campaña electoral: un impuesto mínimo global del 21%. Esta semana ha activado su promesa.
Más de una década llevan los países hablando de cómo resolver el tema de la fiscalidad en un mundo cada vez más globalizado, mientras por otro lado competían entre ellos a ver quién reducía más los tipos para atraer las millonarias ganancias de las empresas. En 1985 el tipo medio de sociedades a nivel global era del 49%. En 2019, estaba en el 23%.
“Es una carrera hacia el abismo de la que ni el presidente Biden ni yo estamos interesados en participar más”, anunciaba la responsable de la economía estadounidense, Janet Yellen, este jueves en un artículo . “El sistema está roto”.
El mundo pierde 206.000 millones de euros en impuestos cada año por los movimientos de las multinacionales hacia paraísos fiscales, según los datos del último informe The State fo Tax Justice.
¿Y España? En nuestro caso se calcula que la pérdida de ingresos ronda los 2.240 millones de euros al año. Con este dinero se podrían contratar 54.000 enfermeras, por ejemplo, apuntan los investigadores.
El 40% de los beneficios de las grandes multinacionales viaja como Pedro por su casa por el mundo solo para conseguir reducir la factura fiscal.
La propuesta estadounidense de un tipo mínimo del 21% a nivel global es, salvando las distancias, como desatascar el Ever Given del arenal del canal de Suez. Estados Unidos, el país más relevante en esta conversación sobre impuestos globales, ha tomado el liderazgo en las negociaciones.
El Gobierno de España apoya la idea, pero también el Fondo Monetario Internacional (FMI) y muchos miembros del G20 (el grupo de los mayores 20 países del mundo) que se reunieron precisamente esta semana. Algo gordo ha empezado a moverse después de años de reuniones y buenas intenciones.
Imaginemos una multinacional estadounidense que registra 2.000 millones de beneficio en Irlanda (ingeniería contable mediante) y por los que solo paga un 5% de impuestos. Si existe un tipo mínimo global del 21%, EEUU podría recaudar la diferencia (el 16%).
Es decir, cada país se encargaría de controlar que sus multinacionales paguen ese mínimo de impuestos. ¿Qué Apple opera en Bermudas y ha tributado al 0%? Pues la agencia tributaria de EEUU exigiría el 21% de esos beneficios.
Los defensores de esta idea, como Emmanuel Saez y Gabriel Zucman de la Universidad de Berkeley (California), explican que se eliminaría el atractivo de todos esos traslados de beneficios hacia paraísos fiscales. Es más, cambiarían totalmente los incentivos: “en estos países ya no tendría sentido que ofrecieran tipos muy bajos y les resultaría más ventajoso subirlos”.
Lo que hace más factible esta idea hoy en día son los datos. Cientos de países comparten información sobre cuántos beneficios declaran las multinacionales en cada jurisdicción. Quizá las multimillonarias cifras sean el mayor incentivo para actuar.
Cada país ya sabe lo que está perdiendo y coincide además en el tiempo con una crisis que ha dejado muy endeudadas las cuentas públicas. Muchos gobiernos necesitan ingresos para pagar la factura del covid y sostener el estado de bienestar.
Como en cualquier asunto relacionado con la globalización, hace falta cierto consenso para que algo funcione. Un acuerdo entre Estados Unidos y Europa sería un potente catalizador. Son además los más interesados porque son los que más recaudación pierden con el sistema actual.
El comunicado del G20 de esta semana insistía en “la cooperación para lograr un sistema tributario internacional moderno, sostenible y globalmente justo”.
Problema: tres de los principales paraísos fiscales están en la propia Unión Europea. Irlanda, Luxemburgo y Holanda figuran en la lista top con Bermudas, Islas Caimán, Singapur y Suiza. Esto es un desafío para la UE si se quiere actuar en bloque.
El tipo mínimo supondría que cada país sería el ‘guardián de último recurso’ de sus multinacionales. EEUU tendría más trabajo que nadie ya que 587 de las grandes empresas del mundo tienen su sede en este país.
¿Se llevaría EEUU todo lo que dejan de pagar sus multinacionales? En teoría, una vez eliminados los incentivos para trasladar beneficios de un sitio a otro, las empresas tributarían allí donde ganan dinero y no en una isla del Caribe. Así que la respuesta sería un “no”. El impuesto mínimo haría que cada país se llevara el trozo del pastel que le corresponde. España estaría más cerca de recaudar una parte de los beneficios que estas empresas globales generan aquí.
La ideología ha tenido bastante que ver en toda esta cuestión. Hace unos años el FMI consultó a un grupo de expertos qué se podía hacer y la respuesta vino a ser: “no hay nada que hacer, la globalización es así”. Era como luchar contra una fuerza de la naturaleza, ponerle puertas al campo.
Por otro lado, también dominaba una idea arrastrada desde los años ochenta de que cuantos menos impuestos pagaran las empresas, mejor para la economía. Ese dinero era más útil en manos de los empresarios que de los gobiernos a la hora de invertir, innovar, crear más puestos de trabajo...
Esta supuesta ‘economía del goteo’ no se ha demostrado que funcione. Las cifras de desigualdad, sobre todo en el caso de EEUU, hablan por sí mismas. La riqueza está más concentrada en unos pocos que además, cada vez pagan menos impuestos.
Los que defienden un cambio de paradigma argumentan que se trata también de una cuestión de justicia fiscal. “Los mayores ganadores de la globalización han recibido los mayores recortes impositivos. Este proceso es poco probable que sea sostenible, ni política ni económicamente”, sostienen Zucman y Saez.
Visto todo lo que ha ocurrido esta semana, con un FMI pidiendo un impuesto temporal a los más ricos, parece que la pandemia (y un nuevo Gobierno en EEUU) ha conseguido acelerar otra de las tendencias que ya estaban ahí: la de avanzar hacia una tributación adaptada al siglo XXI.