{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Los datos duelen. Y demuestran que al menos seis millones de personas van a tener que sobrevivir protegidos por el Estado. Estas cifras resultan de sumar a los 4 millones de personas acogidas a un ERTE a los 1,4 millones de autónomos que podrán acogerse a la ayuda por cese de actividad y los 900.000 nuevos parados protegidos. De los afectados por un ERTE solo la mitad ha cobrado. Y el resto tendrán que esperar a mayo.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado durante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que casi dos millones de trabajadores afectados por ERTE, es decir, sólo la mitad de ellos, están cobrando prestación de paro y ha señalado que casi el 16 % de la población activa está incluida en esos expedientes de regulación temporal de empleo.
"Desde finales de marzo y hasta ahora se han logrado resolver esos dos millones de expedientes, es decir en torno al 50% del total. Vamos a 200.000 al día", ha afirmado Escrivá, quien ha aseverado que "en el mes de abril tendremos resueltos gran parte de los expedientes". Y ha dicho más.
Durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo en el Congreso para explicar las medidas que ha puesto en marcha el Ministerio para hacer frente al COVID-19, Escrivá ha señalado que el total de las medidas de protección de empleo han cubierto al 30 % de la población activa. Y ha dado una cifra que asusta. Casi 4 millones de personas, están incluidas en ERTE y a más del 50 % de estos expedientes ya se les ha efectuado la exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores.
El Gobierno dice que el plan del Ejecutivo es extenso y está pensado para proteger las rentas de 6 millones de personas” ya que esta protección de rentas “es la absoluta prioridad del Gobierno en este momento”. Para ello ha tenido que prestar más de 13.000 millones de euros a la Seguridad Social para poder pagar las pensiones.
Los servicios sanitarios, además, han concedido más de 400.000 bajas por Incapacidad Temporal asimiladas a accidente de trabajo por COVID-19 y ya son 950.000 las solicitudes de autónomos que se han acogido a la prestación por cese de actividad. Más de 800.000 la recibirán.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha cifrado en 888.597 los empleos destruidos desde el 12 de marzo como consecuencia de la crisis del coronavirus, por debajo de los 898.822 informados hasta el 31 de marzo gracias a la mejora de la afiliación en abril.
En cualquier caso se trata de una caída equivalente a la de los peores meses de la anterior crisis, entre septiembre de 2008 y marzo de 2009, según ha destacado el ministro, el 70 % del empleo perdido se corresponde con contratos temporales.
Construcción, hostelería y las actividades artísticas, recreativas y de ocio son los sectores más afectados por la fuerte pérdida de empleo asociada a la epidemia.
Solo en 21 días, entre marzo y abril, se perdieron tantos empleos como en los 102 días que transcurrieron entre septiembre de 2008 y marzo de 2009, en los momentos de mayor destrucción de trabajo por la anterior crisis.
Escrivá ha explicado que desde el 24 de marzo se ha entrado en una fase de estabilización, que continúa en abril, lo que ha permitido que en los primeros catorce días del mes el saldo entre altas y bajas sea positivo, con más de 42.000 nuevas altas en los dos últimos días.
Ha añadido que tras perderse 600.000 afiliados a la Seguridad Social en los días en torno a la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, desde el día 24 no se observan caídas de esa magnitud, con la única excepción del 31 de marzo, aunque en este caso la evolución está condicionada por el habitual fin de contratos al acabar el mes. Esta tendencia de estabilización ha continuado durante los primeros días de abril, en los que ha habido varios días con creación de empleo.
Además, el ministro ha indicado que esta tendencia a la estabilización en el mercado laboral es común a toda la geografía española y ha destacado que hay ocho provincias donde crece la afiliación en la primera mitad de abril, que son Badajoz, Huelva, Cádiz, Murcia, Albacete, Baleares, Huesca y Tarragona.
Estos datos se conocen después de las tétricas previsiones del FMI, que apunta a la mayor caída del PIB en España desde la posguerra, nada menos que un 8% y un paro que superará el 20%. El respiro, como señaló la ministra de Economía, es que para el 2021 las previsiones de crecimiento superarían el 4%.
La riqueza financiera neta de las familias españolas, la diferencia entre sus ahorros y sus deudas, alcanzó 1,643 billones de euros al cierre de 2019, un 9,9 % más que un año antes y un 132 % del PIB, según los datos publicados este miércoles por el Banco de España. Las cuentas financieras de la economía española revelan además que la deuda consolidada de las empresas y los hogares españoles se elevó a 1,615 billones en el cuarto trimestre de 2019, lo que representa un 129,7 % del PIB y 4,5 puntos porcentuales por debajo de la ratio registrada un año antes.
Los datos publicados hoy por el Banco de España no implican que los españoles sean ahora más ricos que hace un año, sino que la caída del crédito y el desapalancamiento, es decir, la reducción del endeudamiento de las familias, hacen que la diferencia entre ahorros y préstamos se haya incrementado en los últimos doce meses, en línea con la tendencia de los últimos años.
Por un lado, las familias se han visto apoyadas por los bajos tipos de interés -negativos- que mantiene el Banco Central Europeo (BCE) para reducir el valor de su deuda y de las cuotas de las hipotecas, lo que ha tenido su reflejo en un mayor ahorro de los españoles ante el crecimiento de su renta.
Los activos financieros de los hogares españoles -dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta- se elevaron al concluir el ejercicio hasta 2,410 billones de euros, en tanto que sus pasivos o deudas acumulados al cierre de 2019 sumaban 767.267 millones, apenas un 0,3 % más que un año antes.
En efectivo y depósitos las familias españolas guardaban 918.624 millones de euros, un 4,31 % más que al cierre de 2018, y en valores representativos de deuda, 22.681 millones, frente a los 15.671 de un año antes, un 44,7 % más. Seguros y fondos de pensiones custodiaban 388.149 millones de euros de familias españolas, un 8,7 % más que en diciembre de 2018, y en otros activos financieros, como derivados, 60.733 millones, frente a 59.033 del cierre de 2018. Desde septiembre del pasado año, la riqueza financiera de las familias se ha incrementado un 2,11 %.
Por lo que respecta a los pasivos o deudas, 767.267 millones, 708.605 millones correspondían a préstamos -de los cuales 676.364 millones eran a largo plazo-, y 58.662 a otros. Aunque tanto los préstamos a largo plazo, fundamentalmente para compra de vivienda, como los créditos de otro tipo, como créditos al consumo, han subido ligeramente desde 2018, lo cierto es aún se sitúan por debajo de los niveles de 2017 y años anteriores.