LLegaron en 2011, cuando España ya se había devaluado, y han ido aumentando su presencia en el sector empresarial español. Controlan la mayoría del inmobiliario, después de comprar vivienda pública y paquetes completos de las más de tres millones de viviendas vacías que los bancos tenían a consecuencia del estallido de la burbuja. Pero también han saltado al séctor hotelero, a las autopistas y han entrado en la sanidad pública y privada. Los expertos aseguran que allí donde operan, distorsionan el mercado, no pagan impuestos en España y no crean empleos directos. Por eso, urgen a que se legisle para controlar su actividad, como ya se ha hecho en algunos países como Bélgica.