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Los más de tres millones de trabajadores incluidos en los ERTE por el ERTEcoronavirus pueden llevarse una desagradable sorpresa el año que viene cuando tengan que hacer la declaración de la renta. Según informa el diario ABC con datos del Registro de Economistas Asesores Fiscales, las prestaciones del SEPE tendrán consideración de segundo pagador con lo que habrá más trabajadores obligados a realizar la declaración y tendrán que pagar unos 1.000 euros más que este año.
Los datos de los expertos recogidos por el diario madrileño dibujan un escenario complicado para la campaña del IRP del año que viene. Así, un trabajador que gane un salario medio de 23.646 euros y cobrase paro de marzo a junio, le saldrá a ingresar al Fisco 1.322 euros en 2021, más que a un sueldo de 90.000 euros.
Esto es así por dos motivos, el primero es que las prestaciones del SEPES tiene consideración de segundo pagador con lo que se reduce el umbral a partir del cual es obligatorio hacer la declaración, bajando de 22.000 euros a 14.000.
La segunda explicación está en que los pagos del SEPE por los ERTE del coronavirus no practican retenciones a cuenta del IRPF por lo que toda la carga tributaria de esta prestación se traslada a la declaración de la Renta de 2021.
Según los datos del Registro de Economistas Asesores Fiscales, un ingreso anual de algo más de 15.700 euros de la empresa completado por otros de 4.392,32 del SEPE obligaría al trabajador a pagar a Hacienda 1.322,42 euros en la declaración del año que viene. El informe estudia también sueldos superiores a estos primeros 15.700 euros arrojando pagos entre 1.000 y los 1.200 euros.
Para evitar esta situación, sindicatos como Unión Sindical Obrera (USO) han registrado en el Ministerio de Hacienda una solicitud para que se pongan en marcha medidas fiscales excepcionales relativas a los ingresos derivados de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) del coronavirus y no cuenten como segundo pagador.
Mediante un escrito dirigido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el sindicato pide que los ERTEs "no penalicen fiscalmente a los trabajadores afectados", para lo que propone el establecimiento de una medida excepcional, de aplicación sólo para el ejercicio de la Renta 2020, consistente en que no se considere al Servicio Público de Empleo (SEPE) como pagador a efectos de IRPF.
De esta forma, se exoneraría a los contribuyentes con ingresos inferiores a 22.000 euros de la obligación de presentar declaración y se evitaría el problema de ajuste de retenciones para todos los afectados por un ERTE.
"Un trabajador afectado por un ERTE es muy difícil que supere los 22.000 euros anuales de rendimientos de trabajo, ya que la gran mayoría han percibido durante ese paro obligado un 70 % de su base reguladora. Sin embargo, si el SEPE es un segundo pagador, es muy probable que deje de estar exento, pues el límite baja a 14.000 euros. Recibirán un nuevo golpe a su economía familiar el próximo año", argumenta la secretaria de Acción Sindical de USO, Sara García.
Además de cambiar los umbrales para presentar o no la declaración, USO advierte de que los trabajadores tendrán un "baile de retenciones" que también les perjudicará: "retención previa a pasar a ERTE; retención mínima del SEPE; nueva retención al volver al empleo, seguramente sin ajustar, etc.", explica.
Esta petición de USO queda circunscrita a los ERTE derivados directamente de la crisis sanitaria. No obstante, el sindicato aboga por abrir un debate "pausado" para una modificación general de la tributación de los ingresos del SEPE. En su opinión, este organismo nunca debería ser segundo pagador a efectos de rendimientos del trabajo.
A siete días que que finalicen los ERTE por el coronavirus, los agentes sociales (patronal y sindicatos) han rechazado la cuarta propuesta del Gobierno para extender hasta septiembre estos expedientes de regulación temporal del empleo.
A pesar de ello, fuentes sindicales apuntan a que este borrador acerca posturas y hace más fácil llegar a un acuerdo para la prórroga.
Las tres partes se han citado de nuevo para el próximo miércoles para cerrar algún tema que ha quedado pendiente y comunicar al Gobierno su decisión en torno a la última propuesta formulada.
De este modo, el Gobierno dejará la prórroga, previsiblemente, para un Consejo de Ministros extraordinario que deberá celebrarse en todo caso antes del 30 de junio, fecha en la que expira la regulación de los ERTEs asociados al Covid-19.
Fuentes del Ejecutivo han señalado a Europa Press que esta decisión de no llevar nada al Consejo de hoy se debe a su "insistencia en el diálogo" y al hecho de que un acuerdo daría "certidumbre".
Este martes, la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado en una entrevista en El Programa de Ana Rosa que "está empeñada en que el acuerdo se abra camino". "Estamos cerca y quiero ser discreta porque hemos avanzado mucho. Los agentes sociales se han alejado del ruido y han puesto lo importante en el centro: salvar empresas y puestos de trabajo”, ha señalado Díaz.
También UGT considera que la propuesta que ha planteado el Gobierno se acerca bastante a los planteamientos que han realizado los agentes sociales en las últimas reuniones y también la someterá a sus órganos directivos. Así lo ha señalado a Europa Press el secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino, que ha explicado algunos detalles de la última propuesta de Trabajo.
Así, Pino ha precisado que las empresas en ERTEs no podrán pedir horas extra a sus trabajadores ni contratar o externalizar trabajo, un elemento "bastante importante" para UGT, que debía figurar en el acuerdo.
Respecto a las exoneraciones, ha señalado que la propuesta presentada por el Ejecutivo se acerca bastante al planteamiento de los agentes sociales de elevar el porcentaje de las exoneraciones empresariales de cotizaciones tanto para los trabajadores que están en ERTE como para los que vuelven a la actividad.
En este sentido, ha explicado que, las empresas de más de 50 trabajadores tendrán una exoneración del 30 % para los empleados que se mantienen en el ERTE y del 45 % para los que regresan a la actividad. Estos porcentajes serán del 40 % para los que están en ERTE y del 65 % para los que vuelven a su actividad en el caso de empresas de menos de 50 trabajadores.
En todo caso, Pino ha insistido en que el planteamiento correcto sería el de no penalizar a los trabajadores que están en ERTE en lugar de premiar a los que vuelven a la actividad. En su opinión, habría que enfocar las exenciones hacia los que siguen en el ERTE, pues lo contrario podría llevar al empresario a inclinarse hacia el expediente de regulación de empleo (ERE), es decir, hacia el despido.
Para Pino, "no tiene coherencia que se prime la vuelta a la actividad", ya que cree que se tienen que primar a los trabajadores que estén en ERTE. "Este es el debate que hemos tenido y así ha quedado hoy la reunión", ha añadido.
El representante de UGT ha indicado además que la propuesta del Gobierno mantiene la cláusula de protección del empleo durante seis meses para evitar despidos, pero advierte de no aparece ya la figura de Comisión Tripartita de seguimiento, un asunto que considera clave para ver cómo evoluciona el acuerdo y analizar la continuidad de ERTE en septiembre.