Este fin de semana hemos conocido la aparición de los Papeles de Pandora unos documentos en los que se revelan distintas personalidades de fama internacional usando sociedades 'offshore', algo que no es del todo ilegal, salvo que se oculte su creación y su funcionamiento.

La legislación de los países considerados paraísos fiscales facilita la creación de sociedades 'offshore', ya que no impone estándares internacionales que permitan transparentar el origen de los fondos. Esto permite recibir tanto a capitales obtenidos de manera lícita como ilícita.

Para comprender la investigación publicada por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) se requiere entender qué es un paraíso fiscal y qué es una sociedad 'offshore'.

Los paraísos fiscales son territorios donde la creación de sociedades mercantiles es la principal o única industria. Estos estados ofrecen ventajas a los ciudadanos de otros países que buscan cargas tributarias reducidas. Una prueba es que el impuesto asociado a la actividad de estas entidades es simbólico.

Además, estos refugios fiscales protegen el anonimato con contextos legales que dificultan identificar a los beneficiarios de una sociedad determinada. Algunos de estos países pueden presentar recelo a compartir información con las autoridades de otros estados.

Y es que no existe una lista a nivel internacional de jurisdicciones de este tipo, de paraísos fiscales. Cada país decide con quién firmar los acuerdos tributarios o los de intercambio de información. La OCDE ha eliminado una treintena de países de su lista de Estados 'no cooperativos' gracias a estos pactos.

La Comisión Europea, por su parte, cifra en 12 los países no cooperativos en la actualidad: Samoa Americana, Anguila, Dominica, Fiyi, Guam, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, islas Vírgenes de los Estados Unidos, Vanuatu y Seychelles.

Las sociedades offshore, cuya denominación significa "más allá de la orilla del mar", son entidades creadas en un país distinto de aquel en el que residen sus beneficiarios. Estas sociedades tienen un papel fundamental en los grandes flujos de capitales, según los expertos. Algunos las consideran legales y necesarias. El problema se da cuando estas sociedades se crean en jurisdicciones opacas buscando mínimas cargas impositivas y de confidencialidad. En numerosos casos no tienen actividad real, no tienen oficinas, ni tampoco empleados.

Se usan para ocultar y eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño de unos activos que pueden ser financieros, pero que también pueden ser obras de arte, propiedades inmobiliarias o vehículos, entre otros. Según una investigación de 2017, en torno al 10% del PIB mundial se encuentra en sociedades offshore.

Las personas que están interesadas en abrir una sociedad 'offshore' encuentran en los paraísos fiscales toda una industria especializada en la gestión de los trámites para crear estas compañías de forma secreta.

Los despachos de abogados ayudan a los clientes a no dejar rastro de su identidad en los documentos oficiales, como pueden ser las actas de incorporacón o registros de accionistas, y así agilizan la creación de sociedades. Galindo y Lee (Alcogal), Cordero, Trident Trust, Alemán o Asiaciti son algunos de los proveedores que aparecen en los Papeles de Pandora.

Gracias a este servicio cualquier ciudadano puede, sin salir de España, registrar una sociedad en Belice, por ejemplo. No obstante, para mantener la compañía o crear una red más compleja se requiere la consulta de un despacho de abogados o asesores fiscales del país de residencia.

Estas sociedades pueden ser usadas de forma lícita para fines comerciales o para la exportación, siempre y cuando sus activos y los beneficios derivados de su actividad se declaren a las autoridades del país donde el beneficiario tiene su domicilio fiscal. Es frecuente que grandes empresas instalen sus subsidiarias en alguno de estos territorios para aligerar sus cargas fiscales.

La creación de estas sociedades es ilegal cuando el establecimiento de la sociedad 'offshore' tiene como objetivo esquivar sus impuestos en el país de residencia o donde se generó la ganancia, ocultando el nivel real de beneficios o el titular de los fondos para evadir impuestos. Un ciudadano con domicilio fiscal en España puede crear una jurisdicción de este tipo solo con la autorización e Hacienda y con los tributos correspondientes. La OCDE calcula que al menos 9,7 billones de euros están guardados offshore a nivel mundial.