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España tardaría 215 años en erradicar la pobreza si se mantiene el ritmo actual, según alerta EAPN España tras la publicación de la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a los datos de renta de 2017, en la que, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social, se confirma el "estancamiento de la situaciones de pobreza y exclusión social".
La encuesta revela que la pobreza y la exclusión ha aumentado en algunos de los sectores más desfavorecidos de la población española, entre los que destaca el aumento de la carencia material severa, que actualmente se sitúa en el 5,4 por ciento, frente al 5,1 por ciento del año anterior.
Asimismo, la situación de las familias monoparentales, de las cuales el 80 por ciento son monomarentales, ha empeorado con respecto a 2001 y los factores de pobreza y exclusión social pasan a afectar al 50 por ciento de las mismas. Por otra parte, el informe constata el aumento de la pobreza energética, destacando que el nueve por ciento de la población no puede mantener su vivienda a temperatura adecuada, frente al ocho por ciento en 2017.
Asimismo, evidencia que el porcentaje de hogares que afirman llegar a fin de mes con "mucha dificultad" ha aumentado hasta el 10,4 por ciento en 2018. Dentro de este grupo, empeora la situación de las familias monoparentales, de las cuales el 23,4 por ciento llega a fin de mes con "grandes dificultades".
La encuesta también pone de manifiesto que, pese a la mínima reducción de la pobreza de las personas con educación superior, el análisis de los resultados desde 2008 muestra un aumento del 29 por ciento de su riesgo de pobreza en los últimos diez años.
Asimismo, el estudio revela un aumento de la pobreza en las personas mayores y recuerda la necesidad de afrontar "el problema existente con las pensiones no contributivas" para mantener a "un gran número de personas mayores en situación de pobreza".
En este sentido, el presidente de EAPN España, Carlos Susías, ha mostrado su preocupación por el "mínimo descenso" del índice de pobreza relativa en España (personas con rentas inferiores al 60 por ciento de la mediana de ingresos), que ha sido del 0,1 por ciento, y suponen algo más de diez millones de personas.
Asimismo, EAPN España ha solicitado que se activen las medidas comprometidas por el Gobierno, como la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza, así como la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética y la implantación de una "renta mínima estatal" por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).
El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) bajó 0,5 puntos en 2018, hasta el 26,1%, por lo que se sitúa en la tasa más baja desde 2010 según los resultados definitivos de la Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente a 2018 publicada este jueves 27 de junio por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE (por sus siglas en inglés) se creó en 2010 para medir la pobreza relativa en Europa ampliando el concepto de la tasa de riesgo de pobreza, que solo contempla los ingresos. Así, tiene en cuenta tres variables: la población en riesgo de pobreza, con carencia material o con baja intensidad en el empleo.
Siguiendo los criterios de Eurostat, el umbral de riesgo de pobreza se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. Por tanto, aumenta o disminuye en la medida en que lo haga la mediana de los ingresos. Al crecer los ingresos por persona también aumenta el umbral de riesgo de pobreza. En 2018 el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona (calculado con los datos de ingresos de 2017) se situó en 8.871 euros, un 4,1% más que el estimado en el año anterior. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de 18.629 euros.
De este modo, la encuesta de este año se situó en el 26,1% de la población residente en España, frente al 26,6% registrado el año anterior, un descenso que obedece a la baja intensidad en el empleo, que se redujo del 12,8% al 10,7% así como al riesgo de pobreza, que pasó del 21,6% al 21,5%, mientras que la carencia material severa subió del 5,1% al 5,4%.
El histórico de la población en riesgo de pobreza y exclusión social (tasa AROPE) revela que en 2018 el porcentaje fue del 26,1%; en 2017 de 26,6%; en 2016, de 27,9%; en 2015, de 28,6%; en 2014, en el 29,2%; en 2013 de 27,3%; en 2012 de 27,2%; en 2011, de 26,7%; en 2010, de 26,1%; en 2009, de 24,7%; en 2008, de 23,8%.
Mientras, los datos estrictos relativos a la tasa de riesgo de pobreza revelan que el año pasado fue el más bajo desde 2013. Así, en 2018 fue del 21,5%; en 2017, del 21,6%; en 2016, del 22,3%; en 2015, del 22,1%; en 2014, del 22,2%; en 2013, del 20,4%; en 2012, del 20,8%; en 2011, del 20,6%; en 2010, en 20,7%; en 2009, en 20,4%; y en 2008 del 19,8%
Por grupos de edad, la tasa AROPE de 2018 bajó 0,5 puntos en las personas de 16 a 64 años y 2,2 puntos en los menores de 16. Por el contrario, subió 1,2 puntos en los mayores de 65.
De forma complementaria a la tasa AROPE se construye un indicador de intersección entre las poblaciones que se encuentran en cada una de las tres situaciones. Así, en 2018 (y con datos de renta de 2017), un 1,4% de la población estaba a la vez en situación de riesgo de pobreza, con carencia material severa y con baja intensidad en el empleo.
Respecto a la importancia que tiene el nivel de formación, el 33,8% de la población que ha alcanzado un nivel educativo equivalente a educación secundaria de primera etapa estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en la ECV de 2018 (con ingresos del año 2017). Por su parte, cuando el grado alcanzado es la educación superior, dicha tasa se reducía hasta el 12,6%.
El 10,4% de los hogares españoles manifestó llegar a fin de mes con “mucha dificultad” en 2018. Este porcentaje fue 1,1 puntos superior al registrado el año anterior. Por su parte, el 36,0% de los hogares no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 37,3% del año 2017. El 34,2% de los hogares no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Este porcentaje fue 0,2 puntos inferior al registrado en 2017.
Por otro lado, el 7,3% de los hogares tuvo retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad...) en los 12 meses anteriores al de la entrevista. Este porcentaje se situó 0,1 puntos por debajo del registrado el año anterior.
Los ingresos medios anuales más elevados (en 2017) se dieron en País Vasco (14.722 euros por persona), Comunidad Foral de Navarra (13.585) y Cataluña (13.338). Por su parte, los ingresos medios anuales más bajos se registraron en Extremadura (8.503 euros por persona), Canarias (8.964) y Región de Murcia (9.111). En cuanto a las tasas AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social, las más elevadas se dieron en Extremadura (44,6%), Andalucía (38,2%) y Canarias (36,4%). Por su parte, País Vasco (12,1%), Comunidad Foral de Navarra (12,6%) y Aragón (17,7%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social más bajas. Respecto a las tasas de riesgo de pobreza, las más elevadas se dieron en Extremadura (37,6%), Canarias (32,1%) y Andalucía (32,0%). Por su parte, País Vasco (8,6%), Comunidad Foral de Navarra (8,9%) y Cataluña (13,6%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza más bajas.
En cuanto a la situación económica de los hogares, Andalucía (18,3%), Región de Murcia (16,2%) y Canarias (15,5%) fueron las comunidades autónomas con mayores porcentajes de hogares que llegaban a fin de mes con “mucha dificultad” en 2018. Las que presentaron los menores porcentajes fueron Aragón (4,1%), Castilla y León (4,5%) y País Vasco (6,4%). El 52,4% de los hogares de Canarias, el 52.1% de Andalucía y el 47,3% de Región de Murcia no tenían capacidad para afrontar gastos imprevistos en 2018. En el lado contrario se situaban Comunidad Foral de Navarra (20,7%), País Vasco (22,2%) y Galicia (23,1%).
Andalucía (49,8%), Extremadura (47,6%) y Galicia (45,6%) presentaron los mayores porcentajes de hogares que no podían permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año en 2018. Los porcentajes más bajos correspondieron a País Vasco (18,1%), Aragón (21,2%) y Comunidad Foral de Navarra (21,5%).
En el caso de hogares con retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal, Andalucía (12,7%), Región de Murcia (11,2%) y Canarias (9,0%) presentaron los porcentajes más altos. Por el contrario, Aragón (2,8%), Castilla y León (3,1%) y Galicia (4,0%) registraron los más bajos.