Los habitantes de una isla saben a lo que están expuestos: su territorio acabará en algún momento caminen en la dirección que caminen e irán a dar al mar; sus recursos son limitados y deben gestionarlos muy bien. Si la isla está bien comunicada por mar y tiene un abundante comercio con sus vecinos, podrá mantener cierto equilibrio en el tiempo. Pero ¿qué ocurre si no tiene tanto comercio con el exterior como debiera? ¿Qué ocurre si uno de los productos que compra escasea de repente en el exterior y afecta gravemente a su inflación?

Esta breve descripción aplicada a los recursos energéticos se torna bastante singular en la península ibérica. Aunque se consideren una isla energética, España y Portugal (el principado de Andorra incluido) no son una isla geográficamente hablando. Forman una península, y esto introduce diferencias en el escenario.

España tiene interconexiones eléctricas con Portugal, Andorra, Marruecos y Francia, según sabemos y conocemos por los informes anuales presentados por Red Eléctrica. Pero mirando al norte de Europa, observamos que nuestra única interconexión (como península ibérica) se establece directamente con Francia, a través de la frontera y los Pirineos. Estamos casi solos, pero no aislados.

Ya en 2002, la UE recomendó a los países miembros que fueran ampliando sus interconexiones eléctricas hasta llegar como mínimo al 10% de su capacidad instalada. Este valor se revisó al alza en 2014 y se propuso llegar hasta un 15% en 2030.

Pese a estas recomendaciones, los cinco enlaces actuales establecidos con Francia, a través de la frontera con nuestro país, suman un 2,8% (unos 2 800 MW) de la capacidad energética del país (por encima de 100 000 MW). España se queda lejos de su compromiso con sus consumidores y con la UE, pese a que Red Eléctrica viene reclamando hace años la ampliación de las interconexiones existentes.

En definitiva, no solo tenemos baja capacidad de intercambio de energía con otros países europeos por ser una península, sino también porque nuestro nivel de interconexión actual con los vecinos del norte es bastante bajo.

Aumentar la capacidad de interconexión eléctrica entre países va a facilitar el apoyo entre sistemas eléctricos vecinos; permite compensar los déficits de uno con los superávits del otro, acordando unos precios de intercambio razonables.

Por otro lado, incrementa la seguridad en el suministro, de cara a episodios de interrupción del servicio dentro de un país por averías, indisponibilidades programadas o no programadas, etc. Y lo más importante, permite que la electricidad pueda ir desde donde es más barato producirla hasta donde su precio es más alto, reduciendo el precio al facilitar los intercambios comerciales de electricidad y al aumentar la competencia.

Pero, seguramente, el beneficio más importante de todos es que las interconexiones eléctricas integran mucho mejor las energías renovables en el sistema. Así, la energía renovable que un país determinado produce y no consume se vuelca en la red y puede ser utilizada por otros países. Por otro lado, Francia, con toda la capacidad nuclear que tiene, podría (si fuera necesario) actuar de respaldo de otros que tuvieran mucha renovable (como España).

La UE busca reducir su dependencia del gas ruso, y en ese punto, de nuevo, España podría desempeñar un papel importante para el resto de Europa si se acometen los cambios necesarios. Actualmente, España posee cerca de la tercera parte de la capacidad regasificadora de toda Europa y una muy alta capacidad de almacenamiento, pero su capacidad exportadora es muy limitada.

El país solo tiene dos interconexiones con Francia, por Larrau (Navarra) y por Irún (Guipúzcoa), que permiten entregar anualmente unos 8 000 millones de metros cúbicos de gas, lo que supone tan solo un 4,5 % de las importaciones de gas ruso de la UE (155 000 millones de metros cúbicos).

Por todo ello, ahora hay un gran interés en resucitar el proyecto MidCat, un gasoducto entre España y Francia que elevaría la capacidad de interconexión gasística hasta los 17 000 millones de metros cúbicos, una cifra que todavía estaría lejos de cubrir el total de las importaciones del gas ruso.

Pese a estos déficits, España y Portugal han dado un gran paso obteniendo la consideración de isla energética por parte de la UE. Hay que congratularse por la capacidad negociadora de ambos países y sus gobernantes. Sin embargo, queda por tratar un asunto de importancia capital. Dentro de la península, ¿afectan igual las subidas del gas a España y a Portugal?

Tal y como indica Albino Prada, en cuanto se investiga un poco se descubre que la península es asimétrica en este sentido. Desde septiembre del pasado año, España ha entrado en una corriente inflacionaria prácticamente permanente del precio de la electricidad. Este aumento de los precios se debe, principalmente, al impacto del precio alcista del gas en el mercado y a la subida de los derechos de emisión en las pasarelas financieras.

Pero aquí hay un problema de asimetría que no se ha explicado en absoluto. Mientras que en julio de 2021, el IPC en el conjunto de la UE subía hasta el 8,5% según Eurostat, en España subía hasta la alarmante cifra del 26,9%. Esto es más extraño si cabe cuando la aportación del gas natural al mix de generación es muy semejante en ambos casos.

El tema empeora si los términos de comparación se establecen con Portugal. Por las mismas fechas, la electricidad subía en España un 26,9%, mientras que para nuestros vecinos peninsulares subía menos de un 1%. Y aquí no hay trampas, en ambos casos todo el gas quemado para producir energía eléctrica es importado por ambos países. Evidentemente, hay más bajo la superficie de lo que se puede observar, y hay cosas que ambos países no comparten incluso dentro de su aislamiento.

La diferencia podría achacarse a que nuestro uso y consumo de combustibles fósiles para producir electricidad en el mix eléctrico duplica de media al de Portugal. Pero esto solo podría, en todo caso, elevar nuestra inflación al doble o un poco más, pero no hasta ese insoportable 26,9 %. Comparar las cifras con otros países de la UE nos lleva a diferencias también muy abultadas.

Los datos más recientes, de febrero de 2022, no hacen más que echar sal a la herida. Esta asimetría entre vecinos muestra cómo en España llegamos al 80% de inflación eléctrica, mientras en Portugal esa subida era tan solo del 5,6% y la media de la Unión Europea se iba al 28%.

Parte de esa diferencia puede explicarse por los distintos tipos de contratos que tenemos mayoritariamente los consumidores en ambos países. Cerca del 85% de los portugueses tienen un precio pactado con las comercializadoras a final de año y para todo el año siguiente. Por eso la factura no registra subidas, ni bajadas. Pagan una cantidad constante mes a mes. En España esto no es así. Cerca de un 50 % de españoles se rige por el mercado regulado, que sufre más directamente y con intensidad las oscilaciones diarias del precio de la luz.

Puede que estemos en una isla, pero hasta entre los habitantes de esa isla hay desigualdades excesivas y no suficientemente explicadas. Hay reguladores y otras instituciones nacionales que deberían haberse pronunciado al respecto y todavía no lo han hecho.

Portugal y otros países del entorno de la UE, que tienen un mayor consumo de gas natural, que tienen igual o mayor dependencia del exterior de estos combustibles fósiles y que usan la misma fórmula marginalista de precios mayoristas, muestran que es posible sujetar la subida de los precios de la luz a escalas mucho mayores.

Sin embargo, España parece no saber, no poder o no querer intervenir en esta situación de la misma forma que nuestros vecinos, incluso con el choque bélico de Rusia con Ucrania sobre la mesa, y los problemas de abastecimiento exterior que esto supone.

Puede que la visión cortoplacista del beneficio rápido y sustancioso, en momentos tan graves, sea la nota predominante en algunos comportamientos empresariales, pero recordemos que estamos hablando de dar solución a un problema en términos de país, y eso incluye a muchos millones de españoles, no solo a unos pocos.

Y recordemos también que la inflación de los precios de la energía repercute no solo en cientos de productos y servicios, sino además, y a través de ellos, en el ya mermado alcance económico de cada ciudadano.