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El Ministerio de Trabajo está negociando con sindicatos y empresarios la aprobación de un subsidio extraordinario para todas aquellas personas que o bien han agotado su prestación durante la pandemia, o que habiendo quedado desempleadas no tenían derecho a ella.
Según ha explicado este lunes la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, se trata de un proyecto en el que "aún se está en fase de propuesta y negociación", de modo que "no hay nada cerrado" todavía.
Barrera ha recordado que se trata de una petición que el sindicato venía reclamando "desde el comienzo" ya que los potenciales beneficiarios "sufrían un agravio comparativo con los derechos reconocidos a las personas acogidas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), a los que no se exigían requisitos previos para el cobro de la prestación".
El País ha avanzado esta mañana que el departamento que dirige Yolanda Díaz está ultimando un subsidio extraordinario para todos los parados que hayan agotado su prestación contributiva entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre.
Siempre según este diario, se trataría de la primera pieza del pacto, que llegaría a unos 550.000 desempleados y que consiste en una ayuda de 430 euros mensuales durante un trimestre, lo que supondría un coste total de unos 710 millones de euros, a tenor de los cálculos preliminares.
La segunda parte sería una mejora en el cálculo de la prestación para los afectados por un ERTE que trabajan a tiempo parcial, que beneficiaría a 150.000 personas.
De salir adelante el texto, faltaría el visto bueno del Ministerio de Hacienda.
El subsidio extraordinario negociado en el seno del diálogo social, es tan sólo una parte de los objetivos de UGT, ha dicho Barrera, que "no olvida a los 1,6 millones de personas que estaban sin protección por desempleo antes del inicio de la pandemia del coronavirus.
"Para UGT es absolutamente imprescindible abordar la negociación del sistema de protección de desempleo del país para que la salida de la crisis no deje a nadie atrás y que España no pague una factura en términos de igualdad como ya ocurrió con en la anterior, ha sentenciado.