La presidencia polaca y el Parlamento Europeo han cerrado "un acuerdo preliminar" para que la UE imponga multas de hasta el 0,2% del PIB, que en el caso de España supondrían 2.000 millones de euros, a los países de la eurozona con déficit y desequilibrios excesivos.
El nuevo sistema sancionador, pendiente de ratificar por los Veintisiete y el pleno de la Eurocámara (que previsiblemente votará a finales de mes), es uno de los pilares centrales de la respuesta a la crisis de deuda, pero su adopción, prevista para junio, se ha retrasado por el desacuerdo entre las instituciones. Los ministros de Economía de la UE discutirán este viernes en la ciudad polaca de Wroclaw el contenido del acuerdo.
El principal punto de discrepancia que impedía el compromiso es que la Eurocámara, que cuenta con el apoyo del Banco Central Europeo (BCE), exige que las multas sean casi automáticas a propuesta de la Comisión a menos que una mayoría cualificada de países las rechace. Se trata de evitar lo ocurrido en 2003, cuando Alemania y Francia frenaron las sanciones que reclamaba el Ejecutivo comunitario y dinamitaron el Pacto de Estabilidad.
En contraste, los Veintisiete deseaban conservar un mayor margen de maniobra político antes de lanzar los procesos sancionadores a los países endeudados o poco competitivos.
Finalmente, Parlamento y presidencia polaca han pactado una vía intermedia, según la cual los procedimientos sancionadores contra los Estados miembros que no respeten los objetivos de estabilidad presupuestaria se lanzarán de forma automática, a propuesta de Bruselas, salvo que una mayoría simple de países (es decir, 9 de los 17) se oponga.
Una vez iniciado el expediente sancionador, las siguientes fases sí serán prácticamente automáticas, ya que se necesitará una mayoría cualificada de Estados miembros para tumbar las propuestas de multa de la Comisión.
Las nuevas sanciones se activarán en una fase temprana para prevenir que los problemas se agraven. Si un país no realiza los ajustes necesarios para acercarse al equilibrio presupuestario, la UE le obligará a bloquear un depósito generador de intereses del 0,2% de su PIB. Cuando se sobrepase el 3% de déficit se le retendrán los intereses, y el depósito se transformará en una multa si el Gobierno afectado no ha tomado las medidas exigidas para corregir el déficit.
Aparte de endurecer el procedimiento por déficit excesivo, la norma crea un nuevo expediente sancionador por desequilibrios excesivos, que se traducirá en multas de hasta el 0,1% del PIB (en el caso de España, 1.000 millones de euros) para los países de la eurozona que no adopten las medidas recomendadas para frenar su pérdida de competitividad, por ejemplo para los que no eviten la aparición de burbujas inmobiliarias.
En virtud del acuerdo preliminar, también queda claro que la Comisión Europea tendrá capacidad para supervisar "a países como Alemania y Países Bajos que tienen un superávit comercial excesivo", según fuentes parlamentarias.
Las partes también han acordado que la Eurocámara podrá "invitar" a los ministros de Economía de los países sujetos a recomendaciones de Bruselas para que comparezcan ante ella, pero en todo caso no estarán obligados.