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Ante la meta de acabar con los preocupantes niveles de paro juvenil en el país y la notable falta de cuadros medios y profesionales, el Gobierno lleva esta semana la Ley Orgánica de Formación Profesional a su fase final en el Pleno del Congreso, en el que deberá obtener la mayoría absoluta para poder seguir con su tramitación en el Senado.
El Gobierno pretende con esta medida reformar la educación y convertir los estudios de FP en una puerta directa al empleo, pero sin precarizar la situación del sector al aumentar la demanda, por lo el Gobierno pretende que sea obligatorio remunerar los contratos de prácticas, al menos con el salario mínimo interprofesional (SMI).
El proyecto de ley contará con 5.500 millones de euros hasta 2025, y pretende crear un mínimo de 200.000 nuevas plazas. Del total del presupuesto, cerca de 1.600 millones pertenecen a las ayudas europeas.
La nueva ley de Formación Profesional (FP) contempla de este modo, que todos los estudiantes realicen prácticas remuneradas desde el segundo trimestre, quedando el primero reservado a recibir información relativa a la prevención de riesgos laborales, según ha publicado La Razón.
Fomentar la Formación Profesional cobra importancia cuando se estima que el 50% de las oportunidades de empleo en la segunda mitad de esta década estarán reservadas para personas con cualificación intermedia (técnicos y técnicos superiores de formación profesional), y solo el 16% de los empleos requerirán bajo nivel de cualificación.
A pesar de que esta medida no ha contado con el respaldo de la patronal por completo, esta sí que cree necesario formalizar un tipo de relación laboral, aunque no ajustándolo al SMI, sino a "cada puesto, situación y circunstancia laboral".
España está a la cabeza del paro juvenil en la UE con un 30,6% entre los menores de 25 años, junto a Italia, según la OCDE.
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en 74.381 desempleados en noviembre (-2,3%), su mejor dato en este mes en la serie histórica comparable, que arranca en 1996, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, pero sigue siendo un problema que afecta especialmente a los jóvenes.
Por lo que esta ley pretende no solo reducirlo, sino actualizar hasta el 80% de las cualificaciones profesionales existentes y doblar el número de trabajadores formados en España, donde la mitad de su población activa (11 millones) no puede acreditar sus competencias profesionales, una de las peores tasas de Europa.