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Un empresario de la construcción ha sido detenido por explotar a siete inmigrantes en situación irregular para trabajar en condiciones que rozaban la semiesclavitud, según han informado fuentes policiales en Valladolid. Los trabajadores extranjeros realizaban jornadas diarias de 12 horas por las que prometía 50 euros de sueldo, que nunca llegaba a pagar íntegramente.
La investigación, denominada “Operación Odin”, comenzó en mayo, tras la denuncia por un delito contra la derechos de los trabajadores por parte de un empresario que tenía una cuadrilla de obreros de la construcción, víctimas de explotación laboral.
El empresario, detenido que era titular de una Sociedad Limitada dedicada a la actividad de construcción y reformas, para poder realizar todas las obras usaba ciudadanos extranjeros sin documentación legal.
Las condiciones laborales a las que sometía a los trabajadores eran "abusivas y desproporcionadas que rozaban la semiesclavitud" consistían en trabajar a destajo hasta 12 horas diarias de lunes a viernes e incluso los fines de semana que el empresario consideraba necesario, sin derecho a vacaciones ni descansos o días libres. Tampoco tenían contrato laboral ni estaban dados de alta en Seguridad Social.
El salario medio prometido era de unos 50 euros diarios, sin embargo ninguno de ellos llegó a percibir las cantidades pactadas, y únicamente les pagaba pequeñas sumas para subsistir; el empresario a los siete trabajadores, víctimas de explotación laboral les debía más de 16.000 euros.
A raíz de la colaboración entre la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular, se realizaron inspecciones conjuntas y simultáneas en las obras contratadas por el empresario, donde corroboraron las versiones de las víctimas.
En una de las inspecciones resultó identificado el propio empresario junto a dos trabajadores sin autorización para trabajar en España, mientras que en la otra inspección se localizó e identificó a otro trabajador en situación irregular.
Tras las gestiones de investigación, los agentes constataron que el hombre había contratado, al menos, a siete personas extranjeras en situación administrativa irregular como mano de obra, que se encontraban en situación de vulnerabilidad con cargas familiares y que, movidos por la necesidad de subsistir, se vieron abocados a aceptar las condiciones laborales impuestas por el empresario.
El uso de trabajadores sin documentos y las condiciones de explotación a las que eran sometidos resultaba muy rentable para el empresario, que aumentaba su beneficio personal exponencialmente al incumplir la legislación laboral vigente.
La operación policial culminó con el arresto del investigado, como supuesto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y fraude a la Seguridad Social.
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