Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que el pasado lunes el Gobierno presentó el plan presupuestario y hoy, solo cuatro días más tarde, empieza a cumplir con los compromisos que se adquirían en ese documento y a demostrar la voluntad del Ejecutivo de avanzar por la senda que se ha marcado. "Se trata de una nueva fiscalidad adaptada al siglo XXI, con un sistema tributario más equilibrado y solidario", reiteró.

El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales gravará a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. El nuevo tributo gravará el 3 % de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Tasa Google

Respecto a los 1.200 millones de euros que prevé recaudar el Gobierno con este nuevo impuesto, Montero ha defendido que está basada en "cálculos prudentes" para asegurar que la recaudación que se plantea se va a corresponder con la realidad.

Además, ha incidido en que es una estimación "adecuada" y ha recordado que el último Plan de Estabilidad del Gobierno de Mariano Rajoy calculaba una recaudación para 2019 de 1.500 millones de euros por esta tasa, una cifra que afirma el actual Ejecutivo ha "bajado de forma considerable".

Asimismo, ha recordado que España es el primer país europeo que va a aplicar está figura impositiva, que la Comisión Europea está estudiando implantar en todo la UE, y ha incidido en que la recaudación prevista por España es inferior a la que están arrojando los datos de países vecinos como Francia.

En este sentido, la ministra ha explicado que es la Agencia Tributaria la que ha realizado la estimación de recaudación de toda la reforma fiscal y ha anunciado que este organismo invertirá 33 millones de euros para mejorar sus sistemas de información con el fin de permitir una mayor trazabilidad y tener más herramientas para controlar toda esta actividad.

Por su parte, el Impuesto sobre las Transacciones Financieras consiste en gravar con un 0,2 % las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero e incluirá las operaciones intradía.

Transacciones financieras

Solamente se someterán a la tributación del 0,2 % las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas, y también quedan fuera del ámbito del impuesto la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados.

Montero, que adelantó que el Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones por esta nueva figura tributaria, explicó también que no gravará las operaciones del mercado primario, es decir, las que se produzcan con motivo de una operación pública de venta o de suscripción de acciones (OPV o OPS) que suponga el debut en Bolsa de una compañía. También ha aclarado que el tributo se centrará en las entidades que actúan como intermediarios financieros, y que el impuesto se liquidará mensualmente.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a un anteproyecto de ley con medidas de lucha contra el fraude fiscal, que contempla una batería de medidas de lucha contra el fraude fiscal, entre las que se encuentra un mayor control tributario de las criptomonedas y la prohibición de fabricación y distribución del 'software de doble' uso para evitar falsas contabilidades.

Plan antifraude

Montero indicó que Hacienda mejorará la información que tiene sobre las criptomonedas mediante una nueva obligación fiscal para identificar a los titulares y los beneficiaciarios de estos medios de pago, así como los saldos correspondientes.

Asimismo, se obligará a quienes realicen operaciones con estas monedas virtuales a que informen sobre esta operativa y quienes tengan este tipo de monedas en el exterior también deberán informar de ellas en la declaración de bienes del extranjero.

El plan antifraude, que permitirá recaudar 850 millones de euros, también contempla la prohibición de los llamados 'software de doble uso', que permiten manipular la contabilidad de las empresas. Para ello, se prohibirá la producción, tenencia y comercialización de estos programas informáticos, por lo que el fabricante o comercializador podrá ser sancionado con una multa de hasta 150.000 euros por cada ejercicio en el que haya distribuido dichos programas.

El proyecto de ley de lucha contra el fraude también prohíbe las amnistías fiscales para, según Montero, evitar una situación tan "vergonzosa e injusta" como la amnistía aprobada por el Gobierno del PP en 2012. "Es un agravio para todos los contribuyentes cumplidores y supone una derrota para la consolidación del estado de bienestar", subrayó.

Asimismo, se amplía el concepto de paraíso fiscal para incorporar a la lista no sólo con aquellos territorios de baja o nula tributación, sino también aquellos estados que no faciliten el intercambio de información y la colaboración con otros países, o que se caractericen por su opacidad o falta de transparencia.

En la lista de morosos con Hacienda se incluirán también a los responsables solidarios y se reduce el umbral para aparecer en dicha lista hasta los 600.000 euros desde el millón actual, al tiempo que se limita a 1.000 euros el pago en efectivo entre profesionales desde los 2.500 euros actuales.

La transposición de la directiva europea antielusión para asegurar que las multinacionales tributen en los países donde tienen actividad y generan valor o el refuerzo del control de la actividad del juego, especialmente en el caso de las apuestas deportivas, son otras de las medidas incluidas en el plan antifraude. Así, Montero anunció que se elaborará una "lista negra" con las páginas web de apuestas no autorizadas.

También se creará en la Agencia Tributaria una unidad de control de grandes patrimonios con la incorporación de 200 nuevos funcionarios para estrechar el control de las grandes fortunas.

La titular de Hacienda enmarcó la creación de estos nuevos impuestos afirmando que España "no puede aspirar a un estado de bienestar de primera con impuestos de tercera", máxime cuando la economía española está a ocho puntos de distancia con la UE en materia de ingresos sobre el PIB.

Además, afirmó que frente a las "cifras apocalípticas" que se lanzan desde la oposición, el plan presupuestario es un "ejercicio de responsabilidad", ya que por cada medida de gasto, hay una medida de ingreso para compensarla, lo que permitirá a España cumplir con la senda de estabilidad.

Resto de medidas fiscales

El resto de medidas fiscales anunciadas por el Gobierno de cara a 2019, como la subida del IRPF y del Impuesto de Sociedades para las rentas más altas y grandes empresas, se incluirán en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, dado que se trata de incrementos o modificaciones de impuestos ya existentes, por lo que no es necesario aprobar textos normativos específicos.