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La sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 13 de Madrid que declara "abusiva" la medida de Ryanair al cobrar el equipaje de mano de una mujer a la que ha obligado a devolverse 20 euros ha provocado que la compañía reaccione diciendo que seguirá con sus mismas normas y a asociaciones de consumidores como Facua pidiendo mano dura a la Administración.
De hecho, Consumidores en Acción está remitiendo una batería de denuncias contra Ryanair a las diecisiete autoridades de consumo autonómicas en las que les solicita que impongan multas millonarias por la práctica ilícita de cobrar por llevar equipaje de mano. La asociación considera una grave dejación de funciones que quince meses después de sus denuncias, los ministerios de Fomento y Consumo no hayan emprendido actuaciones contra la aerolínea.
Hasta noviembre de 2018, los pasajeros de Ryanair podían ir al embarque con un bulto de pequeñas dimensiones y otro de hasta 10 kg. Pero desde esa fecha, la compañía cobra por este segundo equipaje, que obliga a entregar en las mesas de facturación. Sólo exime de este cobro extra y permite seguir subiendo al avión con los dos bultos y llevar ambos en cabina a los usuarios que compran sus billetes con la tarifa de Embarque Prioritario, que supone un precio añadido de entre 6 y 8 euros.
Tras el anuncio de Ryanair de esta nueva tarifa, FACUA presentó sendas denuncias en agosto de 2018 ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) del Ministerio de Fomento y ante el organismo de protección al consumidor del ahora denominado Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
AESA no ha comunicado a FACUA la apertura de expediente sancionador a Ryanair. Por su parte, Consumo no ha anunciado ninguna actuación ante la práctica abusiva de la compañía, sobre la que ni siquiera se ha pronunciado públicamente. En este sentido, la Dirección General de Consumo de dicho Ministerio no tiene competencias para imponer multas, pero sí para emprender acciones judiciales ante la vulneración de la normativa de defensa de los consumidores y para realizar análisis jurídicos y, de determinar la existencia de infracciones, instar a las comunidades autónomas a que abran expedientes sancionadores.
Ante la irresponsable inacción de los organismos competentes de los ministerios de Fomento y Consumo, FACUA ha iniciado ahora la presentación de denuncias contra Ryanair ante las Direcciones Generales, Agencias e Institutos de Consumo de las diecisiete comunidades autónomas. La asociación reclama la aplicación de multas millonarias proporcionales a las dimensiones del fraude. En este sentido, recuerda que las leyes autonómicas de defensa de los consumidores establecen multas accesorias que representan, según la comunidad, entre cuatro y diez veces el beneficio ilícito obtenido.
El director general de Consumo de las Islas Baleares, Fèlix Alonso, ya ha comunicado este jueves a FACUA que abrirá expediente sancionador. "La Dirección General de Consumo abrirá expediente sancionador a Ryanair. Recogemos así el guante lanzado por FACUA, que, junto con la sentencia, aporta argumentos suficientes para que se dictamine si existe motivo de sanción", ha anunciado Alonso desde su cuenta de Twitter.
Desde que Ryanair anunció el cobro por llevar equipaje de mano, FACUA viene advirtiendo de que se trata de una práctica abusiva que genera un grave perjuicio a los consumidores, vulnera sus derechos e incumple las condiciones básicas del contrato de transporte aéreo. Así, la asociación recuerda una vez más que la Ley de Navegación Aérea establece que "el transportista estará obligado a transportar de forma gratuita en cabina, como equipaje de mano, los objetos y bultos que el viajero lleve consigo". Sólo contempla como excepciones "razones de seguridad, vinculadas al peso o al tamaño del objeto en relación con las características de la aeronave".
De igual forma, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios recoge como cláusulas abusivas todas aquellas "estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que causen, en daño del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y las partes que se deriven del contrato".