La falsa emergencia migratoria en Italia

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, brama tras cada rescate en el Mediterráneo que su país no puede afrontar más llegadas, al tiempo que presume de haber reducido los desembarcos casi a cero. Es cierto que el número de migrantes que han entrado por mar en Italia ha caído en picado, pero precisamente este hecho invalida el primer argumento. No es posible que el país transalpino lleve más de un año recibiendo pocos náufragos y que a la vez el fenómeno siga siendo una emergencia.

La llegada al Gobierno de Salvini y el auge de su popularidad coincidieron con una campaña hipermediatizada de mano dura contra la inmigración clandestina. De ahí se explica que mantenga una retórica agresiva contra las ONG, colocándolas en primer plano, cuando la realidad de las cifras le impide proseguir con su lema de “puertos cerrados”.

Cada vez llegan menos inmigrantes a Italia

Según los datos del Ministerio del Interior, sólo 587 personas, de las 3.126 que han llegado a las costas italianas a 9 de julio, lo han hecho asistidas por ONG o barcos militares italianos. Desde el Instituto de Estudios de Política Internacional italiano calculan que los voluntarios se han hecho cargo de una décima parte de un número total que ya es bajo de por sí. Lo es comparado con los 13.200 migrantes que han arribado a España este 2019 o los 18.300 de Grecia. Pero, sobre todo, se trata de una cifra muy reducida en Italia si se tiene en cuenta que otros años han llegado a este país cruzando el Mediterráneo unas 200.000 personas. Otra novedad de este año es que cerca de dos tercios de los migrantes que pisan suelo italiano (unos 2.400) llegan directamente a las costas con sus propios medios, en precarias embarcaciones y sin ser rescatados por nadie en el mar.

Por tanto, es correcto hablar de reducción, pero no sería justo atribuírsela únicamente a Salvini, como él defiende. Con el anterior Gobierno socialdemócrata, su antecesor en el cargo, Marco Minniti, firmó un acuerdo con tribus libias para controlar el territorio y con los guardacostas de aquel país para dotarlos de más medios. El pacto con Libia llegó después de pedir reiteradamente auxilio a la Unión Europea y con la bendición de Bruselas. El resultado fue que de los más de 20.000 migrantes que solían llegar a Italia en los meses de verano se pasó a 3.900 en agosto de 2017. Es en los meses de más calor cuando salen más barcazas desde el norte de África. Después, el ritmo se ha mantenido constante, con ligeros picos.

Desde 2011, la inmigración que no cesa

Esta oleada migratoria se remonta en realidad a 2011, cuando las revueltas árabes (la denominada Primavera árabe que terminó mal en prácticamente todos los países donde se produjeron) y el caos que se produjo en Libia tras la caída de Gadafi llegaron a las costas italianas unos 10.000 refugiados. Lo hicieron, en su mayoría, desde Túnez. Aunque más tarde, las playas libias concentraron el éxodo.

De 2013 a 2018 -año en el que se cerró el grifo- se calcula que desembarcaron en Italia unas 600.000 personas. Refugiados de Siria, Irak o Pakistán cruzaban en masa África para tratar de llegar a Italia. Sin embargo, tras el acuerdo firmado en 2016 entre la UE y Turquía -cuando Grecia llegó a asumir en un año casi un millón de refugiados- dejó prácticamente sellada esta vía.

Hoy quienes desembarcan en las costas italianas proceden mayoritariamente de Túnez, Pakistán, Costa de Marfil, Argelia e Irak. Los que no pertenecen a naciones africanas podrían llevar un largo tiempo esperando en los centros de detención libios, por donde pasan casi todos. Allí sufren palizas, torturas y apenas comen. Por eso, la ONU o la Comisión Europea consideran que Trípoli no es un puerto seguro al que devolver a los migrantes, como así pretende el Gobierno italiano.

Proceso en tierra italiana

Quienes todavía recalan en Italia deben ser identificados en este país. Lo hacen en centros cerrados, desde donde tienen derecho a solicitar asilo. Más tarde, se pueden mover libremente por el territorio, a la espera de que se tramiten sus documentos. Según el Tratado de Dublín, la primera nación europea que pisan es en la que se deben quedar, por lo que es cierto que Italia ha tenido que afrontar un peso demográfico que otros socios europeos no han sufrido. Sin embargo, en la práctica, muchos de ellos se han marchado.

Y de hecho, según el último informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Italia está detrás de países europeos como Suecia o Malta en cuanto al número de refugiados por cada 1.000 habitantes y a años luz de Líbano, Jordania o Turquía, que encabezan esta clasificación.

Durante años Italia ha intentado de modificar el Tratado de Dublín, pero sus socios europeos no han aceptado. También esto explica el surgimiento de un líder como Salvini, quien presume de alzar la voz para que su país sea escuchado en la UE. Su estrategia hasta ahora ha sido rechazar por la fuerza que los migrantes permanezcan en el país tras atracar en sus puertos, con la intención de forzar un reparto entre otros Estados. Sin embargo, todo lo conseguido han sido soluciones puntuales, no un mecanismo nuevo. También resulta curioso que sus principales aliados comunitarios, representados en el Club de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia) se opongan claramente a reubicar en sus países a ningún refugiado.

Quienes han ido llegando a Italia se han encontrado con un sistema de acogida dividido en varios escalones.

El sistema más innovador se llamaba SPRAR (Sistema de Protección para Solicitantes de Asilo y Refugiados, por sus siglas en italiano) y consistía en una red de municipios que recibían fondos estatales para integrar a los recién llegados. Sin embargo, el Gobierno anterior ya fue vaciando de recursos esta iniciativa, mientras que el actual Ejecutivo ha terminado por finiquitarla. Ahora los solicitantes de asilo se quedan en los centros de primera acogida o en otros de carácter extraordinario, donde su estancia es limitada. Si no han recibido un permiso de estancia, quedan en la calle.

Tampoco Italia puede repatriar a la mayoría de los migrantes -Salvini prometió la expulsión de 500.000 personas y ha cumplido con poco más del 1%-, ya que sólo tiene acuerdos de extradición con Marruecos, Túnez, Egipto y Nigeria.

El actual gabinete formado por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga ha endurecido las políticas migratorias, sobre todo a través de un decreto impulsado por Salvini y actualizado recientemente. Éste recorta las condiciones para obtener permisos humanitarios de residencia e impone multas de hasta 50.000 euros a las ONG que desobedezcan a las autoridades italianas, como ya ha ocurrido en varias ocasiones este verano. La última propuesta de Salvini es que los barcos militares italianos permanezcan en los puertos para impedir la entrada de organizaciones humanitarias, mayor vigilancia por aire de las costas africanas para advertir a estos países que no dejen partir a los migrantes, más medios a los guardacostas libios y ampliar las multas a las ONG hasta un millón de euros.

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