El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE y la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo Fernández, ha explicado hoy en rueda de prensa que estas organizaciones han contratado al bufete Cremades & Calvo Sotelo para que emprendan las acciones legales pertinentes contra los controladores.
Javier Cremades, letrado de este despacho, ha señalado que, en su caso, cada empresario deberá interponer una reclamación individual contra este colectivo para reclamar el lucro cesante de su empresa a causa de la huelga.
Esta iniciativa legal "va de momento exclusivamente contra los controladores aereos y no contra AENA", matizó Arturo Fernández.
Así, "a partir de ahora todos los empresarios -hoteleros o de otro sector- tendrán que indicar sus pérdidas para que nosotros se las traslademos a nuestros abogados", explicó el presidente de CEIM.
"Vamos a aconsejar sumarse como acusación particular a las diligencias abiertas ya en los juzgados de Madrid y, concretamente en el Juzgado de Instrucción Número 3", dijo Cremades.
Las pérdidas ocasionadas por la huelga son de 20 millones de euros, según la estimación de las patronales, pero "son estimaciones que se concretarán en las reclamaciones individuales", según el letrado.
El letrado señaló que hay empresas que ya están evaluando ese daño, pero agregó que "hay que concretarlo, explicar cuál es el lucro cesante y probarlo. Hay que explicar cuál era la facturación anterior, cuál era la previsible y probar que ese daño se debe al hecho cierto del cierre del espacio aéreo".
Concretamente "se va a estudiar la posibilidad de pedir -cuando finalmente esté claro el procedimiento y cuáles son los cargos que presenta la Fiscalía, de pedir el embargo preventivo para asegurar que en el caso de que hubiera responsabilidad civil, los controladores no pudieran evitarla o evadirla al haber ocultado su patrimonio", según Cremades.
La solicitud de embargo "es una posibilidad jurídica que ya se ha planteado por la Fiscalía General del Estado y la Agrupación de Demandantes, y la CEIM tendrá que estudiar en su caso o no el también sumarse a esa petición", apuntó el letrado.
CEIM "ha hecho clara su apuesta institucional de que sean los que a los ojos de todos han causado el daño, que es el colectivo profesional de los controladores aéreos", aseguró Cremades, quien agregó que "evidentemente cada empresa particular tiene diferentes vías y fórmulas".
Explicó que "la acción civil se puede suscitar dentro de un proceso penal, ex profeso en la jurisdicción civil o también a través de una reclamación directa contra AENA por responsabilidad extracontractual".
Sin embargo, "eso no es la vía de CEIM, esa será la vía individual de cada compañía que tendrá que decidir por qué vía opta. CEIM lo que nos ha encargado es el estudio de las posibilidades de reclamar contra los controladores aéreos".
Respecto a contra qué controladores iría la demanda, Cremades indicó que "tanto la Fiscalía como la Agrupación de Demandantes lo que hasta la fecha han dicho ha sido son los responsables quienes abandonaron sus puestos de trabajo" y advirtió de que "esa es una diligencia que corresponderá incoar a la fiscalía a través del proceso penal correspondiente".
"Es imposible para un tercero conocer materialmente los datos personales de aquellos que fueron los que abandonaron los puestos de trabajo, pero sí hay posibilidad en derecho de pedir que se identifique a los responsables", argumentó el letrado.